PLANETA CANARIO
La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (Cs), ha resuelto con expulsión el expediente disciplinario abierto a los dos consejeros electos de la formación en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga y Concepción Rivero (los dos integrados en el equipo de gobierno que preside el socialista Pedro Martín) por «incumplir las directrices del partido».
Así lo ha confirmado el partido naranja en un escueto comunicado, en el que Cs manifiesta que «los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable».
Precisamente Arriaga y Rivera han justificado por una cuestión de principios haber desoído las indicaciones del Comité de Pactos que integraban, entre otras, la candidata regional (ahora diputada del Parlamento canario en la oposición) Vidina Espìno y Teresa Berástegui, por entender que el compromiso con los electores era regenerar la vida política y apear del poder a Coalición Canaria (CC) en el Cabildo, y permitir lo contrario hubiera sido incumplir las promesas electorales. Ambos han argumentado que no han roto ninguna línea roja de Cs, pues no han pactado con nacionalistas ni con Podemos (sino con el PSOE), y para propiciar un cambio político en la isla.
Según ha podido saber PLANETA CANARIO, antes de la expulsión definitiva, a los dos expedientados les queda aún la posibilidad de recurrir ante el Comité de Garantías de Cs, por lo que, al menos desde un punto de vista estrictamente jurídico, todavía no están fuera del partido.
El mismo sino han seguido los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, por igual motivo: pactar y gobernar con el PSOE, en lugar de dejar gobernar a CC.
Una sentencia el Tribunal Constitucional viene a dulcificar o amortiguar para los expulsados de formaciones políticas las consecuencias que preveía la Ley Electoral estatal para estos casos, y también afecta a las restricciones de la legislación canaria contra el transfuguismo, por lo que, en principio, este castigo del partido naranja a sus cargos públicos en ambas instituciones (más allá de las críticas de la oposición) no impedirá la continuidad de los gobiernos de que forman parte ni mermará de forma apreciable sus derechos como concejales y consejeros.
