VICENTE PÉREZ
El sector primario ha salido a la calle en Tenerife y Gran Canaria en los últimos días para reivindicar unas rentas dignas, quejarse por los sobrecostes de producción y sus bajos ingresos como productores (como es el caso del plátano), así como mostrar su rechazo a la Política Agraria Común (PAC) en la Unión Europea, por considerarla demasiado «exigente, restrictiva y limitante» con el producto comunitario y en cambio permitir la entrada de fruta y carne de terceros países que tachan de «competencia desleal».
Del campo viven unas 21.000 personas en Canarias y este sector representa menos del 2% del Producto Interior Bruto del Archipiélago (PIB), un porcentaje preocupantemente bajo, en una región donde el turismo es el gran motor de la economía.

Tanto en la capital grancanaria, el día 21, como en Santa Cruz de Tenerife, el día 23, tuvieron lugar manifestaciones y caravanas de tractores y camiones, incluso con ganado en el caso de la capital tinerfeña, bajo el lema «El campo canario se planta».

Las movilizaciones han sido convocadas por la Asociación de Agricultores y Ganaderos (ASAGA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) -tres entidades que han organizado también actos de protesta en el resto de España- , la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), la Plataforma Agraria libre de Canarias (PALCA), la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas de Canarias (AEGIL).

En el caso de Tenerife, se celebraron concentraciones previas en La Orotava y La Laguna, agrupándose posteriormente ante el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para discurrir con vehículos agrícolas, ganado y manifestaciones a pie por las avenidas La Salle y San Sebastián hasta acabar en el mercado Nuestra Señora De África.
En la tabla reivindicativa figuran que se ponga «una cláusula espejo a las importaciones procedentes de terceros países» en la UE, una solución a la crisis hídrica que padece Canarias, simplificación de los trámites burocráticos, Y aplicación real de la Ley de Cadena Alimentaria que impida que el agricultor o el ganadero perciba menos del coste de producción y adoptar decisiones que pongan fin a la situación del plátano (por los bajos ingresos que perciben los plataneros y los altos costes de sus insumos).

ASAGA, COAG y UPA han denunciado a escala estatal «las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE, pues los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja en Europa y a los producidos en España; unas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE». Se trata, aseguran estas organizaciones agrarias, de «una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”.

Se quejan de que la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, por lo que reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.

Además, piden al Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, que aumente los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.

«La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental», afirman las referidas entidades de ámbito nacional, con implantación también en Canarias.

A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
El Gobierno canario apoya las reivindicaciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que respalda la mayoría de las reclamaciones de los agricultores y ganaderos del Archipiélago, porque las ve justificadas ya que “solo piden poder competir en igualdad de condiciones”, pues los requisitos que la UE exige a sus productores «no tienen una reciprocidad en los terceros países que exportan su producción a Europa».

Así se lo trasladó a los representantes del sector primario tras recibirlos el día 21 de febrero al comienzo de su marcha de protesta por la capital grancanaria. En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordó que los costes de producción del sector primario canario han aumentado un 35% en los últimos años, mientras sufre “una competencia desleal” por parte de terceros países.
Los compromisos del Gobierno canario con el sector

Aunque el grueso de las demandas del sector se dirigen a Europa, Clavijo y Quintero a poner en marcha medidas “inmediatas” dentro de sus competencias para mejorar las condiciones de los profesionales del campo.
Así, explicó el consejero que «·se trabaja» en el adelanto de pagos de las subvenciones del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI), en la reducción de la carga burocrática, y en una apuesta decidida para promover el relevo generacional a través de subvenciones a los jóvenes agricultores y ganaderos.

Sobre este último objetivo, la semana pasada el Gobierno de Canarias publicó las bases de las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), que comprende una línea de ayuda para apoyar la creación de empresas por parte de jóvenes agricultores y ganaderos cuyos fondos pasan de 70.000 euros a 100.000 euros. Quintero ha asegurado que “todos” los jóvenes que se incorporen a este sector recibirán ayudas.
El Ejecutivo autónomo se ha comprometido además a poner en marcha una Mesa de la Sequía para abordar el “gran reto” de mejorar la gestión del agua con las administraciones y agentes implicados. En esta mesa se sentarán el Gobierno, los cabildos, los ayuntamientos y los representantes de las organizaciones agrarias.

Clavijo y Quintero celebraron un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la semana pasada, el miércoles 14 de febrero. En dicha reunión, reclamaron al Estado el refuerzo de los controles fronterizos a terceros países para evitar la entrada de productos agrícolas sin los permisos correspondientes. El presidente de Canarias también ha solicitado ya una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
