PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
PLANETA CANARIO
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá una moción en el Pleno de este viernes, 24 de julio, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para crear una comisión de investigación sobre la gestión del servicio público del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.
La propuesta surge a raíz de conocerse en las últimas semanas una nueva irregularidad a las ya consabidas: desde 2007 cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial.
A Trujillo le resulta «realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal» pues » hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA».Una retribución para el edil «absolutamente desproporcionada, fuera de toda comparación con el mercado».
El pasado 18 de mayo, según recuerda el concejal en su moción, el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos advirtió de la gravedad de este asunto, al a vista de que ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con la multinacional permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por EMMASA a SACYR.
Para el portavoz de Unidas Podemos, a la gravedad de este hecho se une el «desconcertante descontrol que ha permitido ignorarlo al Pleno del Ayuntamiento».
Y a su juicio “también debiera ser objeto de preocupación que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal».
El controvertido historial de la privatización de Emmasa incluye también un dictamen pericial, al que alude la moción, encargado con motivo del procedimiento promovido ante el Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el que se concluye que de 270 subcontrataciones efectuadas por Sacyr Vallehermoso entre 2006 y 2012, un total de 121 incumplió las prohibiciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas», con un perjuicio de algo más de 5 millones de euros.
Ese mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de los 29,8 exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.
Trujillo menciona además que a Sacyr se le han impuesto sanciones en dos ocasiones, en un caso por 450.000 euros y en otro 150.000 euros.
Por todo ello, el portavoz de Unidas Podemos tiene «claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable; y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato».
El alcalde, José Manuel Bermudez, antes de volver a empuñar el bastón de mando tras la moción de censura, manifestó que nunca tuvo conocimiento de ellas durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019), aunque tanto la exalcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), como la exprimera teniente de alcalde, Matilde Zambudio (Cs) lo acusaron en el último pleno de ser sabedor de estas irregularidades en el pasado mandato.
El líder de CC-PNC ha alegado que no fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de CC), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que ha permitido descubrir este asunto, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos, según publica Canarias Ahora.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta», afirma, «a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”.
