VICENTE PÉREZ / ESAÚ HERNÁNDEZ / DAVID CUESTA
Más de 10.000 inmuebles que para los funcionarios especializados en la materia en el Cabildo de Tenerife tienen valores de patrimonio cultural canario y, por lo tanto, deberían tener un grado de protección, pero se hallan en este momento sin garantías de que puedan conservarse, no figuran en los catálogos aprobados por los ayuntamientos, o no hay constancia de que lo vayan a estar en los que se encuentran en elaboración.
Esta es la preocupante cifra de bienes históricos que están en riesgo de ser derribados o alterados por licencias de obras que puedan conceder los consistorios. Se trata de una cantidad orientativa, que puede ser revisada a la baja o al alza al tratarse de un guarismo elaborado a partir de datos provisionales facilitados por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño a planetacanario.com y mirametv.com, pero que en todo caso refleja la enorme, extraña y, en ciertos casos, sospechosa discrepancia entre la Administración insular y los ayuntamientos a la hora de catalogar el patrimonio histórico.
Las cifras municipio a municipio
Entre los municipios donde esta disparidad entre instituciones es mayor se encuentra La Laguna, que presume además de Patrimonio de la Humanidad, pues al Catálogo del Plan General de Ordenación (PGO) que se venía elaborando en los últimos mandatos, el Cabildo ha propuesto añadir otros 452 bienes más otros 142 en la revisión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, es decir, 692 edificaciones que para los técnicos de la Administración insular merecen protección no la tendrían si la decisión fuera municipal. A estos se unen los 550 en el caso de la capital tinerfeña (más de una veintena, al menos, ya derribados).
Otro municipio con carencias en la protección es Los Realejos, donde el Cabildo propone catalogar 143 inmuebles más. Lo mismo ocurre con Arafo, con 105 construcciones históricas que, si fuera por la propuesta inicial del Ayuntamiento en la revisión del planeamiento, no tienen valores que preservar, y otros 103 en el caso de San Miguel de Abona. Lo mismo pasa con 80 en Vilaflor, 75 en La Victoria, 63 en Puerto de la Cruz, 62 en Santa Úrsula, 38 en El Sauzal, 34 en Tegueste y 22 en Santiago del Teide. En estos casos la cifra está ajustada, porque el Cabildo ha hecho informes y conoce la última propuesta de los respectivos consistorios.
Para llegar a los más de 10.000 inmuebles antiguos con potenciales valores patrimoniales que se hallan en el limbo, se trata de una suma de los previstos para catalogar en municipios de los que el Cabildo no tiene información y se añaden los datos que constan en los inventarios e informes del servicio de Patrimonio Histórico.
Hay que matizar que estos inventarios son el resultado del trabajo de los funcionarios del Cabildo expertos en esta materia más el de personal externo que se ha ido contratando desde el 2008, y cuyas propuestas aún deben ser filtradas para verificar si los inmuebles tienen suficientes valores para su catalogación. Si bien es cierto que esto podría reducir la cifra de inmuebles que el Cabildo defienda proteger, debe considerar que en la cifra de 10.100 no figuran los bienes de municipios donde el Cabildo no ha realizado inventarios aún o los que ha hecho están incompletos, o son los inventarios municipales los que lo están.
Con tales salvedades, a la espera de una verificación por parte del Servicio Insular de Patrimonio Histórico sobre el grado de coincidencia con los ayuntamientos, el Cabildo defiende dar protección a 499 bienes en Tacoronte, 389 en La Orotava, 185 en La Matanza (65 protege el consistorio), 173 en San Juan de la Rambla, 98 en La Guancha (en estos dos últimos municipios el Cabildo advierte de que «faltan muchos inmuebles»), 635 en Icod de los Vinos (en este caso se trataría de contrastar la propuesta insular con la municipal), 52 en Garachico fuera del conjunto histórico, 116 en El Tanque, 25 en Los Silos, 18 en Buenavista (municipio con un catálogo «claramente insuficiente»), 248 en Adeje, 316 en Arona (sin informe emitido aún por el Cabido),172 en Arico (no hay aún informe insular), 219 en Fasnia (el Catálogo «está incompleto»), 233 en Güímar (el inventario realizado es aún parcial, solo en Agache) y El Rosario («inventario incompleto», para el Cabildo, con 54 bienes).
De algunos municipios el Cabildo carece de listado propio de inmuebles que proteger, como es el caso de Candelaria, aunque el catálogo municipal está «incompleto», Güímar (solo existe inventario insular para la zona de Agache) o Granadilla («no hay cifra de bienes fiable», según el servicio insular de Patrimonio Histórico).
Una diferencia de criterio que invita además a pensar en el riesgo de la picaresca, pues la decisión de proteger un inmueble puede limitar de forma considerable las expectativas de negocio en una parcela, lo que hace que, en un mismo municipio, o entre municipios diferentes, se puedan encontrar fácilmente construcciones desprotegidas legalmente con iguales o superiores valores patrimoniales que otras sí protegidas como patrimonio histórico. Un caldo de cultivo para la arbitrariedad en las catalogaciones por pura especulación urbanística motivada por intereses particulares en algunos casos y no por el interés general.
