PLANETA CANARIO
La Asociación Tierra Bonita, en defensa de los derechos de los damnificados por el volcán Tajogaite, denuncia la «grave inseguridad jurídica y el desvío de fondos públicos» que, a su juicio, consagra el nuevo Decreto-ley 9/2026 de medidas urgentes para los afectados por la erupción, aprobado por el Gobierno de Canarias. «Lejos de acelerar la reconstrucción social, la norma se ha convertido en un traje a medida de una minoría que mercantiliza la tragedia y castiga a las familias que lo perdieron todo», subraya este colectivo.
A juicio de la asociación, en la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado celebrada este jueves 12 en La Palma «las Administraciones públicas han vuelto a alardear de cifras en un ejercicio de triunfalismo alejado de la realidad de los vecinos». Si bien considera «innegable» que el Estado ha sido el mayor contribuyente a la recuperación, con más de 1.600 millones de euros invertidos, según informa el Ministerio, a Tierra Bonita le resultan «altamente cuestionables» los 80 millones de fondos propios de los que presume el Cabildo de La Palma, que, según critica, fía su gestión al endeudamiento.
Respecto a la postura del Gobierno autonómico, critica que » asuma un papel de víctima y lo escenifique» con lo que considera un «absurdo reproche al Estado», al exigir 300 millones de euros que, según Tierra Bonita, no se ajustan a la realidad de los acuerdos alcanzados.
Asimismo, considera «una profunda injusticia» la reclamación genérica de prorrogar la bonificación del 60 % del IRPF para toda La Palma, «una medida que nunca debió aplicarse como un café para todos insular». Frente a ello, Tierra Bonita defiende que la bonificación debe concentrarse en la población del Valle de Aridane, la más directamente perjudicada por la erupción, y elevarse al 100 % para los damnificados que han perdido su patrimonio y sus medios de vida.
En este contexto, sostiene que las declaraciones de la consejera autonómica de Presidencia, Nieves Lady Barreto, «confirman las peores sospechas»: un Gobierno canario que, según denuncia, “prioriza los intereses de los lobbies agrarios”. La asociación critica que, mientras el Ejecutivo anuncia inyecciones millonarias procedentes de los superávits para compensar a los plataneros, un plan específico de ayudas del PEPAC y la apertura de pistas agrícolas, demuestra “una falta de capacidad y voluntad” para resolver el “drama” habitacional de cientos de familias y la “caótica” ordenación territorial del Valle de Aridane.
«EL ERROR DE NO CREAR UN CONSORCIO»
Para la asociación, «el mayor error histórico cometido con una reconstrucción hecha a la carta ha sido no confiar en la creación de un consorcio único entre todas las administraciones públicas, con representación de las personas afectadas y dotado de una gerencia profesional».
Tierra Bonita considera que el rechazo a esta figura ha puesto de manifiesto las enormes carencias operativas de los ayuntamientos y del Cabildo, dando lugar a una gestión fragmentada y a una «reconstrucción a la carta».
A su juicio, este modelo se sostiene sobre «un Estado que pone el dinero, un Gobierno de Canarias que niega cualquier transparencia —su negativa a facilitar la identidad de los beneficiarios de las ayudas es sumamente sospechosa— y un nivel insular caracterizado por contrataciones a dedo y proyectos de reconstrucción de viales sin planificación previa».
A pesar de haberlo solicitado formalmente, Tierra Bonita asegura que nunca ha recibido información sobre los proyectos públicos de reconstrucción.
«SUBVENCIONES A OPORTUNISTAS NO DAMNIFICADOS»
La asociación pone también el foco un marco jurídico autonómico que «legitima el expolio». Como ejemplo, denuncia que el Gobierno de Canarias ha modificado la legislación agraria mediante el Decreto-ley 9/2026 para permitir que intermediarios e inversores externos compradores de plataneras sepultadas por el volcán puedan cobrar directamente las ayudas europeas del POSEI por pérdida de renta y las de reconstrucción.
Es decir, los compradores, pese a no ser damnificados, se subrrogan el derecho a esas subvenciones públicas. Según Tierra Bonita, esta modificación contraviene las limitaciones establecidas por el Estado para que los fondos se destinen a los afectados por la catástrofe, lo que genera además “inseguridad jurídica” a los propios damnificados sobre estas operaciones de compraventa.
Con todo ello, según remarca Tierra Bonita, «se está utilizando el dinero público de la reconstrucción para subvencionar a oportunistas que no perdieron nada con el volcán».
Al mismo tiempo, la asociación denuncia que el decreto impide a cientos de familias reconstruir sus vidas en los terrenos del nuevo Parque Natural de Cumbre Vieja, lo que, a su juicio, supone «una expropiación forzosa camuflada» bajo la promesa de futuras «compensaciones complementarias» que carecen de presupuesto, plazo o procedimiento garantizado.
«La reconstrucción de La Palma no puede construirse sobre la desposesión de sus verdaderos habitantes para beneficiar a quienes ven en la tragedia una oportunidad de negocio», advierte el colectivo.
“NULO INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFECTADOS”
Por otra parte, Tierra Bonita denuncia el «nulo interés» del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en convocar el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, organismo recogido en el artículo 16 de la Ley 2/2024, de 29 de mayo, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla.
Según establece esta ley, se trata de un «órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán». Sin embargo, la asociación sostiene que el Gobierno autonómico y el Cabildo «solo están interesados en atender a entidades que buscan un beneficio con las ayudas del volcán».
Finalmente, Tierra Bonita considera que los problemas de la reconstrucción son «la continuación de los errores cometidos desde el minuto cero». En este sentido, recuerda que durante la emergencia volcánica «nunca se activó el semáforo naranja ni hubo evacuación preventiva» y denuncia la existencia de un «pacto de silencio» por el que, según afirma, los partidos políticos se niegan a hacer públicas las actas de las reuniones científicas y políticas del plan de emergencia, «prefiriendo repartirse medallas institucionales antes que mostrar respeto por la población».
