PLANETA CANARIO
Una de las leyes más esperadas y controvertidas de las que debatirá en esta legislatura el Parlamento de Canarias ha dado su primer paso en el pleno del Parlamento de Canarias. Se trata del proyecto de ley que regulará el alquiler vacacional, a cuya tramitación ha dado el visto bueno una mayoría parlamentaria, con el rechazo de las enmiendas a la totalidad que propusieron el PSOE y VOX, partidarios de que se retirara el proyecto de ley y se rehiciera al completo.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, expuso que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -nombre completo de esta iniciativa legislativa- es “dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos, clarificando el régimen competencial, así como luchar contra el caos existente”.
Por este motivo, anunció, que no se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que, en un plazo de cinco años, los ayuntamientos definan cuántas, cómo y dónde las quieren. “Y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable para impedir que afecte a la convivencia de los ciudadanos”, señaló.
La futura Ley fija límites estableciendo el 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. En el caso de las islas verdes, se respeta la singularidad y se establecen los porcentajes en un 80/20. “Se ordena por distrito, por pueblos y por barrios”, afirmó Jéssica de León, “para adaptarse a la realidad de cada zona con bisturí, como están haciendo el resto de las ciudades de España”, precisó.
Además, el texto prohíbe la comercialización de Vivienda de Protección Oficial; se fija que la vivienda de nueva construcción se quede en el mercado diez años como vivienda antes de convertirse en activo turístico, y se impide que las parcelas residenciales se sigan llenado de hoteles, “que no son hoteles, porque pidieron licencia como viviendas”, puntualizó la consejera.
DE LÉON: «LA LEY NO VA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA»
De León se dirigió a los diputados para afirmar que “es evidente que poner límites a esta actividad turística no va a solucionar el problema de vivienda. No es esa nuestra intención”. Recordó que “es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero que no es ilimitado y que es competencia de la administración evitar la especulación del suelo residencial”.
De León enumeró algunas iniciativas necesarias que “pasarían por construir más vivienda; proteger al propietario y no al okupa; ayudar al pago del alquiler; poner suelo a disposición; tramitar de forma más ágil las licencias, pero también, y es la intención de esta ley, es que ese parque de viviendas no acabe en su totalidad en el vacacional. Y que esta actividad turística se ejerza donde sea más competitiva, más rentable e impedir que se afecte a la convivencia de los ciudadanos”, argumentó.
Como ejemplo, la consejera se refirió a que “entre La Oliva, Arona y Yaiza se ofertan ahora mismo 3.700 anuncios de viviendas vacacionales y sólo 240 viviendas para alquilar a larga duración en los tres principales portales inmobiliarios”. Además, prosiguió, “sólo tres de las 240 viviendas ofertadas en total están en un precio que va entre los 600 y 800 euros del alquiler. Y el resto, superan los 1.000 euros”.
La consejera de Turismo ofreció datos del crecimiento de la vivienda vacacional en el archipiélago desde 2021, “un 57% y los precios un 52%”, pero fue clara al afirmar que no es culpa de los propietarios, “esa no es la reflexión. La reflexión es que también aquí hay que equilibrar el mercado”, manifestó.
Se refirió al número de viviendas vacías en Canarias, 211.000 en 2021 y dio datos de algunos municipios como Betancuria con el 40% de las viviendas vacías o en Artenara con el 30%.
Jéssica de León defendió que la ley pone límites como dictamina la Unión Europea o el Tribunal Supremo, que, en su dictamen, afirma que “las Administraciones públicas deben evitar la desertización y gentrificación, por alterarse la forma de vida de los residentes”.
Además, se refirió a los problemas de trabajadores que se tienen que ir a vivir a 40 km de su trabajo como profesores, guardias civiles o profesionales sanitarios, así como a la dificultad de las empresas que no encuentran personal o la reconversión de locales comerciales a vivienda vacacional por el incremento de precios de la zona.
La consejera de Turismo y Empleo fue clara, sin embargo, al señalar que “esta modalidad también es necesaria para la oferta en Canarias” y afirmó que quien ejerce hoy la actividad y cumple el decreto actual podrá continuar ejerciendo esta actividad”.
FRANQUIS (PSOE): «ES UN PROBLEMA ENTRE FUERTES Y VULNERABLES»
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, acusó al Gobierno canario de “volver a mentir”, “engañar” y “crear una alarma social”. “Dicen que se trata de elegir entre turistas y residentes y que eligen residentes, y eso es falso. Aquí se trata de elegir entre los más fuertes o los más vulnerables, y como siempre ustedes eligen estar con los más fuertes”, enfatizó el diputado socialista.
“Si este Proyecto de Ley sale adelante tal y como está, durará lo que dure este Gobierno”, advirtió.
El portavoz socialista denunció que el proyecto de ley “traslada a los ayuntamientos una carga inasumible y desproporcionada de fiscalización de la actividad de vivienda vacacional. Apostamos por ordenar y actualizar el sector, pero de forma pactada y con sentido común, quien debe definirlo son los ayuntamientos, no el Gobierno de Canarias, porque además todos los municipios no son iguales, y ustedes no han escuchado a los ayuntamientos”.
En este sentido, insistió en que el proyecto de ley invade competencias urbanísticas de los municipios al obligarle a zonificar la vivienda vacacional según sus determinaciones, y que hace recaer sobre los ayuntamientos una carga “desproporcionada” de fiscalización de la actividad de vivienda vacacional.
