PLANETA CANARIO
La Asociación Agua para La Palma ha pedido al Consejo Insular de Aguas (CIALP), organismo adscrito al Cabildo, que retire su propuesta de nuevo Plan Hidrológico de la isla para corregirlo y rehacerlo, por sus “graves errores y contradicciones” y porque, “en plena crisis hídrica, persiste en una errática política que solo servirá para encarecer aún más el precio del agua en los próximos años” y “rematar” el sector agrario, principal base de la economía insular, “cuyo futuro está más amenazado que nunca” por la situación del mercado del plátano, los altos costes de producción (entre ellos el del agua) y la sequía mal gestionada.
Entre otras medidas solicitan instalar cierres o tranques en todas las galerías de agua, para que no se extraiga este recurso cuando no hay demanda, lo que mantendrá las reservas hídricas subterráneas, y además evitar encarecer el agua por el coste de impulsar la extraída de pozos desde cotas inferiores a donde se consume
Para ello, la asociación ha presentado ante dicho organismo (cuya Asamblea integra a políticos del Cabildo y los ayuntamientos, así como a representantes de comunidades de aguas de consumo y riego, de usuarios, de agricultores y sectores económicos y sociales) una batería de 19 alegaciones, 12 objetivos y 9 principios en los que basar un cambio de política insular con el agua.
Así lo han explicado el presidente y la secretaria de Agua para La Palma, Pedro Monzón y Mónica Riverol, respectivamente, durante una rueda de prensa celebrada en el patio del Palacio Salazar, de la capital palmera.
Con relación a estas compuertas en las galerías para regular la extracción de agua a demanda, la asociación contradice de manera contundente al CIALP, para cuyos responsables esta medida, pese a ser positiva, no se puede obligar a aplicarla a los propietarios de estas explotaciones.
Frente a esta opinión, el abogado Pedro Fernández Arcila, en el informe aportado por Agua para La Palma, concluye que sí es posible exigir la instalación de estos tranques en las galerías “con base en la protección del medio ambiente y del recurso natural, debiendo introducirse esta obligatoriedad en las normas técnicas que contenga el Plan Hidrológico de La Palma (Tercer Ciclo)”.
Arcila apunta varios artículos de la Ley 12/1990 de Aguas de Canarias, en los que se establece, literalmente, “el deber de no desperdiciar [las aguas] ni deteriorar su calidad” y “no ampara el abuso del derecho en su utilización ni el mal uso de las mismas, cualquiera que sea el título que se alegue”, con el fin de “proteger” este “bien escaso”, “ tanto en su calidad como en su disponibilidad presente y futura”.
Indica el letrado que, a escala estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, contempla la exigencia, a los titulares de concesiones, de cumplir imposiciones técnicas cuando mejoren la utilización de las aguas.
Tal es así que la Ley de Aguas canaria menciona de manera expresa que los planes hidrológicos deben contener “normas técnicas para la conservación y la recarga de acuíferos y de protección del medio ambiente y los recursos naturales”.
Con respecto a la obligatoriedad de estas normas técnicas, el abogado deja patente que los planes hidrológicos insulares, “una vez vigentes, tendrán la consideración de planes territoriales especiales”, conforme a la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y pone de relieve que la Ley estatal de Industria prevé especificaciones técnicas, con carácter obligatorio, relativas a productos, procesos o instalaciones industriales.
La asociación critica la falta de presupuesto para construir tranques hidráulicos en galerías y, en cambio, destinar 30 millones para la “obra estrella”: el cierre del anillo hídrico insular por el sur, pese a ser “energéticamente insostenible, innecesario y muy costoso, pues aportará agua “cara y de mala calidad proveniente de una desaladora, cuando existen mejores opciones a menos coste y menor daño medioambiental”.
El Túnel de Trasvase
Entre las principales propuestas de la asociación figura la de reperforar el Túnel de Trasvase en función de la demanda de agua en las vertientes este y oeste; pues quedan 4,5 km por perforar; obra pública esta que podría abastecer por gravedad a las dos vertientes, con agua más barata y mejor calidad, sin contaminar y sin necesitar energía”. También, dar preferencia a la extracción de agua de galerías por encima de 400 m de altitud frente a la apuesta que se hace por los pozos (con 18 millones de euros, pese a que tienen mayor coste, peor calidad de agua, menor vida útil, y mayor dependencia energética).
Fundamental para la asociación es que el plan descarte la desalación de agua marina al ser innecesaria porque se infiltra cuatro veces más agua de lluvia que la extraída.
Igualmente, Agua para La Palma propugna priorizar las obras que eviten las pérdidas de agua en las redes de transporte; e igualmente la construcción de redes de saneamiento y depuradoras biológicas, en lugar de grandes depuradoras comarcales industriales. Otras de las medidas planteadas persiguen mantener los nacientes en número y con el caudal actual, evitando su desaparición.
Apoyado en el informe técnico de Carlos Soler, este colectivo ciudadano pone al descubierto “graves errores” en los cálculos de infiltración, pluviometría y escorrentías para “encubrir” la sobreexplotación de masas de agua que afectan al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (CEOBRA) y al Valle de Aridane-Tazacorte, que suponen el 50% de la producción de agua.
En el último medio siglo se ha secado la mitad de los nacientes, y los caudales que quedan se han reducido a un tercio, datos corroborados por el Instituto Geológico y Minero de España (GME) y por el propio Plan Hidrológico, donde consta que solo están “activos” 51 de 161 existentes en su día.
Protesta también la asociación por la ausencia de voluntad política para acabar con la contaminación del acuífero por falta de redes de saneamiento, ya que nada menos que el 56% de las viviendas de la isla vierte sus aguas negras directamente al subsuelo a través de pozos.
“Grave error” es también, a juicio de este colectivo ciudadano, dedicar 40 millones de euros públicos a balsas de agua donde almacenar la subterránea, mientras que a las galerías -que, con cierres hidráulicos y mucho menor coste, son su almacén natural- apenas se destinan 2 millones.
