PLANETA CANARIO
«Solo me permiten ver a mi hija una hora a la semana; durante 85 días no supo si ya la había abandonado o no, ya que su nivel cognitivo es de un niño de un año”. Esa la queja de Eugenia Paiz, una madre palmera que ha puesto rostro al problema de miles de familias canarias con seres queridos internados en centros, para quienes el confinamiento por la pandemia ha durado prácticamente hasta hoy, ya que en su caso no ha habido durante este tiempo desescalada como para el resto de la sociedad.
Esta periodista y escritora palmera ha acudido ante la Diputación del Común en defensa de sus derechos, el de su hija Rebeca y el de ella misma como madre, pero también de todas las personas que sufren este problema. Reivindica mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familiares, pues en Canarias existen 7.000 personas con discapacidad internadas en residencias.
Ella fue la única persona en Canarias que, tras el estado de alarma, logró que una dependiente usuaria de estos centros tuviera autorización para dar un paseo de una ahora a la semana, y lo consiguió del Gobierno canario a través de la Diputación del Común.
La Consejería de Derechos Sociales publicó 31 de julio la modificación de la orden del 30 de mayo de 2020 por la que asegura que flexibiliza las medidas para los centros y demás establecimientos de personas mayores y con discapacidad durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.
Pero Eugenia Paiz afirma que «la impresión de las familias afectadas es de decepción», porque las visitas siguen reguladas como ya estaba desde el 30 de mayo. «Solo una visita a la semana, durante una hora, siempre el mismo familiar y sin contacto, con una distancia de 2 metros», señala esta madre palmera que mostrado su intención de llevar este asunto a los tribunales de Justicia si fuera necesario.
En el caso su hija, la nueva normativa permite que pueda ir a su casa con la firma de una declaración responsable que incorpora la propia orden.
Las plataformas ciudadanas discapacidad y salud mental están analizando la orden y su intención, manifestada al Diputado del Común en la reunión del pasado miércoles a instancias de mi petición, es poder presentar alguna sugerencia o alegación para garantizar que la orden se ajusta a la recuperación del contacto con sus ancianos y personas con discapacidad.
Paiz se reunió la pasada semana con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, encuentro en el que también participaron la responsable de Salud Mental en La Palma y representante de Salud Mental Canarias, Mary Paz Magdalena; la gerente de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (INDISPAL), Anabel Hernández; la directora técnica en La Palma de la Fundación Canaria de Personas con Sordera (FUNCASOR) y también secretaria y representante de la Junta Directiva de INDISPAL, Lourdes Medina.
Las distintas asociaciones pidieron la interlocución del Diputado del Común con los cabildos Insulares y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, para un mejor tratamiento de la situación de confinamiento que han vivido y siguen viviendo las personas dependientes en los centros del Archipiélago. Una problemática que prohibió que muchas personas visitasen a sus familiares institucionalizados en centros.
Estas entidades informaron al Diputado del Común de que en Canarias existen 7.000 personas con discapacidad que están institucionalizadas en residencias y que han continuado sin poder salir de esos centros, donde solo han podido recibir tan solo una visita semanal de una hora de duración y siempre por la misma persona visitante.
Por esta razón, solicitaron al Diputado del Común su colaboración y mediación para contactar con los Cabildos y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, con el fin de regular esta situación y de buscar una mayor implicación y concienciación con el régimen de visitas, permitiendo aspectos como paseos en los entornos próximos a las residencias, o la posibilidad de que las personas dependientes puedan ir a casa y sociabilizar con sus familiares como hace el resto de la ciudadanía.
La normativa en vigor desde el 31 de julio
El Gobierno de Canarias publicó el último día de mes la esperada orden en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para dar respuesta a la situación específica de las viviendas tuteladas y hogares funcionales ya que se tratan de recursos integrados en la comunidad, y por otro, la necesidad de recoger las especificidades del colectivo de personas con problemas de salud mental o con discapacidad en los diferentes recursos de tipo residencial.
Además, se procede a flexibilizar el régimen de visitas, salidas y nuevos ingresos en estos centros en coherencia con la evolución de la situación de incidencia de la pandemia. La orden, según el Gobierno canario, afecta a más de 9.000 personas que viven en recursos de estas características.
Con respecto a las visitas, y según informó el Gobierno canario en un comunicado, la dirección del centro organizará la realización de las visitas que se efectuarán siempre con cita previa, por un tiempo limitado y un familiar por residente (a ser posible siempre la misma persona) y evitando el contacto físico. En principio, se mantiene el criterio establecido hasta el momento de una visita semanal de duración no superior a una hora, pero se incluye la posibilidad de ser ampliables en número y tiempo, según las características de cada centro y de la evolución de la situación epidemiológica.
Con respecto a las salidas, en el caso de las residencias de personas mayores se evitarán las salidas a cualquier vía o espacio de uso público donde puedan producirse aglomeraciones. Si éstas se realizaran se deberán extremar las medidas de protección adecuadas y evitar el contacto y la interacción con otras personas, así como los espacios cerrados con ventilación insuficiente. Siempre se harán con acompañamiento de una persona trabajadora del centro, un familiar u otra persona responsable para que se garanticen las medidas preventivas.
En el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental está permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, siempre que se respeten y se utilicen las medidas de protección adecuadas y se evite el contacto y la interacción con otras personas, con el fin de promover siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma. El equipo terapéutico del establecimiento, determinará en qué casos las salidas deberán precisar acompañamiento.
No se permiten las pernoctas de las personas residentes en su domicilio familiar, si bien, se podrán autorizar las salidas de día a domicilios.
Medidas para viviendas tuteladas y hogares funcionales
Las viviendas tuteladas y los hogares funcionales quedan exceptuados del cumplimiento de la orden, pudiéndose efectuar las visitas de familiares, sin más limitación que la obligación de cumplir con todas las medidas preventivas generales (distanciamiento físico de seguridad, uso de mascarilla, uso de soluciones hidroalcohólicas y resto de medidas de prevención de posibles contagios)
Respecto del régimen de salidas y desplazamientos en las viviendas tuteladas y hogares funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores, dado que son recursos integrados en la comunidad, quedan sujetos a la normativa para la población en general. No obstante, se aplicarán las medidas de protección adecuadas (distancia física, uso de mascarilla si fuera posible, higiene de manos, no compartir objetos…) y por tanto, se evitará el contacto o interacción sin medidas de protección con otras personas ajenas al establecimiento.
Las salidas se realizarán acompañadas en el caso de que sea necesario para dar apoyo a la persona usuaria y/o para garantizar que se desarrollen en condiciones que permitan prevenir los riesgos de contagio.
Retorno de personas usuarias
Para el retorno de las personas usuarias que se trasladaron a domicilios de familiares a consecuencia de la declaración del estado de alarma y para los nuevos ingresos, el centro no podrá registrar ningún positivo confirmado de Covid-19 en el los 14 días previos al momento de producirse tanto el retorno como el nuevo ingreso y debe existir la constatación de ausencia de sintomatología sospechosa de Covid-19 en la persona que regresa o ingresa, mediante las pruebas de PCR pertinentes.
Si las pruebas PCR dan negativo, se producirá el ingreso en el centro residencial en el plazo de 24 horas, permaneciendo en cuarentena 14 días desde el ingreso. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, por prescripción médica podrá realizarse una prueba PCR transcurridos 10 días desde el ingreso, con suspensión de la cuarentena en caso de resultado negativo.
