VICENTE PÉREZ
El presidente del Gobierno canario y candidato a la reelección en los comicios de mayo próximo, Fernando Clavijo (CC), ha comparecido este miércoles ante el Juzgado 2 de Instrucción de La Laguna, como investigado (imputado) por el caso Grúas, declaración en la que atribuyó a los funcionarios muncipales y directores de área toda la responsabilidad sobre cuestiones de legalidad de las propuestas y decisiones en este expediente administrativo cuando era alcalde de La Laguna, y, en especial, la concesión de un préstamo a la concesionaria del servicio de retirada de vehículos de las vías, Autogrúas Poli, así como la prórroga del contrato con esta empresa.
Clavijo, a quien se le imputan presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, admitió tener relación con dos de los trabajadores que ya habían adquirido la empresa a su propietario inicial, aunque no al nivel de amistad, si bien celebró la boda de uno de ellos y estuvo en la boda de otro.
El mandatario, el primer parlamentario y presidente de Gobierno que tiene que acudir a un juzgado ordinario tras desaparecer los aforamientos con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, fue tempranero y entró en los Juzgados casi dos horas antes de la hora fijada para declarar, pues estaba citado para las 9:30 y acudió a las 7:45, antes incluso del horario de apertura de la sede judicial, por lo que ningún reportero gráfico pudo captar la imagen de su llegada.
Los numerosos redactores y cámaras de medio de comunicación sí pudieron captar su salida por la puerta principal de los Juzgados, aunque no hizo declaraciones pues los emplazó a la rueda de prensa que tras su declaración judicial ofreció en la sede de Presidencia del Gobierno canario.
El gobernante estuvo más de cinco horas en sede judicial (desde su tan anticipada como madrugadora llegada, declaró luego dos horas y media y el resto del tiempo se empleó en la revisión de su declaración).
Clavijo se acogió al derecho de no responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida como denunciantes por los partidos Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), liderado en este mandato por Santiago Pérez, y Unid@s Podemos, con Rubens Ascanio al frente, que asistieron a la vista con sus respectivos abogados, Sandra Rodríguez (que es además dirigente socialista) y Pedro Fernández Arcila (portavoz municipal de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife).
Admite relaciones con dos de los trabajadores que compraron la empresa
A preguntas de la juez, Celia Blanco, para esclarecer si hubo delito de tráfico de influencias, reconoció haber tenido alguna relación con dos de los trabajadores que compraron Autogrúas Poli: con Pablo Bartolomé, porque es el marido de una exempleada de la gestoría que tuvo Clavijo (Administración Ecológica SL, sociedad que administró con su esposa entre 2001 y 2007), pero que «simplemente la conocía»; con Santiago Ramos Casanova porque practicó Karate durante la adolescencia, pero que luego no mantuvo trato alguno con él excepto cuando ofició su boda, pero no recuerda si acudió al brindis que ofreció la pareja de recién casados; que con José Luis Conde López también compartió gimnasio de kárate pero «no tenía apenas relación» con él.
A diferencia de lo declarado en su día por uno de esos empleados de la empresa, el mandatario negó haberles aconsejado que la adquirieran porque fuera «un negocio bonito», aunque admitió que «sería interesante que algunos de los trabajadores continuaran» en la concesionaria del servicio, porque de manera informal, «a título informativo», esos empleados le informaban que querían comprar las participaciones de Autogrúas Poli.
«Así me lo propusieron los técnicos y así lo firmé»
Sobre la concesión del préstamo, señaló que fue la Junta de Gobierno la que lo concedió, a propuesta suya, y que decidió levantar el reparo del interventor porque «el contrato vencía ese mismo mes» (agosto de 2014) y que en ese momento no tenía conocimiento de la situación económica delicada de la empresa, pues «para ello estaba el concejal y director del servicio» (la realidad es que eran cuantiosas, cientos de miles de euros,las deudas de la concesionaria con la hacienda pública, la Seguridad Social, los empleados y otros acreedores). Y añadió que ante «una situación extraordinaria» en la que el servicio estaba intervenido por el Ayuntamiento, se prorrogó el contrato por cinco años más «para garantizar su prestación y el interés público», y que así es lo que le «propusieron y lo firmó».
En la boda de una exempleada suya
Cuestionado por la fiscal María Farnés, el presidente del Gobierno canario reconoció que estuvo en la boda del citado Pablo Bartolomé porque era el consorte de una antigua empleada suya, y ello a pesar de que cuando la juez le había preguntado indicó que esta antigua relación de empresario a trabajador «no conllevaba nada, solo la conocía». Y en cuanto a los esponsales del otro trabajador conocido suyo, Santiago, admitió que la ceremonia tuvo lugar fuera del Ayuntamiento porque aceptó celebrarla una boda «más amistosa» y que concedía esta petición de «cualquier persona» que lo solicitara.
La extraña coincidencia del domicilio de notificaciones
Sobre el hecho de que los trabajadores, cuando compraron Autogrúas Poli, dieron como domicilio para notificaciones el mismo de la empresa que había tenido Clavijo con su esposa, explicó que se la vendieron a un expresidente de una comunidad de propietarios, Tomás, del que no recuerda su apellido, ni tampoco si tuvo la misma sede que cuando él era el administrador de esa gestoría con su esposa (en un litigio laboral, esa fue la dirección que dieron estos empleados).
