PLANETA CANARIO
La cifra de demandantes de vivienda de promoción pública en Canarias llegó a los 30.000 hace una década. El boom inmobiliario anterior a la crisis económica y la facilitad conque la banca daba entonces créditos hipotecarios parecía haber hecho pasar a mejor vida las viviendas de protección oficial. Y con la crisis económica, las administraciones públicas dejaron de construirlas, pues los gobiernos autonómicos anteriores optaron por dar ayudas al alquiler, en lugar de edificar nuevas promociones de pisos. El resultado de todo ello es que la precariedad salarial y la elevación del coste de los alquileres (en zonas turísticas espoleado además por el alquiler vacacional) está haciendo complicado, cuando no imposible, el acceso a una casa para muchos miles de canarios.
El Gobierno canario (formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera) esta promoviendo un Pacto Social y Político por el Derecho al una Vivienda Digna en Canarias. “Lo que persigue esta pacto es garantizar la función social de la vivienda a través de varias acciones, como la promoción del alquiler, la construcción de nuevas viviendas, el impulso a la rehabilitación, y la movilización de las viviendas vacías”, ha explicado el consejero de Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis (PSOE), tras una reunión con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Franquis está recabando apoyos para esta iniciativa, y uno de los más entusiastas hasta ahora ha sido el de la patronal de empresas y profesionales de la construcción en la provincia occidental, Fepeco. Su presidente, Óscar Izquierdo, mantuvo recientemente un encuentro con el consejero así como con José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario.
Fepeco, que en otros aspectos de la economía siempre aboga por medidas liberales -sobre todo en cuanto a reducción de burocracia y legislación- en cambio en este asunto se mostró partidario de la intervención pública en el mercado de vivienda para regular los altos precios que hacen imposible adquirirlas o alquilarlas para muchos canarios. De ahí que en esta reunión Izquierdo dejara patente su «total apoyo» a este pacto, «porque viene a dinamizar, de una vez por todas, una política pública de vivienda, clara y posibilista, además de consensuada con todos aquellos agentes implicados y afectados».
«Fepeco llevaba tiempo proponiendo un Pacto Canario por la Vivienda, que ahora se ve cristalizado con la propuesta del Gobierno de Canarias que es una buena iniciativa, esperanzadora y que va a significar dar respuesta a la demanda existente de viviendas en el Archipiélago», subrayó el portavoz de los constructores.
Izquierdo defiendo que hay que «posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas o núcleos familiares en exclusión social o con dificultades para su adquisición» y por eso ha expresado al Gobierno canario que «la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad absoluta, no solo porque es un derecho constitucional, que ya es importante en sí mismo, sino porque significa atender una necesidad primaria, cual es la protección individual o familiar que posibilita el disfrute de una casa».
A su juicio, se trata de «la mejor política social que se pueda hacer, porque su propia construcción genera mucho empleo y la reactivación de los distintos sectores económicos».
PLANETA CANARIO
La cifra de demandantes de vivienda de promoción pública en Canarias llegó a los 30.000 hace una década. El boom inmobiliario anterior a la crisis económica y la facilitad conque la banca daba entonces créditos hipotecarios parecía haber hecho pasar a mejor vida las viviendas de protección oficial. Y con la crisis económica, las administraciones públicas dejaron de construirlas, pues los gobiernos autonómicos anteriores optaron por dar ayudas al alquiler, en lugar de edificar nuevas promociones de pisos. El resultado de todo ello es que la precariedad salarial y la elevación del coste de los alquileres (en zonas turísticas espoleado además por el alquiler vacacional) está haciendo complicado, cuando no imposible, el acceso a una casa para muchos miles de canarios.
