NOÉ RAMÓN
El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de la imputación al exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, como cómplice del presunto delito de malversación de fondos públicos.
La decisión va en la línea de lo pedido por su defensa, la Fiscalía y el Cabildo y la propia entidad personados como acusación particular. Tan sólo se opuso la acusación popular integrada por el grupo de Podemos en la institución insular que solicitó la apertura de juicio oral con el exgerente como investigado.
Aunque se tiene constancia de que García Díaz fue informado verbalmente en 2013 por miembros del equipo de contabilidad de que se estaban produciendo anomalías en la entrada de fondos, no ha quedado acreditado que tuviera responsabilidad alguna en los hechos. “No consta que fuera advertido expresamente de que se estaban sustrayendo caudales públicos sino de que fue alertado de la existencia de irregularidades contables en general y de que no las corrigió”.
El auto hecho público ahora refleja que estos delitos, “siempre pasan porque alguien no hace bien su trabajo, no controla, pero ello no justifica por si solo la existencia de dolo”. Únicamente se reprocha al eximputado que no demostró un celo suficiente en el desarrollo de su labor, pero acto seguido se matiza que esta actitud no es suficiente como para seguir manteniendo contra el exgerente los cargos de malversación de fondos públicos.
En su momento, el Cabildo tampoco presentó ningún tipo de reclamación de responsabilidad civil en su contra. Además de penas de cárcel la Fiscalía requiere la devolución de todo el dinero que iba destinado a las personas discapacitadas de la isla y que ya supera los 1,2 millones de euros. Las previsiones son que en unos meses se celebre la vista con jurado.
NOÉ RAMÓN
El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de la imputación al exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, como cómplice del presunto delito de malversación de fondos públicos.
La decisión va en la línea de lo pedido por su defensa, la Fiscalía y el Cabildo y la propia entidad personados como acusación particular. Tan sólo se opuso la acusación popular integrada por el grupo de Podemos en la institución insular que solicitó la apertura de juicio oral con el exgerente como investigado.
Aunque se tiene constancia de que García Díaz fue informado verbalmente en 2013 por miembros del equipo de contabilidad de que se estaban produciendo anomalías en la entrada de fondos, no ha quedado acreditado que tuviera responsabilidad alguna en los hechos. “No consta que fuera advertido expresamente de que se estaban sustrayendo caudales públicos sino de que fue alertado de la existencia de irregularidades contables en general y de que no las corrigió”.
El auto hecho público ahora refleja que estos delitos, “siempre pasan porque alguien no hace bien su trabajo, no controla, pero ello no justifica por si solo la existencia de dolo”. Únicamente se reprocha al eximputado que no demostró un celo suficiente en el desarrollo de su labor, pero acto seguido se matiza que esta actitud no es suficiente como para seguir manteniendo contra el exgerente los cargos de malversación de fondos públicos.
En su momento, el Cabildo tampoco presentó ningún tipo de reclamación de responsabilidad civil en su contra. Además de penas de cárcel la Fiscalía requiere la devolución de todo el dinero que iba destinado a las personas discapacitadas de la isla y que ya supera los 1,2 millones de euros. Las previsiones son que en unos meses se celebre la vista con jurado.
NOÉ RAMÓN
El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de la imputación al exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, como cómplice del presunto delito de malversación de fondos públicos.
La decisión va en la línea de lo pedido por su defensa, la Fiscalía y el Cabildo y la propia entidad personados como acusación particular. Tan sólo se opuso la acusación popular integrada por el grupo de Podemos en la institución insular que solicitó la apertura de juicio oral con el exgerente como investigado.
Aunque se tiene constancia de que García Díaz fue informado verbalmente en 2013 por miembros del equipo de contabilidad de que se estaban produciendo anomalías en la entrada de fondos, no ha quedado acreditado que tuviera responsabilidad alguna en los hechos. “No consta que fuera advertido expresamente de que se estaban sustrayendo caudales públicos sino de que fue alertado de la existencia de irregularidades contables en general y de que no las corrigió”.
El auto hecho público ahora refleja que estos delitos, “siempre pasan porque alguien no hace bien su trabajo, no controla, pero ello no justifica por si solo la existencia de dolo”. Únicamente se reprocha al eximputado que no demostró un celo suficiente en el desarrollo de su labor, pero acto seguido se matiza que esta actitud no es suficiente como para seguir manteniendo contra el exgerente los cargos de malversación de fondos públicos.
En su momento, el Cabildo tampoco presentó ningún tipo de reclamación de responsabilidad civil en su contra. Además de penas de cárcel la Fiscalía requiere la devolución de todo el dinero que iba destinado a las personas discapacitadas de la isla y que ya supera los 1,2 millones de euros. Las previsiones son que en unos meses se celebre la vista con jurado.
NOÉ RAMÓN
El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de la imputación al exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, como cómplice del presunto delito de malversación de fondos públicos.
La decisión va en la línea de lo pedido por su defensa, la Fiscalía y el Cabildo y la propia entidad personados como acusación particular. Tan sólo se opuso la acusación popular integrada por el grupo de Podemos en la institución insular que solicitó la apertura de juicio oral con el exgerente como investigado.
Aunque se tiene constancia de que García Díaz fue informado verbalmente en 2013 por miembros del equipo de contabilidad de que se estaban produciendo anomalías en la entrada de fondos, no ha quedado acreditado que tuviera responsabilidad alguna en los hechos. “No consta que fuera advertido expresamente de que se estaban sustrayendo caudales públicos sino de que fue alertado de la existencia de irregularidades contables en general y de que no las corrigió”.
El auto hecho público ahora refleja que estos delitos, “siempre pasan porque alguien no hace bien su trabajo, no controla, pero ello no justifica por si solo la existencia de dolo”. Únicamente se reprocha al eximputado que no demostró un celo suficiente en el desarrollo de su labor, pero acto seguido se matiza que esta actitud no es suficiente como para seguir manteniendo contra el exgerente los cargos de malversación de fondos públicos.
En su momento, el Cabildo tampoco presentó ningún tipo de reclamación de responsabilidad civil en su contra. Además de penas de cárcel la Fiscalía requiere la devolución de todo el dinero que iba destinado a las personas discapacitadas de la isla y que ya supera los 1,2 millones de euros. Las previsiones son que en unos meses se celebre la vista con jurado.
