VICENTE PÉREZ / ESAÚ HERNÁNDEZ
Las asociaciones Salvar La Tejita y ATAN han reforzado en vía judicial y administrativa su ofensiva contra las obras del hotel que se construye junto al espacio natural protegido de Montaña Roja, en primera línea de playa adscrita a una reserva natural especial, mientras se quejan de que las administraciones públicas se tiran la pelota y permiten la continuidad de los trabajos en una parcela donde aún no se ha culminado el expediente de revisión del deslinde y la fijación de la servidumbre de protección, impugnada por ambos colectivos.
Este martes, a través del abogado Pedro Fernández Arcila, han ampliado la denuncia penal presentada en junio y admitida a trámite a finales de julio por el Juzgado de Granadilla, contra la promotora, el grupo gallego Viqueira; a lo que se unen sendas denuncias este lunes ante el Gobierno canario y el Servicio Provincial de Costas por la presunta continuación de obras en servidumbre pública.
Asimismo, Arcila presentó también recurso contencioso administrativo el pasado 12 de septiembre contra la licencia de ejecución del proyecto básico del hotel dada en diciembre pasado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Y aún hay más: una vez que puedan consultar el expediente administrativo completo, estos grupos medioambientalistas decidirán si solicitar en el Juzgado la paralización cautelar de las obras.
Ni Costas ni la empresa ni el Ayuntamiento hablan
La empresa gallega ha afirmado vía email a PLANETA CANARIO que no quiere hacer declaraciones y se remite al comunicado que divulgó el 8 de agosto pasado arremetiendo contra los ecologistas y defendiendo que tiene todos los papeles en regla para construir, al punto de que acusó a Costas de mandar a parar las obras el 13 de junio con una orden «nula de pleno derecho», a lo cual el organismo estatal ha declinado responder públicamente. Desde la Delegación del Gobierno del Estado en Canarias no se ha respondido este semana a la petición de este diario sobre la queja ecologista de que las obras actuales deben paralizarse. Y el Ayuntamiento ha optado por el silencio en esta polémica (el gobierno local no hace declaraciones públicas).
Hay que recordar que Salvar La Tejita llevó el caso a los Juzgados de Granadilla y el 31 de ese mes se ratificó en la denuncia, cuando ya el Servicio provincial de Costas había requerido desde el 13 de junio a la promotora del hotel la paralización «total e inmediata» de las obras.
Aunque estas se pararon este verano en el nuevo dominio público probable instado por ATAN y Salvar La Tejita, estos colectivos han denunciado que la empresa no restauró la parte dañada de la que será nueva franja protegida, y que los trabajos han continuado en la servidumbre de protección provisional, fijada en 20 metros. Una distancia que han impugnado los ecologistas.
Cuando Salvar La Tejita denunció en junio este asunto en el Juzgado (días después de que Podemos lo hiciera en Fiscalía), la zona de servidumbre, en la revisión iniciada por Costas, se había establecido provisionalmente en 100 metros, lo que, conforme a la orden dictada por este servicio público el 13 de junio, impedía cualquier trabajo en esta franja («paralización total e inmediata» de las obras, decía el requerimiento) así como en el nuevo dominio público marítimo terrestre probable, además de que se conminaba a la empresa restaurar el terreno dañado y retirar todo el material, lo que incluye el vallado que aún sigue en dominio público sin que se haya impedido.
Es después, a primeros de julio pasado, cuando el Gobierno canario – y en concreto la Consejería de Política Territorial, todavía en ese momento controlada por cargos públicos de CC (posteriormente asumió esa área el PSOE) inicia un acta de apeo para reducir esta zona de servidumbre 80 metros, o sea, dejándola en 20 metros, con el argumento que se trataba de suelo urbano cuando se promulgó la Ley de Costas de 1988 , algo que el organismo estatal ponía en duda así como ATAN, que recurrió este acta de apeo. La decisión aún está pendiente de resolución definitiva.
El asunto llega a la vía contencioso administrativa
También por mediación del letrado Arcila, Salvar La Tejita ha interpuesto un recurso judicial contra la licencia de obras de ejecución del proyecto básico del hotel concedida por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Granadilla el pasado 21 de diciembre.