El Gobierno canario (formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera) esta promoviendo un Pacto Social y Político por el Derecho al una Vivienda Digna en Canarias. “Lo que persigue esta pacto es garantizar la función social de la vivienda a través de varias acciones, como la promoción del alquiler, la construcción de nuevas viviendas, el impulso a la rehabilitación, y la movilización de las viviendas vacías”, ha explicado el consejero de Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis (PSOE), tras una reunión con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Franquis está recabando apoyos para esta iniciativa, y uno de los más entusiastas hasta ahora ha sido el de la patronal de empresas y profesionales de la construcción en la provincia occidental, Fepeco. Su presidente, Óscar Izquierdo, mantuvo recientemente un encuentro con el consejero así como con José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario.
Fepeco, que en otros aspectos de la economía siempre aboga por medidas liberales -sobre todo en cuanto a reducción de burocracia y legislación- en cambio en este asunto se mostró partidario de la intervención pública en el mercado de vivienda para regular los altos precios que hacen imposible adquirirlas o alquilarlas para muchos canarios. De ahí que en esta reunión Izquierdo dejara patente su «total apoyo» a este pacto, «porque viene a dinamizar, de una vez por todas, una política pública de vivienda, clara y posibilista, además de consensuada con todos aquellos agentes implicados y afectados».
«Fepeco llevaba tiempo proponiendo un Pacto Canario por la Vivienda, que ahora se ve cristalizado con la propuesta del Gobierno de Canarias que es una buena iniciativa, esperanzadora y que va a significar dar respuesta a la demanda existente de viviendas en el Archipiélago», subrayó el portavoz de los constructores.
Izquierdo defiendo que hay que «posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas o núcleos familiares en exclusión social o con dificultades para su adquisición» y por eso ha expresado al Gobierno canario que «la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad absoluta, no solo porque es un derecho constitucional, que ya es importante en sí mismo, sino porque significa atender una necesidad primaria, cual es la protección individual o familiar que posibilita el disfrute de una casa».
A su juicio, se trata de «la mejor política social que se pueda hacer, porque su propia construcción genera mucho empleo y la reactivación de los distintos sectores económicos».
PLANETA CANARIO
La cifra de demandantes de vivienda de promoción pública en Canarias llegó a los 30.000 hace una década. El boom inmobiliario anterior a la crisis económica y la facilitad conque la banca daba entonces créditos hipotecarios parecía haber hecho pasar a mejor vida las viviendas de protección oficial. Y con la crisis económica, las administraciones públicas dejaron de construirlas, pues los gobiernos autonómicos anteriores optaron por dar ayudas al alquiler, en lugar de edificar nuevas promociones de pisos. El resultado de todo ello es que la precariedad salarial y la elevación del coste de los alquileres (en zonas turísticas espoleado además por el alquiler vacacional) está haciendo complicado, cuando no imposible, el acceso a una casa para muchos miles de canarios.
El Gobierno canario (formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera) esta promoviendo un Pacto Social y Político por el Derecho al una Vivienda Digna en Canarias. “Lo que persigue esta pacto es garantizar la función social de la vivienda a través de varias acciones, como la promoción del alquiler, la construcción de nuevas viviendas, el impulso a la rehabilitación, y la movilización de las viviendas vacías”, ha explicado el consejero de Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis (PSOE), tras una reunión con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Franquis está recabando apoyos para esta iniciativa, y uno de los más entusiastas hasta ahora ha sido el de la patronal de empresas y profesionales de la construcción en la provincia occidental, Fepeco. Su presidente, Óscar Izquierdo, mantuvo recientemente un encuentro con el consejero así como con José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario.
Fepeco, que en otros aspectos de la economía siempre aboga por medidas liberales -sobre todo en cuanto a reducción de burocracia y legislación- en cambio en este asunto se mostró partidario de la intervención pública en el mercado de vivienda para regular los altos precios que hacen imposible adquirirlas o alquilarlas para muchos canarios. De ahí que en esta reunión Izquierdo dejara patente su «total apoyo» a este pacto, «porque viene a dinamizar, de una vez por todas, una política pública de vivienda, clara y posibilista, además de consensuada con todos aquellos agentes implicados y afectados».
