No es solo una condena a Miguel Zerolo y a sus colaboradores necesarios. Ni es suficiente que devuelvan el dinero, que no lo van a hacer. Esto es corrupción política y funcionarial ratificada por el alto tribunal, pura y dura. No destapa la actuación puntual e ilícita de un individuo sino el modus operandi de una banda organizada que actuó con premeditación, alevosía y a plena luz del día, de miembros de un partido político en el poder, Coalición Canaria, y de funcionarios públicos a los que, todo sea dicho, no podemos mandar a casa mediante el ejercicio del voto. Corrupción, ojo, y no una mera irregularidad administrativa. Corrupción con unas implicaciones económicas y sociales enormes, imposibles de calcular. Cruel paradoja, la corrupción florece por la desbocada ambición entorno a los grandes proyectos, necesarios para impulsar el empleo y el bienestar, paralizados después por imperativo legal, pospuestos sin solución.
No sabemos qué otras cuestiones de la vida política de Santa Cruz estarán contaminadas por idéntica manera de hacer las cosas, ni siquiera si se ha investigado si tales prácticas han cesado definitivamente. Hay motivos para sospechar ya que sobreviven aun actores de aquel elenco tanto en el pleno municipal como en los despachos. Y dado que no ha sido demostrado el delito de cohecho ni figura el soborno en la prolija sentencia del Supremo, la morterada en euros, para entendernos, las perritas que cambian de manos, en lenguaje coloquial, no conocemos tampoco por qué esta gente, capaz y presumiblemente inteligente, se metió en semejante lío, ¿por amor?
Y, por último, mientras que la resolución de la Gürtel acabó con la vida política de Mariano Rajoy mediante una moción de censura imposible e irrepetible y la purga posterior en el PP, nada ha pasado en Coalición Canaria, que reniega del interfecto Zerolo, líder aclamado, consejero del gobierno, alcalde, parlamentario regional y senador por esa fuerza política. José Manuel Bermúdez, Carlos Alonso, Ana Oramas, ninguno acepta la herencia. Desentenderse no exime a CC de liquidar el impuesto de sucesiones sin bonificación: pagarán religiosamente en votos.
