PLANETA CANARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley con nuevas medidas en materia de vivienda, tras las movilizaciones desencadenadas por el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años. Los dos textos serán sometidos este viernes a un pleno extraordinario del Congreso para su convalidación.
El grueso de las medidas se concentra en un primer decreto, mientras que el segundo aborda específicamente la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual. La separación de ambas materias permitirá que el Congreso vote cada norma de forma independiente.
Entre las principales medidas aprobadas figuran:
– Protección frente a los desahucios hasta 2030. Cuando demanda una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras hipotecarias impagadas a precios claramente inferiores a su valor —la figura que el preámbulo denomina «fondo buitre»—, el juez suspenderá el procedimiento si la persona afectada es vulnerable y no dispone de alternativa habitacional. Para otros propietarios existe un régimen diferente, con intervención de las administraciones y determinadas excepciones. Además, se introduce una «enervación extraordinaria»: si una persona vulnerable afronta un desahucio por impago y la administración competente no ofrece una vivienda alternativa, deberá abonar o consignar la deuda en un plazo máximo de dos meses para evitar el lanzamiento.
– Dos años más para los contratos de alquiler que vencen antes de 2029. Los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de dos años. EFE precisa que esta prórroga no es automática, sino que debe solicitarla el arrendatario.
– Limitación de las actualizaciones del alquiler. Aquí conviene corregir mi versión anterior. Según la información más detallada publicada tras el Consejo de Ministros, cuando la renta ya supere el máximo establecido por el índice de referencia, su actualización quedará congelada, con una subida del 0 %. Para los restantes contratos, la actualización anual tendrá un tope del 2 % hasta el 31 de diciembre de 2027.
– Alquileres de temporada: máximo de doce meses y causa justificada. Será necesario acreditar por qué el contrato es temporal. Si esa temporalidad no se justifica correctamente, o se encadenan contratos temporales con el mismo inquilino, el arrendamiento podrá pasar a considerarse de vivienda habitual. Además, se extienden a estos contratos garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
– Control del alquiler por habitaciones. La suma de las rentas cobradas por todas las habitaciones no podrá superar el límite que correspondería al alquiler de la vivienda completa y los inquilinos recibirán mayores garantías legales.
– Prohibición temporal de determinadas compras especulativas. Hasta el 31 de diciembre de 2028, cualquier entidad cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles tiene limitada la compra de viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación. Hay excepciones, por ejemplo, cuando la vivienda se destine durante al menos cinco años a alquiler asequible o social o cuando la empresa esté adherida a un Código de Buenas Prácticas.
– IVA del 10 % para los pisos turísticos.
– Ayudas fiscales a inquilinos. El Gobierno plantea bonificaciones para hogares arrendatarios con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales. Según la explicación ofrecida tras el Consejo de Ministros, el ahorro podría llegar aproximadamente al equivalente de una mensualidad al año y alcanzar a alrededor de 1,6 millones de hogares. EFE Noticias
– Incentivos fiscales a propietarios que moderen los alquileres. Los caseros que reduzcan o mantengan las rentas podrán acogerse a ventajas fiscales en el IRPF, con distintas bonificaciones en función de las circunstancias establecidas por la norma.
– Préstamo público al 0 % para comprar la primera vivienda. El mecanismo denominado “Tu Casa” permitirá financiar hasta el 20 % del precio de adquisición, con un máximo de 50.000 euros, mediante un préstamo a interés cero que complementaría la hipoteca bancaria. E
– Mayor tributación de las SOCIMI. El paquete contempla elevar del 15 % al 25 % la tributación sobre determinados beneficios no distribuidos de estas sociedades, con la intención del Ejecutivo de orientar una mayor parte de su actividad hacia vivienda asequible.
– Más carga fiscal para viviendas vacías. Se amplían las posibilidades de los ayuntamientos para aplicar recargos en el IBI a viviendas que permanezcan desocupadas durante largos periodos. EFE señala específicamente la posibilidad de llegar a duplicar el IBI en viviendas cerradas durante más de tres años.
– IVA del 4 % para vivienda pública y protegida. El Gobierno rebaja al tipo superreducido del 4 % el IVA aplicado a la construcción de viviendas de promoción pública y protegida, dentro del bloque destinado a incrementar el parque asequible.
El segundo real decreto ley contiene la medida que ha generado mayores dificultades durante la negociación: la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual. El objetivo anunciado es que, mientras el inquilino cumpla sus obligaciones, la finalización del plazo contractual no implique por sí misma tener que abandonar la vivienda.
El Gobierno ha señalado que existirán causas justificadas y salvaguardas que permitirán al propietario recuperar el inmueble.
aprobación se produce después de varios días de protestas provocadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, del piso del barrio madrileño de Retiro donde residía bajo un contrato de renta antigua. Una de las manifestaciones celebradas en Madrid reunió a unas 25.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno recogidos por Europa Press, y posteriormente se instaló una acampada en la Puerta del Sol.
Los dos decretos afrontan ahora un trámite decisivo: el Congreso celebrará este viernes un pleno extraordinario para decidir por separado su convalidación o derogación.
