VICENTE PÉREZ
La ausencia de protección de más de 550 inmuebles que para los funcionarios del Cabildo de Tenerife merecen preservarse, en la mayoría de los casos sus fachadas, saltó en diciembre de 2017 a la actualidad, cuando el consistorio autorizó demoler tres de esas edificaciones en el antiguo barrio de Miraflores. Finalmente fueron demolidas, a pesar de que la consejera de Patrimonio Histórico insular, Josefa Mesa (PSOE), ordenó suspender los derribos de forma cautelar, usando su potestad legal que solo permite paralizarlos un mes, pues el consistorio permitió reanudar la actividad de las piquetas con un informe exprés encargado a la fundación CICOP que contradecía al Cabildo.
Una de las muchas preguntas que surgieron entonces es cómo es que si desde 2006 y 2010 el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, en gruesos informes, propuso catalogar, es decir, dar un grado de protección a todas construcciones, solo 20 fueron protegidos y ya en ese intervalo de 4 años se habían demolido 19, por lo que desde 2010 a la actualidad la cifra ha crecido, al menos con los tres ya desaparecidos en Miraflores.
Las voces que desde la sociedad civil y desde varios partidos políticos hicieron un llamamiento al gobierno municipal para atajar esta deriva finalmente han surtido efecto, pues está encargada ya una nueva revisión del Catálogo de Protección de Patrimonio Histórico, paralela a la del Plan General de Ordenación (PGO), en la que tanto CC y PP admiten la necesidad de atender las indicaciones del Cabildo, que, aunque sean preceptivas y no vinculantes fuera de los conjuntos históricos (dentro de estos es obligatorio el visto bueno insular), nunca fueron respondidas con contrainformes técnicos que analizaran caso por caso el motivo por el que no se protegían tantos inmuebles.
Lo ocurrido con las no catalogaciones en la capital tinerfeña genera muchas dudas cuando se bucea en los expedientes administrativos. Suspicacias inevitables cuando se trata de una materia en la que proteger o no proteger, puede generar, respectivamente, reducidos o pingües negocios urbanísticos (no es lo mismo poder rehabilitar una casa histórica de una o dos plantas que derribarla para construir cinco o seis)
Los planes del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles Pino del Oro
Y más cuando en los borradores de los planes especiales de protección de los conjuntos históricos del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro, que salieron a exposición pública en su trámite ambiental el varano pasado, hasta 130 inmuebles quedan sin protección efectiva de aquellos más de 500 que viene pidiendo catalogar los funcionarios del Cabildo, y sobre los que hasta 2015 habían logrado ya un acuerdo con los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo para catalogarlos como patrimonio histórico.
Pero la redacción de ambos planes, tras las elecciones de ese año y con el PP en la Gerencia de Urbanismo, fue retirada a los funcionarios con el trabajo ya iniciado y sacados a concurso público, de modo que fueron adjudicados a arquitectos externos, que cambiaron el criterio ya existente, unificado, de los técnicos de ambas administraciones públicas. El giro es tal que esos nuevos redactores del plan del Antiguo Santa Cruz, han propuesto una categoría de «protección documental» según la cual cerca de una treintena de construcciones históricas de entre los siglos XVIII y XX que antes se iban a conservar ahora bastará con hacerles fotos y planos para dejar constancia de que existieron, antes de ser demolidas. De forma presta, Cabildo y Gobierno canario alegaron en contra de esta pretensión.
Los inmuebles «susceptibles de futura catalogación»
De vuelta a los orígenes de esta controversia, hay que recordar que en 2011, los redactores del PGO que venía tramitándose desde la época de Miguel Zerolo (CC) como alcalde, entre ellos Juan Manuel Palerm (nombre que conviene recordar para un avatar que vendrá años más tarde), decidieron no catalogar esos 500 inmuebles: Pero tampoco les negaron valor, sinoque los incluyeron en un nuevo tomo en el PGO de «susceptibles de futura catalogación».