Para el PSOE, se privilegia a los operadores turísticos no hoteleros y va en contra de las familias canarias. “Ustedes meten en el mismo saco a una familia rica que tiene seis viviendas en esta modalidad alojativa, que a las familias que han heredado una segunda vivienda y la ponen en alquiler vacacional para poder llegar a fin de mes”.
“El procedimiento para aprobar este proyecto de ley ha sido un disparate de principio a fin. Querían poner coto a la vivienda vacacional en Canarias y sólo por cómo han decidido tramitarlo, la vivienda vacacional ha crecido un 40% más”, recordó.
Desde el PSOE recuerdan que el 80% de las viviendas vacacionales se encuentran en zonas turísticas, por lo que no afectan al problema residencial como alega el Gobierno canario. “El 80,2% de las denominadas viviendas vacacionales ubicadas en los municipios turísticos son apartamentos y villas, por lo que sólo el 19,8% son viviendas vacacionales”.
NC-BC critica el impacto en los pequeños propietarios
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) criticó la falta de consenso y el impacto del proyecto de ley de la vivienda vacacional del Gobierno de CC y el PP en los pequeños propietarios del Archipiélago.
La portavoz parlamentaria en la materia del grupo canarista, Esther González, afirmó además que la propuesta del gabinete presidido por Fernando Clavijo está abocada al “fracaso” por ser “inaplicable” y favorecer aún más la concentración de la riqueza en el turismo.
En el debate sustanciado en la sesión plenaria extraordinaria con la que se dio comienzo a la tramitación de esta ley, Esther González reconoció la necesidad de regular el alquiler vacacional. Pero criticó el contenido de la iniciativa de las dos derechas canarias por haber sido elaborado y tramitado sin consenso. “Regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente no, de esa manera”, denunció la portavoz canarista.
Cuestionó que perdurara en el tiempo por el “fuerte” rechazo generado en diversos sectores, salvo el empresarial hotelero. Mencionó, entre los primeros, a las federaciones de municipios (Fecam) e islas (Fecai), al Consejo Económico y Social (CES), a la Confederación Canaria de Las Palmas (CCE) y de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y la Cámara de Comercio de Santa Cruz, entre otros. Entidades, que, según González, entienden que “lo que está detrás” del proyecto de ley “no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre”.
Para NC-BC, esta norma va a ser “inaplicable” porque los ayuntamientos y los cabildos no cuentan con los recursos económicos y medios técnicos suficientes para hacer cumplir sus obligaciones sin el apoyo del Ejecutivo canario. Tiene “muchas probabilidades de pasar a la historia como una ley fracasada”, avanzó.
Refirió la parlamentaria canarista que el mensaje de la consejera de Turismo, Jessica de León, de que la proliferación de viviendas vacacionales es “una de las principales” causantes del encarecimiento del alquiler residencial creó una alarma, que llevó a NC-BC a solicitar la fijación de una moratoria temporal para nuevas autorizaciones hasta la aprobación de la norma. Una solicitud que De León desechó y que, en 14 meses, ha provocado un aumento de 17.926 nuevas autorizaciones, recriminó Esther González.
Discutió los datos empleados por el Gobierno para sustentar la escasez de viviendas en las zonas residenciales y, en consecuencia, el aumento del precio de los arrendamientos que dieron lugar a una enorme alarma social al afirmar que “no se corresponde con la realidad”.
Con la norma de las dos derechas canarias, prosiguió, “se intenta vestir un santo para desvestir a otros muchos al no diferenciar” entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores. Para la parlamentaria de NC-BC, se perjudica a los primeros (89,07% del total de las viviendas vacacionales, 55.153 de las 60.146, totales), ya que muchos de ellos obtienen, en esta actividad económica, un complemento económico.
Esta realidad, en opinión de la portavoz de NC-BC, “no ayuda a mejorar la redistribución de la riqueza” proveniente del turismo. Una redistribución de la riqueza que, “como todos sabemos, en Canarias cada vez más brilla por su ausencia”, subrayó.
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ASG APELA AL CONSENSO
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, apeló consenso para aprobar el “necesario” proyecto de ley a la vez que justificó el voto en contra de su formación a las dos enmiendas a la totalidad presentadas a la citada norma por el PSOE y Vox, que fueron rechazadas por la mayoría del Parlamento.
Ramos subrayó la importancia de regular el uso de la vivienda para una actividad turística como el alquiler vacacional, una tarea que se debía haber realizado hace tiempo, a la vez que pidió que se tenga en cuenta que en las Islas Verdes “se vive una realidad totalmente diferente, también en este ámbito, y, por eso, se ha elegido un desarrollo turístico distinto, en el que las viviendas vacacionales tienen cabida”.
Apuntó que “se trata de una actividad turística que genera riqueza a muchas familias o pequeños tenedores, que han dedicado sus ahorros a este menester y que cuentan con los ingresos que genera para, por ejemplo, poder educar a sus hijos”.
VOX: «ATENTA AL DERECHO A LA PROPIEDAD»
La diputada de VOX Paula Jover argumentó que su grupo defendió la retirada de este proyecto de ley porque la “ordenación de la vivienda vacacional sí es necesaria, pero no con esta propuesta que busca acabar con el derecho a la propiedad y la libertad empresarial”
