VICENTE PÉREZ
Ataque y contrataque. El alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), imputado en el caso Grúas y denunciado por el caso Reparos, ha replicado denunciando a su vez a la oposición que le aprieta en la vía penal. Así, el regidor municipal ha denunciado un acuerdo municipal adoptado en abril por Unidas se puede, XTF-NC (los denunciantes de los citados casos), Cs, una edil del PSOE y dos concejales expulsados de este partido, mediante el que rechazaron pagar de forma anticipada una deuda con el banco Santander por 8,1 millones, y, en su lugar, dedicar la mayor parte de ese dinero a saldar otra deuda del Ayuntamiento con su propia empresa pública de viviendas y servicios, Muvisa. El alcalde señala que era obligatorio por ley dedicar el superávit municipal a amortizar los créditos con la banca.
Pero esta denuncia ha recibido estruendosa respuesta ya de uno de los denunciados, el concejal de XTF-NC, Santiago Pérez: «Me descojono con esta payasada: Díaz pretende dar la impresión antes de las elecciones de que todos somos iguales, porque en ese lodazal quienes sale mejor parados son los corruptos de siempre, aunque sean los que dicen defender a Canarias”.
Perez, que se ha apuntado un tanto jurídico y político contra CC con la sentencia firme del caso Las Teresitas en la vecina Santa Cruz (cuya denuncia la escribió él de su puño y letra), es codenunciante del caso Grúas (en el que Díaz es investigado por prevaricación y malversación, junto al propio Fernando Clavijo, que antes que presidente del Gobierno canario fue alcalde lagunero, y el edil Antonio Pérez Godiño, ambos de CC). Y Pérez es también denunciante del caso Reparos, referidos a unos 118 decretos que autorizaban pagos que suman por 47 millones de euros para dar continuidad a contratos con empresas adjudicatarias de servicios municipales con reparos de la Intervención, según la cual tales contrataciones debían salir a concurso publico.
Pues bien, el alcalde lagunero ha decidido también ir a la Fiscalía por entender que con la adopción de ese acuerdo de abril por la oposición «se impide una amortización anticipada de la deuda financiera, con el ahorro de intereses, lo cual implica un perjuicio económico para el erario público, y la finalización anticipada del Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022 al que está adherido el Ayuntamiento, como requisito del Plan de Pago a Proveedores», según ha publicado El Día.
Resulta llamativo que Díaz, que está denunciado precisamente por hacer caso omiso al interventor en el caso Reparos, apela esta vez sí al criterio del funcionario fiscalizador, al entender que el informe de la Intervención indicaba en esta ocasión que el superávit debe destinarse a saldar deuda pública conforme la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.
En su descago, Pérez opina que “primero que nada tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos mismos porque lo que nosotros propusimos y el Pleno municipal aprobó es lo que está haciendo Clavijo con el superavit autonómico, aunque en su caso sin ninguna razón que lo justifique”. Pero además el edil de XTF-NC se mostró tranquilo porque “la Intervención del Ayuntamiento ha emitido un informe a petición del alcalde en el que dice que es perfectamente legal lo que hemos hecho”.
La Laguna, según el edil de XTF-N, ha tenido que “cargar como un fardo durante los últimos 8 años, años de crisis, con la deuda que nos dejaron Oramas y Clavijo, que nos obligó a afrontar la crisis en una situación próxima a la bancarrota. «Al liquidar el Presupuesto de 2018 el Ayuntamiento lo cerró con superavit, y propuso destinar 8 de esos millones de euros a reducir la deuda con el banco de Santander, pero nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, favorablemente votada por mayoría absoluta, para que antes de devolver ese dinero a la banca se pagaran 5,6 millones de euros a Muvisa”, explicó Pérez.
Y añadió el edil de la oposición que esta empresa municipal acumuló esa deuda porque “Clavijo y Díaz han intentado utilizarla como una especie de banco sin pagar intereses, encargándole actuaciones bajo el nombre de encomiendas, que luego no le pagan, de modo que Muvisa ha estado funcionando con unos recursos de los que disponía para financiar las actuaciones en Las Chumberas, no para dedicarlos a otras finalidades porque el gobierno de La Laguna le hace encargos fiados”.
Pérez apuntó que “quienes presentamos esa propuesta somos quienes actualmente dirigimos Muvisa por decisión democrática de su Junta General. Y cuando los servicios de Muvisa certificaron que el Ayuntamiento les debe 5,6 millones de euros dijimos que había que pagar antes que al Santander a Muvisa, que no puede ser la herramienta de usar y tirar del Gobierno de turno”.
Y lanzó un mensaje el concejal de la oposición a los representantes sindicales en Muvisa: “Queremos defender los puestos de trabajo de la empresa aunque muchos de sus trabajadores hayan sido seleccionados de aquella manera por CC. Que lo sepan los trabajadores de Muvisa, que lo sepa la ciudadanía, y que lo sepan los delegados de Comisiones Obreras que están vendidos a CC. El actual Consejo de Administración no va a tolerar ni un solo segundo que se siga utilizando el dinero de Las Chumberas para financiar otras operaciones”.
