PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife seguirá adelante, ya con aval judicial, con el desalojo de la Acampada por una Vivienda Digna para que sus activistas desalojen la plaza de La Candelaria y levanten las tiendas de campaña donde llevan meses de una protesta primero ante Presidencia del Ejecutivo regional y luego en la actual ubicación.
El gobierno municipal había indicado en el último pleno que solo renunciaría a esta medida por decisión judicial, ya que las personas acampadas había presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para continuar en este céntrico espacio público chicharrero.
Pues bien, el TSJC ya se ha pronunciado a favor del Ayuntamiento, según ha informado EL DÍA este lunes, 29 de noviembre, resolución judicial contra la que apelarán los activistas.
El gobierno local de CC y PP había ratificado en el Pleno municipal el pasado viernes su intención de seguir adelante con este desalojo, tras rechazar una moción presentada por Unidas Podemos para que se diera marcha atrás a esta orden del área de Servicios Públicos.
El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, coincidió con Unidas Podemos en que se ataca un derecho fundamental de las personas a poder reunirse y manifestar su reunión en la vía pública.
Desde el gobierno municipal, el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, dijo que lamentaba la situación personal que atraviesan las personas acampadas y que apoya sus reivindicaciones, competencia del Gobierno canario, pero subrayó que «hay normas que impiden una acampada indiscriminada, pues una cosa es el derecho de manifestación y de concentración y otra la ocupación de la vía pública, para lo cual es necesario una autorización».
En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada por el portavoz de Unidas Podemos, el edil del PP aseveró que no es el mismo caso, pues «en Candelaria no era una acampada permanente sino una jaima informativa» un día a la semana.
En apoyo de su tesis, argumentó que la Subdelegación del Gobierno, en el acuse de recibo de la concentración de estos activistas, distingue entre el derecho fundamental a manifestarse y entre una acampada, que «habrá que atenerse a normativas municipales». «Solo queremos que se retire la acampada, pero apoyamos que se manifiesten en otro lugar todo el tiempo que quieran», apostilló.
Desde CC-PNC, Juan José Martínez, reiteró que no se vulneran derechos fundamentales y que además en cuanto a vivienda el gobierno municipal ha dado pasos en el ámbito de sus competencias sobre las reivindicaciones que plantean los acampados. Y, en esta línea, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), enfatizó que «el 95% de las reivindicaciones de la acampada competen al Gobierno de Canarias y al de España».
«Se trata de peticiones complejas algunas tienen que ver con directivas europeas y hay que resolverlo desde las más altas instituciones, pero he intentado hacer ver al Gobierno canario de que debe darles una esperanza a las personas acampadas y crear una mesa de trabajo, porque la solución no puede ser una acampada indefinida», añadió el regidor municipal.
«Siguen acampados porque no les atienden ni el Gobierno canario ni el de España», apostilló Bermúdez.
