PLANETA CANARIO
La capital tinerfeña sigue destruyendo edificaciones con valores de patrimonio histórico, debido a las clamorosas y extrañas omisiones de numerosos inmuebles en el catálogo que se aprobó en la época en que Miguel Zerolo (CC) era alcalde, y que no han fueron corregidas en el PGO de 2016 durante el pacto CC-PSOE, ni a aún hoy en día.
Y ello a pesar del interés del Cabildo de Tenerife, concretamente de su Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, por ampliar el número de inmuebles protegidos, con sucesivos informes desde principios de este siglo.
En esta ocasión ha sido derribada una construcción de empaque, proyectada en 1908 por el reconocido arquitecto Antonio Pintor y Ocete, y que albergó la primera sede de Cajacanarias.
Su demolición es el resultado de un alambicado proceso en el que al final ha ganado la destrucción y no la rehabilitación, cuanto menos de sus fachadas.
Tras las denuncias públicas de la Asociación Nuestro Patrimonio en la pasada década, salió a la luz que en Santa Cruz de Tenerife el Plan General de Ordenación había sorteado de manera rocambolesca (desde al menos el año 2006) informes técnicos del Cabildo de Tenerife que defendían catalogar con un grado de protección más de 500 inmuebles (la cifra actual es aún mayor) desprotegidos pese a tener valores de patrimonio histórico.
Las empresas promotoras en el barrio de Miraflores plantearon derribar 6 edificios, y el Ayuntamiento dio licencia, de los cuales se derribaron tres en 2018 y ahora el cuarto, la Casa Pérez Soto.
El asunto motivó que el Cabildo paralizara los derribos y acabara en los tribunales de Justicia, donde el Ayuntamiento logró levantar la suspensión cautelar con sorprendentes informes de la Fundación Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) a favor de la demolición.
Los criterios de esta fundación, con la que el Ayuntamiento tenía firmado un convenio económico, fueron duramente contestados por los funcionarios del Cabildo de Tenerife, que los tachó de argumentos «falsos». Además, uno de los firmantes por parte del CICOP era el propio arquitecto que había redactado el Plan General de Ordenación y su catálogo de patrimonio arquitectónico (Juan Manuel Palerm).
Tras esta polémica, las aguas se calmaron un tiempo con una aparente voluntad del Ayuntamiento (gobernado por CC-PP) de colaborar con el Cabildo (entonces con el pacto CC-PSOE) para evitar nuevas fricciones.
Tal es así que desde enero de 2019, la Gerencia de Urbanismo suspendió las obras en inmuebles susceptibles de ser catalogados, tras la firmeza con que siempre se han mostrado los técnicos del Cabildo de Tenerife en contra de estos derribos.
En 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el Plan General y el Ayuntamiento encargó elaborar un nuevo planeamiento y un nuevo catálogo de inmuebles protegidos.
Ese año, durante el trámite de evaluación ambiental en el Gobierno canario, se publicó un borrador en el que las edificaciones que defendía el Cabildo en todo el municipio se encuentran incluidos en una de las alternativas de este nuevo listado en tramitación. El borrador puede consultarse en este enlace: https://acortar.link/xuGzDr
Pero hete aquí que los promotores no perdieron el tiempo y reclamaron en vía judicial que ya había vencido el plazo para suspenderles las obras y el Juzgado ha dictado sentencias que les reconoce ese derecho en un puñado de inmuebles, y, lo que es más sorprendente, sin entrar a valorar si merecen protegerse o no como patrimonio histórico, sino dando prevalencia a que aún no se ha culminado el trámite del nuevo catálogo. Por esa regla de tres, se podrían tirar abajo cientos de inmuebles históricos.
El Ayuntamiento, según fuentes técnicas oficiales consultadas por este diario, tenía la posibilidad de realizar una modificación puntual del catálogo vigente (que ahora mismo se remonta al de 1992), lo que habría salvado estas edificaciones. Sin embargo, no lo hizo, con lo cual las sentencias, que tampoco fueron recurridas, han devenido en firmes y se ha podido tirar ya la Casa Pérez Soto. No será la única.
Es en este punto el que la Asociación Nuestro Patrimonio advierte de que la demolición de este inmueble incluido en el nuevo catálogo en tramitación sienta un «grave y peligroso precedente», porque se destruye un bien que iba a ser protegido legalmente, pero que acaba demolido no porque no tenga valores catalogables, sino por un cóctel fatídico: lentitud burocrática (nada fuera de lo esperado en el planeamiento) , decisiones políticas por acción o por omisión, y resoluciones judiciales que pasan por alto la cuestión patrimonial.
Al respecto, este colectivo ciudadano expresa su «asombro» por que las sentencias no tengan en cuenta el interés general del patrimonio y muestra su «enorme preocupación» por la existencia de otras edificaciones en igual situación en la capital tinerfeña, es decir, incluidas en la propuesta de nuevo catálogo en tramitación, pero que podrán ser demolidas próximamente.
La sección de Patrimonio Histórico del Cabildo señala que el promotor del edificio fue Enrique Pérez Soto, «una destacada personalidad santacrucera, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de su gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910.
El inmueble, por tanto, «no sólo es interesante por su empaque y estilo, o por su técnico proyectista, sino también por su vinculación con la historia de la ciudad y de una de sus entidades más significativas», opina un informe técnico del Cabildo.
Pérez Soto fue un empresario de Santa Cruz, concejal de su Ayuntamiento y presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Además, contribuyó de forma decisiva a hacer realidad el proyecto de hospitalito de niños del doctor Guigou, y donó varias obras del pintor Juan de Miranda al Museo Municipal.
La versión del Ayuntamiento
La concejala de Urbanismo de la capital tinerfeña, Zaida González (PP), ha dado su versión tanto en El Día como por Diario de Avisos, y es la siguiente: «Con la anulación del Plan General de 2013, se anuló también el catálogo de protección, teniendo actualmente el del año 1992. Ello generó desde 2018 que promotores solicitaran las licencias de demolición y se surgió entonces la problemática con el Cabildo, Administración insular que aseguraba que no podíamos desde el Ayuntamiento otorgar licencias de demolición respecto de edificaciones que tuvieran valores. Eso provocó que desde la Corporación municipal se denegaran las licencias de demolición de edificaciones que, aunque no estuvieran dentro del catálogo, tuvieran esa serie de valores a proteger y dio lugar a unas sentencias que determinaron que el Ayuntamiento debe conceder licencias de demolición respecto a edificaciones que no están dentro del catálogo de protección, lo que permitió esta demolición».