Aseguró Clavijo primero que no recuerda y luego que nunca leyó las obligaciones establecidas a Autogrúas Poli para cumplir el servicio pero reconoce que se intervino «por incumplimientos puntuales» del contrato y que entonces no le constaba que tuviera deudas con la Seguridad Social pero sí que los trabajadores no cobraban sus nóminas, porque los propios afectados lo comunicaron por escrito al Ayuntamiento.
Sobre la decisión de prorrogar el contrato, derivó la responsabilidad a «lo que le propone el servicio» administrativo municipal, aunque dijo no saber «dónde está regulado que dentro de la medida extraordinaria de intervención [del servicio de grúas]se pueda establecer una prórroga». Y volvió a escudarse en «los informes técnicos correspondientes y la asesoría jurídica» para justificar que no ser resolviera el contrato con Autogrúas Poli pues recalcó que él «no es letrado».
En relación a los reparos del interventor (que, por cierto, afirmó que ya no recuerda cuáles eran) alegó que no les hizo caso porque «le pareció mucho más garante para el interés general» optar por los informes de la asesoría jurídica y el servicio técnico administrativo municipal.
Al igual que la jueza, la fiscal preguntó sobre el reparo del interventor al préstamo por las deudas de Autogrúas Polí con la Seguridad Social, Clavijo manifestó esta vez que por eso se acordó la intervención municipal del servicio, pero luego volvió a aseverar que «no era consciente de las deudas» porque «no podía saberlo» si las había o no.
Declaró que tomó «la decisión que recomendó la jefa del departamento» ( en alusión a la directora del Área de Seguridad Ciudadana) «para garantizar el interés público y la prestación del servicio». A esta funcionaria, que ya no está en el Ayuntamiento y ha pasado al Gobierno canario, le endilgó Clavijo cualquier responsabilidad sobre interpretar el informe de los interventores municipales que gestionaron la empresa cuando estuvo intervenida, que, cabe recordar, informaron de las grandes deudas de la adjudicataria y advirtieron de que podía estar en bancarrota, con lo que estaba en situación de solicitar concurso de acreedores y su disolución.
«Nadie me propuso la caducidad o el rescate» del servicio
El caso es que no se sacó a concurso sino que se prorrogó el contrato con Autogrúas Poli pero que no sabe si se hizo algún estudio para calcular qué hubiera costado al Ayuntamiento o que indemnizaciones habría habido que pagar por cesar la concesión administrativo o rescatar el servicio, pero respondió a renglón seguido que estas medidas hubiesen causado daños al Ayuntamiento, como, desde su punto de vista, declaró uno de los interventores del servicio, Antonio Jesús Vera. En todo caso, apuntó que «nadie propuso ni el rescate ni la caducidad» de la concesión del servicio.
En su estrategia de derivar a los técnicos y jefes de servicio toda responsabilidad en el expediente, contestó que no sabía si la empresa incumplía gravemente el pliego de condiciones, que para eso «los encargados de comprobarlo» eran los técnicos municipales («un director de servicio y un departamento de servicio»), pero que no sabe exactamente «quién era el responsable de comprobar estas circunstancias».
Llama la atención que Clavijo afirme que no recordaba -porque no lo había leído- el informe que realizó su catedrático de cabecera, de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar, a quien el Ayuntamiento (Clavijo dice que no por iniciativa suya, sino que suponía que de los técnicos o asesores jurídicos municipales) encargó un dictamen sobre si ampliar o no la intervención de la concesionaria más allá del plazo de duración del contrato.
El caso es que se prorrogó dicha medida porque, «con posterioridad, los interventores» concluyeron que era «viable» por interés general, pero añadió que esa propuesta no la había visto y supone que está en el expediente. «Yo solo firmo lo que me proponen», enfatizó preguntado por la fiscal Farnés si conoce el artículo legal que en estos casos obligaba a la resolución del contrato.
En relación con el cambio de propietarios de la empresa, de José Padilla a sus trabajadores, dijo desconocer si se comprobó que los nuevos accionistas tenían la capacitación profesional necesaria o los requisitos del pliego de condiciones, porque «no hubo cesión de la concesión».
Asimismo, respondió que no le consta que cuando se intervino el servicio los vehículos carecieran de seguro obligatorio y de ITV, pero sí que «existían problemas de nóminas y tarjetas de transporte», y que son cuestiones que él no podía saber, sino el responsable técnico del servicio administrativo.
En una de las respuestas claves del exalcalde, indicó que a su entender los interventores municipales que gestionaban la empresa temporalmente le propusieron la posibilidad de prorrogar el contrato con la misma empresa, y que así, dijo, «lo reconoce Antonio Vera [no de esos dos funcionarios] en sede judicial «aunque también tenían «la duda» sobre si procedería resolver el contrato.