Fuentes conocedoras del caso han indicado que en esa época, tras años de tortuosa tramitación del planeamiento, entre el Cabildo y el Ayuntamiento hubo entonces un acuerdo, no escrito, para que ese proceso motivado de catalogación o no se hiciera en el futuro y no se demorara así más la aprobación del PGO.
Por tanto, el gobierno del Cabildo de entonces, de la que formaba parte el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, de CC (poco después cambiaría su cargo cabildicio por el bastón de mando, tras los comicios de 2011), decidió no impugnar el plan capitalino pese a esta llamativa desproporción entre lo que para el redactores externos del PGO consideraban patrimonio histórico y el criterio de los funcionarios de la Administración insular.
Cuando el PGO llegó ese año a la ponencia técnica Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (PGO), por esas fechas, determinó que «inmuebles susceptibles de catalogación» no era nada, ninguna figura jurídica, pues la susceptibilidad es un concepto inexistente en esta materia. O se es o no se es. O se preserva o no se preserva.
La respuesta del Ayuntamiento, ya en el anterior mandato, fue retirar el tomo del Plan General que contenía ese fichero de construcciones potencialmente patrimoniales, alegando que la Cotmac había pedido su retirada, pero sin hacer una valoración técnica, inmueble por inmueble, sobre si debían protegerse o no, que contradijera los informes del Cabildo. No solo no hubo luego revisión del Catálogo de Patrimonio Histórico sino que continuaron dándose licencias de demolición en inmuebles incluidos en esa lista, entre ellos los de Miraflores que fueron pastos de la piqueta a principios del 2018.
La polémica por los derribos en Miraflores
A mediados de 2017, tras anunciar el Ayuntamiento que se iban a demoler todos los edificios antiguos de Miraflores, la asociación Nuestro Patrimonio solicitó un pronunciamiento a dicho servicio del Cabildo sobre los valores patrimoniales aún presentes en ese barrio, y la respuesta fue un informe, emitido en agosto de ese año, que defendía catalogar seis inmuebles, tal cual ya venía proponiendo en 2006 y 2010.
En junio de 2017, el Pleno municipal acordó por unanimidad, a iniciativa de SSP e IUC, que se revise el catálogo de inmuebles protegidos teniendo en cuenta los criterios técnicos del Cabildo, una vez se constituyera el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Tal revisión ya se ha encargado a un equipo redactor externo, paralela a la del PGO, que ha tenido que revisarse por una sentencia judicial, aún no firme, pero que lo puede ser próximamente. E incluso, en una medida de extraordinaria importancia, el Consistorio ha decidido suspender la concesión de licencias de demolición en esos cientos de inmuebles susceptibles de tener valores patrimoniales, entre tanto se elabora el nuevo catálogo.
La asociación Nuestro Patrimonio hizo llegar ese nuevo informe del Cabildo, sobre Miraflores, en octubre de 2017 a los responsables públicos de Urbanismo y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento y fueron publicados en las redes sociales y en medios de comunicación; y en todo caso los presentó por el Registro Municipal en 2018.
Pero en diciembre de 2017 comenzó el derribo de un inmueble en la calle de Puerta Canseco (barrio de Miraflores), con licencia municipal, y el Cabildo ordenó parar las obras de forma cautelar, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico. Solo las podía paralizar temporalmente, pero el Ayuntamiento carecía de informes técnicos que justificaran que no tenían valor, y los tuvo que encargar sobre la marcha a la fundación CICOP, con la que mantiene un acuerdo de colaboración remunerado, ya con la demolición iniciada.
El Ayuntamiento recurrió entonces en los tribunales la suspensión cautelar, alegando que el Cabildo usa esa potestad legal de forma arbitraria, en este caso con la intención de además de que una sentencia favorable a sus pretensiones sirviera para todos los demás 500 casos. Desde el gobierno municipal formado por CC y PP se había cuestionado el papel de la consejera de Patrimonio Histórico y los técnicos del Cabildo, a quienes el alcalde acusó de aplicar criterios fundamentalistas y alterar la seguridad jurídica de los propietarios.