Santa Cruz, solo la punta del ‘iceberg’ insular
Los datos oficiales recabados para este reportaje demuestran que solo es la punta del iceberg la polémica surgida en los últimos años en Santa Cruz de Tenerife, donde en el pasado mandato el Ayuntamiento y el Cabildo se enfrentaron porque hay más de 500 inmuebles que desde hace 13 años los funcionarios insulares especializados en la materia vienen proponiendo catalogar -es decir, dar un grado de protección- , de los que varias decenas ya han sido demolidos.
Solo la presión de asociaciones culturales y política hizo que el anterior gobierno local que presidía José Manuel Bermúdez (CC-PP) que, con la nueva revisión del PGO chicharrero en marcha, suspendiera las licencias de obras que pudieran afectar a ese medio millar, en tanto se elabora un nuevo catálogo.
El problema para el patrimonio histórico sin protección legal proviene de que hasta ahora los cabildos hacían informes que solo eran preceptivos, no vinculantes, en la elaboración de los planes generales de ordenación de los municipios, excepto en los planes especiales de protección de conjuntos históricos, donde la institución insular sí o sí tenía que dar su visto bueno al listado de inmuebles protegidos.
Pero este marco jurídico ha cambiado, de modo que desde junio pasado, el criterio técnico del Cabido de Tenerife es vinculante en la planificación que hagan los ayuntamientos, e incluso las Administraciones insulares pueden elaborar su propio catálogo de bienes protegidos donde incluir aquellos en los que los ayuntamientos, motu proprio, no quieran dar un grado de protección.
Pero los Cabildos adolecen de la falta de personal para hacer estos informes para los planes generales y además elaborar los nuevos catálogos insulares de bienes que prevé esta nueva ley, otra vía para protegerlos directamente. Esta carencia de medios puede convertirse en un serio problema para la aplicación de la nueva legislación.
En el caso del Cabildo tinerfeño, la plantilla de este servicio es insuficiente para estas nuevas tareas, y precisaría de al menos el triple que ahora. La actual dedica el 85% del tiempo a responder solicitudes, por lo que la consecuencia es que el Cabildo informaría en contra del PGO o catálogo del que no pudiera hacer un informe por falta de medios.
Tres años para actualizar los catálogos
Lo cierto es que con la nueva ley, los catálogos de edificios protegidos tendrán que estar actualizados en el plazo de tres años, lo que permite a los cabildos hacer valer de nuevo, e incluso mejorar, si contaran con personal suficiente, los informes hechos en el pasado y que con el anterior marco jurídico no fueron tenidos en cuenta por los ayuntamientos, dejando miles de inmuebles con potenciales valores de patrimonio histórico y además sin explicar caso por caso las razones de tal decisión.
Hasta el momento, el Cabildo de Tenerife, a través de su Unidad Técnica del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, ha propuesto catalogar 10.466 bienes en toda la isla, la inmensa mayoría en los informes realizados durante los trámites de elaboración de los planes generales y algo más del 10% en los planes especiales de los cascos históricos.
En una charla organizada por la Asociación Nuestro Patrimonio, el jefe de sección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño, José Carlos Cabrera, criticó que hasta ahora, en que los informes insulares habían sido solo preceptivos pero no vinculantes, ningún Ayuntamiento ha respondido al Cabildo de forma motivada las razones por las que no acepta las catalogaciones propuestas, y simplemente se han limitado a no catalogar inmuebles aprovechando que el criterio de los funcionarios cabildicios no era obligatorio tenerlo en cuenta.
Cabrera apunta además que existe una contradicción entre la Ley de Patrimonio Cultural nueva, según la cual si no incorpora un catálogo, un Plan General de Ordenación es nulo, y la Ley del Suelo canaria, que permite la aprobación de su planeamiento general sin que exista un catálogo, que puede ser posterior, «con lo cual un municipio tiene así todo su patrimonio inmueble vendido, sin protección alguna».
Subraya el funcionario que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual debe primar una ley especializada (como es el caso de la de Patrimonio Cultural) sobre una generalista (como sería la del Suelo), pero en cambio, en Canarias se ha aplicado el criterio de la temporalidad, es decir, la nueva ley prevalece sobre la anterior.
Arquitectos frente a historiadores
Por otra parte, un factor que influye en proteger más o menos inmuebles es el hecho, según Cabrera, de que los arquitectos son en general los que hacen las catalogaciones, pero tienen visiones distintas a los de los historiadores, «que no solo nos fijamos en los valores constructivos, arquitectónicos, de calidad artística, sino que vamos a más allá y valoramos también la arquitectura más popular, con acabados y materiales más modestos, pero que formaron parte de grupos desfavorecidos que conforman una arquitectura interesante de la que debe quedar testimonio».
También llama la atención Cabrera sobre «el cinismo» que existe en las catalogaciones, pues «en suelo urbano, donde hay una casa tradicional, propietarios, arquitectos, ingenieros y políticos rechazan que se le dé un grado de protección, pero si está en suelo rústico, como la Ley del Suelo y la normativa turística dice que la única posibilidad de usarla es que tenga valor patrimonial, pues ahí sí nos piden que la cataloguemos», lo cual , a su juicio, «tiene mucha hipocresía, porque el valor histórico es el mismo en ambos tipos de suelo, pero se prefiere una cosa u otra en función de aprovechamientos».
