PLANETA CANARIO
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que representa a personas afectadas por la erupción del Tajogaite en La Palma, denuncia los «agravios comparativos» que han producido las sucesivas interrupciones en el pago de las compensaciones económicas por el patrimonio perdido, al tiempo que reclama transparencia en los criterios de abono y certezas sobre el futuro de los terrenos cuyo uso continúa restringido cinco años después de la catástrofe.
Este colectivo palmero sostiene que las diferencias en las fechas de cobro de un mismo tipo de compensación han generado «una evidente desigualdad de condiciones para la recuperación de su proyecto de vida».
Según explica, quienes han recibido el dinero más tarde afrontan mayores dificultades para adquirir una vivienda o un terreno y reanudar su actividad económica. Atribuye esa desventaja al encarecimiento general de los precios y a la presión sobre el mercado inmobiliario (tanto en lo que se refiere a viviendas ya construidas como a suelo urbanizable y agrícola) que provocó la catástrofe en una isla con una oferta limitada.
Para evitar ese desequilibrio, el colectivo propuso en su momento repartir proporcionalmente cada remesa de fondos públicos entre todos los damnificados. De ese modo, cada familia habría percibido un porcentaje de la compensación que le correspondía, hasta completar el importe con las sucesivas partidas presupuestarias. Una propuesta que “no fue escuchada por las autoridades”.
«AGRAVIO POR LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN»
Otra de las quejas se refiere a las diferencias entre quienes pueden volver a utilizar sus terrenos y quienes no pueden usar sus propiedades debido a restricciones por riesgos volcánicos o medidas de protección ambiental.
La asociación echa en falta garantías suficientes sobre las compensaciones que recibirían los propietarios que no puedan recuperar el uso de sus parcelas.
A esta incertidumbre se suma la falta de acceso a parte de las fincas, mientras otros sectores de las coladas del volcán ya disponen de caminos y carreteras cercanas, sin que a día de hoy se conozca cuáles son los criterios de interés público por los que se construyeron determinadas vías de comunicación antes que otras, existiendo las mismas condiciones geológicas en las coladas.
La protección ambiental del territorio constituye otro de los grandes asuntos pendientes de concreción que señala la asociación. En marzo de 2026, el Gobierno de Canarias sometió a información pública el anteproyecto de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja sobre el cono del Tajogaite, su entorno de fisuras eruptivas y el campo lávico, junto con la propuesta de protección de los dos deltas formados durante la erupción.
Este colectivo asegura que siguen pendientes de abonar ayudas económicas por fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas.
Igualmente considera insuficiente el apoyo recibido por los negocios sepultados por la lava para reconstruir sus instalaciones, en comparación con el destinado a actividades paralizadas por los gases u otras consecuencias de la erupción.
«FALTA DE TRANSPARENCIA»
En cuanto a transparencia, reclama conocer los criterios que determinan el orden en que se han pagado las ayudas, por qué a unos afectados antes y a otros después. A clarificar esta duda, enfatiza la asociación, no ayuda el que no se publique la identidad de quienes reciben las compensaciones del Gobierno canario por el valor de las construcciones perdidas, una cuestión sobre la que existen posiciones distintas entre los propios damnificados.
La difusión de esos datos enfrenta al Ejecutivo autonómico – el cual invoca la protección de la privacidad recogida en la nueva Ley de Volcanes- con el Comisionado de Transparencia de Canarias, que ha requerido su publicación. La controversia está judicializada y serán los tribunales de Justicia los que diriman si se deben publicar o no los nombres de los beneficiarios de las compensaciones económicas.
«FALTA DE PARTICIPACIÓN REAL»
La asociación exige también que se haga efectiva la participación de los afectados en las decisiones que afectan a la reconstrucción a través del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, previsto en la Ley 2/2024 como órgano de diálogo, información y consulta. Este foro sería un cauce para trasladar a los organismos públicos necesidades, propuestas y realizar un seguimiento de las inversiones públicas, pero la realidad es que nunca se ha convocado.
Más de cinco años después del inicio de la erupción, el colectivo afirma haber mantenido «una actitud prudente, sabedora de las dificultades que entraña la tramitación administrativa de la reconstrucción». Sin embargo, advierte del «desgaste económico, emocional y de salud que provoca esta incertidumbre, que es otro volcán». «Actuaciones, que creemos injustas, por parte de quienes gobiernan nos está sepultando el alma, el amor propio, nuestra salud», concluye la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja.