El interventor general advirtió pero a Clavijo no le basta ese informe
En una reflexión que llama la atención, dado que el interventor general sí informó en contra del préstamo, Clavijo vino a sostener que no bastaba con esa advertencia sino que el interventor, visto que se iba a levantar su reparto, si creía que había «ilegalidad manifiesta» en ello «debía haberlo manifestado en la Junta de Gobierno».
La realidad es que precisamente por la existencia de dicho informe del interventor sigue abierta esta causa penal, pues a juicio de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial este funcionario sí previno de tal irregularidad del préstamo.
Clavijo no recordaba el informe que, al mes siguiente de la intervención del servicio en 2014, dice que Hacienda se negó a fraccionar los pagos por impagos anteriores, pero reiteró que por esas deudas el Ayuntamiento tomó las riendas temporalmente de la empresa. Y subrayó que cuando se prorrogó el contrato otros cinco años ya la empresa había devuelto los 120.000 euros más intereses porque era con cargo a la facturación de agosto.
Y admitió que como fianza del préstamo se puso la propia fianza (de más de 182.000 euros) que como aval había aportado el concesionario cuando se le adjudicó el servicio (el interventor general precisamente consideró que eso no era legal, pero Clavijo declaró que no recordaba este reparo).
Discrepa de la fiscal: sin préstamo, quebranto para las arcas públicas
Y volvió a mantener Clavijo que de haber actuado como sostiene la Fiscalía, es decir, rescatar la concesión, «hubiera sido un grave quebranto para el Ayuntamiento: asumir las deudas, subrrogar a los trabajadores, un posible litigio por reclamaciones patrimoniales, incluso la posibilidad de la interrupción del servicio», cosa que, destacó, no ocurrió sino que actualmente está «en normal funcionamiento».
La realidad es que posteriormente la empresa la vendieron los trabajadores por un euro a un empresario de Adeje, José Luis Tacoronte, a cambio de un euro y este asumió los 700.00 euros de deuda de esta entidad mercantil, algo que ha llamado mucho la atención de los denunciantes, porque sin los 120.000 euros del préstamo, dichos empleados metidos a empresarios no hubieran podido mantener el contrato con el Consistorio lagunero, y, sin concesión administrativa prorrogada, consideran que no hubieran podido vender esta sociedad mercantil, con los consiguientes embargos que habrían pesado sobre ellos.
Apeló Clavijo a que en el pleno municipal en que se acordó dar el préstamo no hubo votos en contra, sino abstención de la oposición. Y nuevamente se escudó en los funcionarios: «Nadie propuso la caducidad de la concesión, ni los interventores [del servicio ], que, si lo hicieron, es responsabilidad del servicio jurídico haberlo analizado». «Ellos son los que elevan las propuestas al concejal y este a la Junta de Gobierno», mantuvo el gobernante, quien añadió que presupone que todos los informes los analizaron varios departamentos, incluyendo el de Seguridad Ciudadana y al Área Económica.
Al final del interrogatorio de la fiscal Anticorrupción, Clavijo llegó a afirmar que no compartía la pregunta de Farnés sobre si era consciente de estar prorrogando un contrato a una empresa incumplidora de sus obligaciones legales.
«Nadie propuso la caducidad del contrato»
A preguntas del abogado Víctor Díaz Domínguez (que ejerce la defensa del alcalde, José Alberto Díaz, de CC, también investigado en este caso) el jefe del Ejecutivo canario reiteró que nunca le hicieron «propuesta formal» de dar por caducada la concesión a Autogrúas Poli, ni siquiera después de otorgar la prórroga del contrato por otros cinco años.
Preguntado a continuación por el abogado Esteban Sola Reche (letrado del concejal de CC imputado Antonio Pérez Gódiño) respondió Clavijo que para levantar el reparo del interventor siguió «disposiciones jurídicas debidamente propuestas por los funcionarios correspondientes».
A preguntas de su propio letrado, Choclán Montalvo, se reafirmó que en la Junta de Gobierno, donde estaban el interventor general y el letrado municipal cuando se levantaron los reparos, «en ningún momento alguno de estos funcionarios advirtieron de la comisión de alguna actuación contraria a derecho». Y que, por tanto, ningún funcionario del Ayuntamiento le previno de alguna posible ilegalidad en todo este proceso. Incluso apuntó que a uno de los dos interventores municipales de la empresa le pareció que el interventor general había sido «excesivamente restrictivo» desde la perspectiva de «la garantía del servicio público».
Y es en este momento , a diferencia de al principio de su declaración, cuando dudó sobre quién pidió los informes jurídicos externos, en el que Clavijo pareció recordar mejor y respondió que fue la asesoría jurídica municipal («con acuerdo de la directora de área») la que propuso recabarlos, y que fue en el marco de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna.
Justificó el exregidor municipal lagunero el desequilibrio patrimonial y déficit económico que sufrió Autogrúas Poli por «la peatonalización del centro histórico, el tranvía, la propia crisis…», lo que había «disminuido mucho las peticiones de actuación de las grúas.
Y volvió a poner de relieve, por último, que no hubo quebranto para el Ayuntamiento pues el préstamo lo devolvió la beneficiaria y con un 4% de interés.
