PLANETA CANARIO
canarias contará en 2027, por primera vez en su historia, con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones de euros adicionales para reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó en comparecencia parlamentaria que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.
El crecimiento presupuestario adquiere todavía mayor relevancia si se observa su evolución a lo largo de la legislatura. Excluyendo los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027. Esto supone un incremento de 391,17 millones de euros, un 60,9 % más de financiación estable para las políticas sociales.
Uno de los ámbitos que experimenta un mayor impulso es el de la atención a la dependencia. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, lo que representa un incremento de 177,65 millones respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 120,8 % en comparación con el inicio de la legislatura.
Este refuerzo económico, según el Gobierno. se suma a las mejoras introducidas en la gestión administrativa del sistema, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias.
El área de Servicios Sociales contará con 113,33 millones de euros destinados a la Renta Canaria de Ciudadanía, que experimenta un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma la continuidad, mediante su incorporación al articulado de la ley presupuestaria, del pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas.
En el ámbito de Infancia y Familias, el presupuesto asciende a 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.
Por su parte, las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura específica a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.
El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. Además, el presupuesto incorpora una garantía especialmente relevante para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables.
Esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de violencia machista.
“Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó la consejera.
La oposición de izquierdas critica recortes en igualdad, violencia machista y menores
Pese al aumento presupuestario, PSOE y Nueva Canarias consideran que este crecimiento no se refleja en algunas de las partidas destinadas a las personas y colectivos más vulnerables.
La diputada socialista Elena Máñez cuestionó que el incremento de los recursos esté contribuyendo de forma suficiente a reducir la pobreza y la exclusión social en Canarias. Entre sus principales reproches señaló la congelación de la Renta Canaria de Ciudadanía, la falta de desarrollo del complemento de vivienda y la situación de unas 12.000 personas que, según los datos expuestos por el PSOE, tienen reconocida la dependencia, pero todavía no reciben atención. También criticó la ausencia de una dotación inicial para el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias y los recortes que, a su juicio, han sufrido las políticas de igualdad durante la legislatura.
Por su parte, la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Natalia Santana denunció que el aumento global del presupuesto esconde reducciones en programas sociales concretos, una política que calificó de «motosierra social». Según los datos que expuso, las ayudas destinadas a mujeres víctimas de violencia machista con dificultades para acceder al empleo pasarán de más de 1,2 millones de euros en 2026 a 600.000 euros en 2027. También señaló que el Fondo Canario de Emergencia Social para estas víctimas ha disminuido de 840.000 euros en 2023 a 390.000 euros en el proyecto presupuestario de 2027.
Santana criticó asimismo la reducción de los recursos destinados al acogimiento familiar, cuya partida, según sus cifras, pasa de 9,42 a 6,92 millones de euros, y el descenso de 2,1 millones en la atención especializada a menores con graves problemas emocionales y de conducta. También advirtió de que la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales permanece congelada en 17 millones de euros y la Renta Canaria de Ciudadanía mantiene una dotación de 113,33 millones. La diputada señaló, además, que las ayudas de apoyo a familias LGTBI se reducen de 44.000 a 20.000 euros.
Desde Vox, la diputada Paula Jover reconoció avances en la tramitación de los expedientes de dependencia y discapacidad, pero reclamó que la reducción de los plazos administrativos se traduzca en una atención efectiva a las personas beneficiarias.
También cuestionó las prioridades del Gobierno en materia de políticas familiares y atención a menores extranjeros no acompañados.
Entre los grupos que apoyan al Ejecutivo también se plantearon algunas demandas. El Partido Popular pidió que los convenios con cabildos y ayuntamientos garanticen una financiación suficiente para cubrir el coste real de los servicios sociales, mientras que la Agrupación Socialista Gomera reclamó reforzar la atención domiciliaria y los recursos para La Gomera. Por su parte, la Agrupación Herreña Independiente insistió en la necesidad de seguir reduciendo los tiempos de espera en dependencia y mejorar la atención a las personas mayores y con discapacidad.