Esta es la autorización que el alcalde, José Domingo Regalado, curiosamente omitió en la alegación que presentó el 1 de marzo ante el Servicio Provincial de Costas para oponerse al nuevo deslinde por entender que su revisión se incoó cuando ya el proyecto tenía todos los parabienes administrativos y se ajustaba al Plan General de Ordenación (PGO) vigente, aparte de que teme que la empresa pida indemnizaciones.
Y llama poderosamente la atención que el alcalde enumere todos los trámites de esta parcela desde los años 70 a la actualidad, y obvie este último a pesar de su trascendencia, pues sí menciona los anteriores, es decir, la licencia de obras para movimientos de tierra dada el 7 de noviembre de 2017 y la licencia urbanística para el proyecto básico de construcción del hotel concedida el 19 de septiembre de 2017.
Seis semanas después del ‘ok’ a la revisión del deslinde… la licencia
Resulta significativo llegados a este punto señalar que el Ayuntamiento dio el permiso definitivo para construir cuando habían pasado seis semanas desde que el 13 de noviembre de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente (ahora llamado para la Transición Ecológica), a través de la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, había adoptado la resolución de autorizar la revisión del deslinde, como además aparece publicado en la web ministerial. La licencia se dio de forma condicionada para subsanar algunas deficiencias que no se explicitan en el acuerdo del gobierno municipal, tras toparse, durante meses, con sucesivos informes desfavorables de la arquitecta y el aparejador municipales.
También llama la atención el que no fue hasta finales de enero de 2019 cuando el Servicio de Costas en Tenerife activó esta revisión y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una demora que no es la habitual en estos casos, según fuentes especializadas en estos temas consultadas por PLANETA CANARIO.
Nueva denuncia ante la Demarcación de Costas
La ofensiva de denuncias de Salvar La Tejita abarca también las presentadas este lunes ante la Viceconsejería de Medio Ambiente (los ecologistas lo intentaron en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natual -Apmun-, pero resulta que no se puede ni por vía telemática ni por llamada telefónica) y ante Costas en Tenerife.
En esta denuncia ante el organismo estatal, fechada este 19 de septiembre, Salvar La Tejita requiere «paralizar totalmente las obras que se están realizando en zona de servidumbre a menos de 40 metros del domino público marítimo terrestre y se cumpla la orden de paralización emitida hace ya más de un mes, que entre otras cosas también ordenaba reponer los terrenos afectados por la remoción de tierra en la zona de domino público (pegados a la valla) [existente en la zona]».
Denuncia ante la Viceconsejería de Medio Ambiente
Por lo que respeta a la denuncia ante el Gobierno canario, administración que debe vigilar por la legalidad en la franja de servidumbre, también con fecha de 16 de septiembre, Salvar La Tejita insiste en que las obras del hotel «continúan» en esa zona de protección del domino público, que, como subrayan los denunciantes, «no es definitiva hasta que se resuelvan las alegaciones contra el acto de apeo celebrado en julio de este año, siendo este un hecho especialmente grave e irregular».
Acompañan este escrito de fotos en las que se observa «que se está sacando tierra a unos 35 metros de la valla, que por otra parte está sobre terreno de dominio público y por consiguiente habría que mandar a retirar de inmediato, pues dificulta el paso natural de a arena desde la playa hacia el interior de la zona». Y es que, en efecto, el vallado de la parcela está en medio de una duna, lo cual constituye «un hecho totalmente irregular», pues impide que la arena siga su curso natural, cuando resulta que este elemento es fundamental para fijar el nuevo deslinde, y un obstáculo artificial lo distorsiona.
Hay que recordar que el caso fue denunciado el 10 de junio por el grupo parlamentario de Podemos ante la Fiscalía Provincial, fecha en la que la queja de los detractores de que se urbanice esta parcela era la sorprendente inacción hasta entonces del Servicio Provincial de Costas al no parar las obras en la franja objeto de revisión del deslinde a pesar de la enorme polémica ya generada al respecto. Lo cierto es que tres días después Costas actuó requiriendo a la promotora la paralización «total e inmediata» de las obras.
Pero Podemos -que posteriormente entraría a formar parte del nuevo Gobierno canario, en pacto con PSOE, NC y ASG- no ha llevado a cabo ninguna otra iniciativa en los tribunales hasta el momento pese a que la la denuncia en la Fiscalía tuvo lugar antes de la orden de paralización de las obras por Costas.
