VICENTE PÉREZ
La Alianza de Vecinos de Tenerife a reivindica el «derecho al agua» reconocido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y reclama a las Administraciones públicas de la isla una serie de medidas ante la crítica situación económica que padecen muchas familias, incluyendo las dedicadas al sector agrario, y «los problemas» de gestión del agua en el Archipiélago.
Esta agrupación ciudadana considera que el agua, como bien básico, «debe gestionarse mejor en Canarias, pues no todo se puede achacar a la falta de lluvias o al cambio climático, debido a que una parte importante del problema es la gestión política de este recurso».
Por ello, propugna una serie de medidas, para las que recabará el apoyo de otras entidades ciudadanas de Canarias, entre las que destaca la de facilitar a los agricultores agua gratuita, como apoyo a este depauperado sector económico en el Archipiélago, «que tiene la necesidad imperiosa de aminorar sus altos costes de producción».
Además, la Alianza plantea que se reconsidere utilizar para la agricultura las aguas procedentes de depuradoras, «pues este uso ya está cuestionado en varios países de la Unión Europea, ya que estas aguas presentan problemas de calidad debido al proceso industrial por el que pasan y tienen un elevado coste».
En su lugar, solicita que se utilicen las aguas extraídas de las galerías, procedentes de la infiltración por la lluvia, y que que suponen 366 hectómetros cúbicos al año, cuando las necesidades en una isla como Tenerife son de 207 Hm anuales.
«Esto supone utilizar un agua barata y buena, pues la que no se emplea se pierde en el mar».
Y, al mismo tiempo, urge a disminuir las graves pérdidas de agua en las conducciones que llegan a suponer una media del 50% del agua extraída y producida , por el mal estado de las redes de distribución, debido a su falta de mantenimiento, cuando no abandono.
Otra petición es la de favorecer una mayor participación de la población en la gestión de los recursos hídricos y promover el diálogo con los usuarios y consumidores. A juicio de este colectivo, «los derechos no mejoraran de una forma significativa sin la participación directa de una sociedad civil robusta, libre e independiente».
La tabla reivindicativa de la Alianza de Vecinos se completa con otras dos exigencias al Gobierno canario y los cabildos.
Por un lado, que cumpla con su obligación de garantiza el derecho al agua y vigilar que no haya prácticas especulativas con los precios este bien básico; y, por otro, impedir que se contaminen los recursos hídricos y que cada día se sigan arrojando al mar 60 millones de litros de aguas residuales sin depurar.
Hay que recordar que el Cabildo de Tenerife ha declarado la emergencia hídrica en la Isla, por la falta de lluvias, y ha acordado impulsar una serie de medidas urgentes.
