PLANETA CANARIO
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un nuevo auto en el que, al igual que ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción, da la razón a los denunciantes del caso Grúas, Unidas se puede y XYF-NC (su cabeza visible, Santiago Pérez, ahora lidera la agrupación Avante), en su recurso presentado contra la decisión de la jueza instructora en los Juzgados laguneros, Celia Blanco, de denegar la petición de que declararan testigos claves, en un proceso judicial en el que está imputado el expresidente del Gobierno canario y exlacalde de La Laguna, Fenando Clavijo; su sucesor en la alcaldía José Alberto Díaz y el exedil Antonio Pérez Godiño.
En su resolución, dictada el 19 de julio, la Audiencia confirma a los denunciantes, que ahora son concejales del grupo de gobierno en el Ayuntamiento lagunero -entre ellos Rubens Ascanio- que estima su apelación y, por tanto, obliga a la jueza a citar como testigos al primer propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, y a trabajadores que denunciaron irregularidades en esa empresa.
En este auto judicial la Sección Segunda que preside Joaquín Astor Landete no entra en detalles porque da por reproducida la argumentación dada cuando estimó el recurso de la fiscal María Farnés.
Un testigo muy comprometedor para Clavijo, si se ratifica
La importancia de su testimonio radica en la gravedad de las afirmaciones que Padilla ha realizado fuera de sede judicial, tanto en la comisión municipal que abordó este asunto, como ante la Guardia Civil y en Radio San Borondón. Y es que este empresario ha dicho claramente que Clavijo y el gobierno local de entonces lo presionaban para contratar a personas afines al por esa época alcalde, y que esos empleados enchufados fueron los que luego le compraron la empresa cuando pasaba por dificultades económicas, entre otros asuntos, según Padilla, porque el consistorio le adeudaba dinero, el cual, según él mismo se ha quejado, sí fue abonado días después de que vendiera Autogrúas Poli a sus propios trabajadores.
Y en cuanto a los exempleados de esta empresa, la relevancia del testimonio es que fueron los que denunciaron el robo para reventa de piezas en el depósito municipal (causa penal archivada al no poder atribuir responsabilidades) y los que pusieron en conocimiento del propio Ayuntamiento de La Laguna diversas irregularidades en la empresa de grúas, pese a lo cual se le concedió un préstamo, ya en manos de los supuestos amigos de Clavijo, y se le renovó el contrato.
Ascanio: «Con estos testigos se puede dar un paso definitivo en el caso»
Esta decisión de la Audiencia Provincial la ha calificado Ruben Ascanio, portavoz municipal de Unidas se puede, como «un paso definitivo en el proceso para clarificar este caso». A su juicio, «cada vez es más evidente que CC ha hecho un uso del servicio público de grúas absolutamente político y vinculado a intereses personales y partidistas».
Y en concreto, con la declaración de Padilla cree que «va a quedar en evidencia absoluta la forma en que Clavijo construyó, diseñó, el servicio municipal de grúas con el objetivo central de poner a personas vinculadas con él mismo y poder colar a dedo a personas afines». «Lo cual no es de extrañar, porque uno de los objetivos centrales en las políticas de CC en las distintas administraciones», apostilla Ascanio.
Y yendo más allá en sus reflexiones, sostiene el concejal de Unidas se puede que «lo que no pude ser por la desaparición de papeles en el caso Corredor [que fue archivado, y en el que también estuvo Clavio imputado], será posible gracias a la declaración de Padilla y de los trabajadores y trabajadoras despedidos por denunciar la mala gestión de las grúas municipales».
Los argumentos de la Audiencia Provincial
La fiscal Anticorrupción, al igual que los denunciantes, había apelado también contra la negativa da la juez porque considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» estos testimonios pues, de lo contrario se le «impediría conocer la valoración judicial de los hechos» y si se ha cometido o no delito.
La Audiencia, al admitir el recurso de la Fiscalía el pasado 5 de julio, en resolución que ahora ha ratificado, señala la «parquedad e insuficiencia de la motivación» con que la jueza instructora rechazó la práctica de estas pruebas testificales, y da por buena la pretensión de la fiscal y los denunciantes «pues efectivamente se debe determinar en la instrucción de la causa si tales afirmaciones realizadas por personas cualificadas por su relación y cercanía a los hechos se mantienen ante la juez de la instrucción, pues de otro modo podría cuestionarse la viabilidad de la acusación relativa a los hechos por ellos manifestados».
Sostiene la Audiencia que la declaración de estos testigos es «útil» para determinar si se trata de la concesión del crédito fue prevaricación, y por tanto con reproche penal o son infracciones meramente irregularidades administrativas susceptivos de revisión, si supuso un enriquecimiento para la empresa, aunque devolviera el dinero al Ayuntamiento, y si hubo tráfico de influencias.
También tendrá que citar la jueza a José Luis Tacoronte, actual dueño de la empresa de grúas, que la adquirió con 700.000 euros de deuda a esos trabajadores que tenían diverso grado de relaciones personales con el exalcalde Clavijo, pues el crédito no permitió sanearla. Igualmente deberá llamar a declarar al antiguo empleado Francisco Ramos.
Clavijo se va al Senado y lo juzgaría el Supremo
La situación procesal de Clavijo como imputado hace que cobre interés su designación, este martes, como senador, tras la votación efectuada en el Parlamento canario, durante un pleno en el que se eligieron tres senadores, uno por CC-PNC, otro por PP y otro por el PSOE, y en el que Podemos y Ciudadanos se opusieron al métido de votación, porque no se podía votar en contra de ninguno sino a favor de un solo candidato.
El puesto de senador supondrá para Clavijo que esté aforado, con lo cual, caso de sentarse en el banquillo, será enjuiciado por el Tribunal Supremo y no por un Juzgado ordinario. Se da la circunstancia de que había perdido el aforamiento como diputado regional porque el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias suprimió este estatus jurídico de los cargos públicos.