Pero la Justicia, en primera instancia, ha dado la razón al Cabildo en que actuó correctamente, sin entrar en si estuvo bien o no que luego se derribaran, pues no era el objetivo del contencioso, sino la mera suspensión cautelar. No obstante, la paz judicial no ha llegado aún entre ambas administraciones.
El cuestionado papel del CICOP, aval de los derribos
Con las demoliciones en Miraflores, desaparecieron tres inmuebles históricos en la calle de Puerta Canseco, obra de arquitectos tan conocidos como Antonio PIntor o Domingo Pisaca, gracias a un informe técnico de la fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), firmado por siete expertos, la mayoría no residentes en Canarias, pero con un desarrollo que no pasaba de poco más de dos páginas.
Sobre este pronunciamiento del CICOP hizo un demoledor informe el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo en el verano de 2018, en el que concluía que esta fundación privada ha usado argumentos «falsos» como que los inmuebles no tienen valor si no forman parte de un conjunto (los edificios tienen valor en si mismos, dice el Cabildo), que se trata de un barrio de casas humildes (las que quedan en pie no lo son), que el Plan General prevé edificios de mayor volumetría (cuando es el planeamiento el que debe adaptarse a los valores históricos, y no al revés, para los funcionarios insulars), que hay malestar vecinal por su mal estado (pero los edificios se rehabilitan y cambia esa percepción social), que no se había hecho nada por conservarlos (cuando el informe del CICOP lo firman, entre otros, el propio redactor del PGO, Juan Manuel Palerm, que fue quien no quiso catalogarlos pero reconoció en 2011 que eran susceptibles de catalogar) y además no se hace un análisis histórico de cada edificación.
El alcalde reconoce ahora valores históricos en Miraflores
En Miraflores aún a día de hoy quedan tres inmuebles históricos en pie pero con un proyecto de urbanización pendiente sobre ellos, promovido por construcciones Daltre, pero el gobierno municipal, a pesar de que también el CICOP ha avalado que se pueden derribar, ha cambiado de criterio y el propio Bermúdez considera ahora que sus fachadas merecen ser protegidas.
Entre ellas figura la Casa Pérez Soto, primera sede de la antigua Caja de Ahorros de Canarias y la Casa Clavijo, un ejemplo de modernismo destacado entre los edificios históricos más sobresalientes de Santa Cruz por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna Alberto Darias. Así lo dejó escrito en un voluminoso libro editado por el propio Ayuntamiento en 2004. En estos casos, los proyectos fueron concebidos por destacados arquitectos en la historia santacrucera, Antonio Pintor y Domingo Pisaca.
Incluso el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (del PP), que desde un principio discrepa abiertamente del proteccionismo que enarbola el Cabildo porque, según el edil, ataca derechos adquiridos y a su juicio llegó a destiempo, ha terminado por reconocer que en la tramitación anterior de PGO algo se hizo mal con estos 500 inmuebles porque no se revisó uno por uno si tenían valores.
Tarife se ha preguntado por qué el concejal del PSOE, José Ángel Martín, cuando estuvo al frente de Urbanismo en el periodo 2011-2015 en cogobierno con CC, no resolvió este asunto. En los últimos meses la postura del edil de PP se ha suavizado algo en la forma, al punto de que ha dicho que acatará los informes del Cabildo sobre el Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino del Oro, donde, de todos modos, el criterio de los informes insulares es vinculante.
La realidad es que en el presente mandato Martín, esta vez en la oposición, ha hecho causa común con otros partidos de la oposición santacrucera, SSP y IUC en defensa de la postura de la consejera de Patrimonio HIstórico del Cabido, e incluso se ha comprometido, junto a la candidata de su partido a alcaldesa, Patricia Hernández, a dar un grado de protección, «a los 500 inmuebles y más si hace falta».