«Fepeco llevaba tiempo proponiendo un Pacto Canario por la Vivienda, que ahora se ve cristalizado con la propuesta del Gobierno de Canarias que es una buena iniciativa, esperanzadora y que va a significar dar respuesta a la demanda existente de viviendas en el Archipiélago», subrayó el portavoz de los constructores.
Izquierdo defiendo que hay que «posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas o núcleos familiares en exclusión social o con dificultades para su adquisición» y por eso ha expresado al Gobierno canario que «la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad absoluta, no solo porque es un derecho constitucional, que ya es importante en sí mismo, sino porque significa atender una necesidad primaria, cual es la protección individual o familiar que posibilita el disfrute de una casa».
A su juicio, se trata de «la mejor política social que se pueda hacer, porque su propia construcción genera mucho empleo y la reactivación de los distintos sectores económicos».
PLANETA CANARIO
La cifra de demandantes de vivienda de promoción pública en Canarias llegó a los 30.000 hace una década. El boom inmobiliario anterior a la crisis económica y la facilitad conque la banca daba entonces créditos hipotecarios parecía haber hecho pasar a mejor vida las viviendas de protección oficial. Y con la crisis económica, las administraciones públicas dejaron de construirlas, pues los gobiernos autonómicos anteriores optaron por dar ayudas al alquiler, en lugar de edificar nuevas promociones de pisos. El resultado de todo ello es que la precariedad salarial y la elevación del coste de los alquileres (en zonas turísticas espoleado además por el alquiler vacacional) está haciendo complicado, cuando no imposible, el acceso a una casa para muchos miles de canarios.
El Gobierno canario (formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera) esta promoviendo un Pacto Social y Político por el Derecho al una Vivienda Digna en Canarias. “Lo que persigue esta pacto es garantizar la función social de la vivienda a través de varias acciones, como la promoción del alquiler, la construcción de nuevas viviendas, el impulso a la rehabilitación, y la movilización de las viviendas vacías”, ha explicado el consejero de Vivienda del Gobierno canario, Sebastián Franquis (PSOE), tras una reunión con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Franquis está recabando apoyos para esta iniciativa, y uno de los más entusiastas hasta ahora ha sido el de la patronal de empresas y profesionales de la construcción en la provincia occidental, Fepeco. Su presidente, Óscar Izquierdo, mantuvo recientemente un encuentro con el consejero así como con José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario.
Fepeco, que en otros aspectos de la economía siempre aboga por medidas liberales -sobre todo en cuanto a reducción de burocracia y legislación- en cambio en este asunto se mostró partidario de la intervención pública en el mercado de vivienda para regular los altos precios que hacen imposible adquirirlas o alquilarlas para muchos canarios. De ahí que en esta reunión Izquierdo dejara patente su «total apoyo» a este pacto, «porque viene a dinamizar, de una vez por todas, una política pública de vivienda, clara y posibilista, además de consensuada con todos aquellos agentes implicados y afectados».
«Fepeco llevaba tiempo proponiendo un Pacto Canario por la Vivienda, que ahora se ve cristalizado con la propuesta del Gobierno de Canarias que es una buena iniciativa, esperanzadora y que va a significar dar respuesta a la demanda existente de viviendas en el Archipiélago», subrayó el portavoz de los constructores.
Izquierdo defiendo que hay que «posibilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas o núcleos familiares en exclusión social o con dificultades para su adquisición» y por eso ha expresado al Gobierno canario que «la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad absoluta, no solo porque es un derecho constitucional, que ya es importante en sí mismo, sino porque significa atender una necesidad primaria, cual es la protección individual o familiar que posibilita el disfrute de una casa».
A su juicio, se trata de «la mejor política social que se pueda hacer, porque su propia construcción genera mucho empleo y la reactivación de los distintos sectores económicos».
