PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha vuelto a insistir en la necesidad de que los territorios frontera tengan voz en el diseño de las políticas migratorias, tanto de España como de la Unión Europea (UE). Esta implicación es especialmente relevante tras los sucesos ocurridos en Ceuta con la entrada de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos y con un balance de casi 200 muertes.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, señala que lo ocurrido en la ciudad autónoma “demuestra que Europa necesita un protocolo coordinado de respuesta ante crisis migratorias extraordinarias en sus fronteras exteriores”.
En su opinión, “no podemos improvisar cada vez que se produce una situación de esta magnitud, sino que deben estar definidos de antemano los mecanismos de coordinación entre la Unión Europea, el Estado y los territorios frontera: saber quién toma las decisiones, qué recursos se activan, cómo se garantiza la atención humanitaria y la protección de los menores y cómo opera la solidaridad de los territorios”.
Canarias, reiteró Caraballo, “lleva años reclamando pasar de la gestión de emergencias a la anticipación”. De esta manera, un protocolo europeo permitiría que, ante una crisis como la de Ceuta o una llegada extraordinaria a Canarias, todas las administraciones sepan desde el primer momento qué hacer y qué responsabilidad corresponde a cada una.
En esta línea, insta a Bruselas a disponer medidas específicas para quienes están en primera línea de la gestión migratoria y reclama “más solidaridad, financiación, protección real a los menores y un enfoque atlántico del reto migratorio”. Eso no será posible, dijo, “sin que las regiones que somos la frontera exterior de la UE tengamos presencia y podamos tener voz en los proyectos que se ponen en marcha desde las instituciones comunitarias”.
Critica además el viceconsejero que ni el Gobierno español ni la Comisión Europea cuentan con estos territorios a la hora de establecer sus políticas migratorias. Este extremo ya se observó en la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor hace dos meses, y que “además de dejarnos fuera en su diseño, no se nos aportó ninguna información, a pesar de que somos la gran puerta de entrada del continente africano en Europa y las medidas que contempla nos afectan de manera directa”. Tampoco el Gobierno de España contó con la comunidad autónoma a la hora de establecer sus planes nacionales.
Este fue uno de los asuntos abordados en el taller de inteligencia colectiva celebrado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Gobierno de Canarias y que consideró en sus conclusiones que el papel de las islas en la gestión migratoria no debe limitarse a un papel de territorio receptor u observador.
Por el contrario, entiende que la experiencia operativa y humanitaria en primera línea debe traducirse en una “presencia estable» en los espacios de decisión nacionales y europeos donde se define la política migratoria: desde los mecanismos de coordinación con el Gobierno central, la participación en los diálogos migratorios de la Unión Europea con terceros países y su representación en los foros donde se negocian los acuerdos que afectan directamente a la Ruta Atlántica.
Hace hincapié en que esta vía no puede entenderse ni gestionarse como un fenómeno estrictamente marítimo ni como una crisis exclusivamente canaria, española o europea. Constituye la expresión visible de un sistema regional mucho más amplio, estructurado por los conflictos, la inseguridad, las transformaciones socioeconómicas, las aspiraciones de la juventud, las dinámicas familiares, las redes de diáspora, la política de visados, la cooperación en materia de seguridad, las economías informales y los mecanismos de facilitación ilícita.
Estas fueron algunas de las conclusiones del foro denominado Ruta Atlántica, Sahel y Canarias. De la contención de las salidas a una gobernanza anticipatoria de la migración; reducir las vulnerabilidades; atacar las economías criminales y hacer creíbles las alternativas regulares, que reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, representantes europeos y africanos, además de expertos en rutas migratorias, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.
En este encuentro se propusieron orientaciones estratégicas y operativas para reforzar la coherencia de las respuestas públicas frente a las dinámicas migratorias que vinculan Africa Occidental, el Sahel y Canarias.
Así, los expertos defienden un enfoque integrado por una estrategia “duradera” para reducir simultáneamente la rentabilidad de las economías criminales; garantizar una continuidad de la protección a lo largo de los corredores; reforzar las posibilidades de movilidad legal y circular; invertir en formación y empleo a nivel territorial, involucrar a las familias y a las diásporas, proteger específicamente a las mujeres y a los menores, y anticipar los efectos no intencionados de los acuerdos migratorios.
En todo este proceso, Canarias puede desempeñar un papel estratégico atendiendo a su situación geográfica en primera línea de la Ruta Atlántica, además de su gran experiencia operativa, institucional y humanitaria. Su posición le permite convertirse en una plataforma de diálogo, anticipación, cooperación descentralizada y producción de conocimiento entre Europa, España y África Occidental.
