VICENTE PÉREZ
La jueza del caso Grúas, Celia Blanco, ha rechazado la comparecencia como testigo del que fuera primer dueño de la empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos de las vías públicas, José Padilla, a pesar de que la habían solicitado las diversas partes de la acusación: Unidas Se Puede y XTF-NC y la propia Fiscal Anticorrupción, María Farnés. Sí ha llamado a otros 12 testigos.
Los partidos denunciantes del caso han confirmado a PLANETA CANARIO que han recurrido esta decisión de dejar fuera a Padilla, dado que consideran muy relevante que ratifique en sede judicial distintas afirmaciones que ya ha hecho fuera de ella (ante la Guardia Civil, ante la comisión de investigación municipal sobre este asunto y en un medio de comunicación) con relación a supuestas presiones recibidas desde el Ayuntamiento e incluso del entonces alcalde, Fernando Clavijo (hoy presidente del Gobierno canario, e investigado en esta causa).
Padilla ha llegado a manifestar que se veía obligado a contratar a trabajadores mientras fue el dueño de la concesionaria, incluyendo a los que luego le compraron Autogrúas Poli cuando estaba al borde de la bancarrota, y que ya eran sus dueños cuando esta recibió un préstamo de 120.000 euros del consistorio.
Este préstamo, pese a que fue devuelto con intereses, es la clave del caso, pues el interventor general del Ayuntamiento advirtió de su ilegalidad y Clavijo levantó el reparo apoyándose en otros informes técnicos. Están imputados también el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el edil Antonio Pérez Godiño (ambos de CC).
Precisamente la magistrada instructora ha citado como «investigada por posible cooperación en el delito de prevaricación investigado» a la funcionaria Rosario Hernández Eugenio, que era directora del área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna (el pasado año cambió de destino, y se fue a la Administración autonómica). Ella firmó algunos de esos informes claves en los expedientes que están siendo investigados.
La decisión adoptada entonces fue la concesión del préstamo y renovar la concesión del servicio a esta empresa, en lugar de la rescisión del contrato por sus incumplimientos, como creen los denunciantes que hubiera sido lo correcto. En cambio, Clavijo ha sostenido que el expediente fue «un éxito» no solo político sino de los funcionarios porque se intervino la empresa temporalmente y el servicio se mantuvo sin que costara quebranto a las arcas municipales.
Padilla afirmó que Clavijo actuaba «como si la empresa fuera de él»
Ante Radio San Borondón, el 17 de enero de 2014, Padilla declaró que desde el Ayuntamiento de La Laguna le «amenazaban» con quitarle la empresa, que le dijeron que Clavijo con él no quería hablar, y que de los 18 trabajadores que tenía en la empresa él solo pudo contratar por elección suya a dos. «Una vez en que yo iba a meter a uno, me llama el alcalde [Clavijo] por teléfono me dice que no volviera a hacer eso más, que cuando fuera a meter una persona contara con él, como si la empresa fuera de él», manifestó a dicha emisora de radio.
En otro momento de la entrevista, el empresario sostiene: «El Ayuntamiento lo que quería es que esos siete [trabajadores] cogieran la empresa, no entiendo porqué» y posteriormente afirma que «esos trabajadores los metió el alcalde, no los elegí yo». Se quejó de que «casi todos los concejales del Ayuntamiento son unos chorizos, es la pura verdad; lo que me hicieron fue un crimen […]; me ha pasado de todo, lo peor de mi vida ha sido coger [ese servicio]» y apostilló: «Yo puse el dinero y no era nadie».
En la misma entrevista también declaró: «Voy a decir una cosa bastante grave, pero lo voy a decir: el alcalde y los concejales se iban a comer con los jueces, y la comida la pagaba yo. A mi me daba lo mismo, porque con lo que me han hecho ya es como si me hubieran matado».
La lista de testigos que la jueza ha citado para declarar entre el 10 de junio y el 7 de julio son Estanislao González, director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento; Ceferino José Marrero, director de la Asesoría Jurídica municipal; Javier de la Cruz Aguiar, tesorero; Rosa María Paz, jefa de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Pedro Campos, jefe del servicio administrativo de Movilidad; Manuel Ortega, director insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife; Juan Ignacio Viciana, ex concejal de la oposición; Sara Gómez, directora de Gestión; Marta Rodríguez, jefa de Contabilidad, Isabel Cubas, funcionaria y a un representante de la empresa Muvisa.
La defensa de Clavijo pide el archivo del caso
El abogado contratado por el presidente del Gobierno de Canarias, José Antonio Choclán, ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones pues considera que tras las diferentes testificales, incluida la del propio exalcalde, ha quedado acreditado que no ha cometido ningún ilícito penal, según informo la cadena SER.
En cuanto a la prevaricación administrativa, Choclán afirma que todo el expediente se siguió conforme a la legalidad y al interés público, y alega que en el momento de adjudicarse la concesión, el concesionario estaba al corriente del pago de deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Sobre la presunta malversación de caudales públicos, el letrado de Clavijo replica que el citado tipo penal no se produce de «ninguna de las maneras ni de forma imaginaria ni remota en la situación expuesta, hasta el punto que no llegamos si quiera a entender, como pretende el Ministerio Público».
Y sobre el tráfico de influencias, Choclán sostiene, según la SER, que Clavijo no influyó en autoridad o funcionario para que beneficiase a alguno de los trabajadores de Autogrúas Poli, por lo que le parece «inconsistente y frívolo» que se use como indicio «invocar las clases de kárate de la adolescencia» del presidente del Gobierno con algunos de los trabajadores que compraron la concesionaria.
