VICENTE PÉREZ
El Juzgado de Granadilla ha admitido a trámite la denuncia penal presentada por la asociación ecologista Salvar La Tejita contra el Grupo Viqueira, la empresa gallega que promueve el hotel previsto junto al espacio natural protegido de Montaña Roja, por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro de desobediencia, al haber continuado las obras en la zona de la parcela afectada por la revisión del domino público y su zona de servidumbre que tramita la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
El pasado 30 de julio, en el Juzgado granadillero, Daniel Duque, representante de Salvar La Tejita, se ratificó y designó letrado para este proceso judicial, y lamentó que «la orden de paralización» dada por el Servicio Provincial de Costas «ha sido totalmente ignorada».
Aunque los trabajos quedaron finalmente paralizados fuera de la nueva franja pública probable y su servidumbre de protección, los ecologistas sostienen que en realidad debió pararse toda la ejecución del proyecto del hotel, cuestión esta sobre la que PLANETA CANARIO se ha dirigido los días 18 y 19 de julio al Ministerio de Medio Ambiente para conocer la versión de Costas, tanto por email en dos ocasiones, como por teléfono una vez, sin que por el momento se haya pronunciado al respecto.
La asociación denunciante advierte de que ampliará la denuncia, que presentó el 20 de junio, contra el Ayuntamiento de Granadilla de Abona «si no se paralizan las obras de forma inminente». Es decir, todas las obras.
De forma paralela, como ya informó este diario, este grupo medioambientalista está dispuesto a entablar un litigio contencioso administrativo también con la finalidad de que se suspendan todos los trabajos, cuestión que precisaría de depositar una fianza, principal obstáculo para emprender también esta otra vía judicial.
En la denuncia se relata que los administradores del Grupo Viqueira recibieron del Servicio Provincial de Costas requerimiento con fecha fecha 13 de junio de 2019 para que paralizara «la ejecución de proyectos de construcción de construcción del hotel de cinco estrellas sin título en zona de dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa comprendido entre la urbanización Costabella a punta de bocinegro (Granadilla de Abona)».
El requerimiento se fundamentaba en que el 12 de junio de 2018 tuvo entrada en en dicho organismo un informe del servicio de vigilancia de dominio público de la zona Sur de Tenerife, relativo a obras que invaden la delimitación provisional en tramitación, sin el correspondiente título de ocupación requerido por la normativa vigente.
A la vista de lo anterior, Costas instó a la promotora a «la total e inmediata paralización de las obras y al levantamiento y retirada del domino público de todas las ocupaciones, con reposición del terreno a su estado anterior en el plazo de 5 días», con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, dicho Servicio Provincial tomaría «las acciones oportunas de acuerdo con lo previsto en la legislación, incluida la instrucción del correspondiente expediente sancionador. “
El requerimiento, según los denunciantes, fue acompañado de un plano de situación indicando la zona que quedaba afectada por el deslinde provisional ( según resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de febrero de 2019) y «del que tenían perfecto conocimiento los denunciados por estar personados en aquel expediente administrativo».
«Lo cierto es que tras recibir este requerimiento», prosigue la argumentación de la denuncia, «los denunciados, lejos de acatarlo, iniciaron actuaciones para incumplirlo ostensiblemente, dando inmediatamente órdenes a operarios con palas mecánicas para realizar obras de transformación del terreno mediante excavaciones, extracciones y aterramientos justo en la zona a los que se le habían requerido para la paralización».
Y con este proceder, según Salvar La Tejita, la empresa inmboliaria supuestamente dañó «de manera consciente el sistema natural dunar existente en la zona y que forma parte del dominio público marítimo terrestre al ser necesario para la estabilidad de las playa, atacando el objetivo que persigue la Administración previsto en el artículo 2 de la Ley de Costas cual es determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.” ,
Los denunciantes recuerdan lo que establece el artículo 325 del Código Penal. A saber: «1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o
conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado».
PLANETA CANARIO ya ha solicitado en la tarde de este jueves tanto al Ayuntamiento de Granadilla ( por Whatsapp y Facebook) como al grupo Viqueira (por email) su versión sobre todo este asunto, que ofreceremos si se produce respuesta, aunque en anteriores peticiones ambas partes han optado por no hacer declaraciones.
En su momento la promotora gallega defendió la legalidad de su proyecto, y que tenía todos los permisos necesarios, al tiempo que advirtió de que adoptaría acciones legales contra quienes in situ pretendieran impedir la construcción del hotel, si bien posteriormente Costas dictó la orden de suspensión cautelar de los trabajos hasta que se apruebe de forma definitiva el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre.
