PLANETA CANARIO
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), ha hecho un «llamamiento a la calma» de los inmigrantes que tienen previsto acogerse al proceso de regularización aprobado por el Consejo de Ministros, ya que el plazo de solicitudes comenzará en un plazo aproximado de dos meses.
La SEM subraya que, de momento y hasta el próximo viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones. Una vez concluido este período, se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes.
En este apartado, se recabará el informe del Consejo de Estado, que «otorgará las máximas garantías jurídicas a este real decreto», cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.
Estimación de la medida para Canarias
Podemos Canarias ha cifrado en más de 40.000 los inmigrantes que se podrán acoger a esta regularización extraordinaria en el Archipiélago.
La formación morada -que negoció con el PSOE esta regularización masiva- subraya que entre 27.000 y 29.000 personas podrían incorporarse al mercado laboral formal a corto plazo, especialmente en sectores con falta de mano de obra como la agricultura, la hostelería, los cuidados a las personas y la construcción.
Según estos cálculos, la medida supondría un aumento de hasta 200 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social solo en Canarias. Además, el 72% de las personas regularizadas tendría entre 20 y 40 años, lo que se traduciría en un “bono demográfico” con efectos positivos sobre el sistema de pensiones.
Podemos también destaca que el 75% de las personas en situación irregular en las islas proceden de Latinoamérica.
El último informe de la Fundación PorCausa, publicado en 2022, calcula en medio millón las personas en situación administrativa irregular en España. Si se aplica a Canarias el peso que tiene el Archipiélago en la población extranjera –el 5,2 % del total nacional–, la cifra de posibles beneficiarios del proceso de regularización se situaría en torno a 30.000 personas. Aunque, según las estimaciones de Podemos Canarias, serán más.
Real decreto estatal
El Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería con el objetivo de ofrecer a este colectivo la oportunidad de “vivir con igualdad de derechos” y dar respuesta a “una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía”, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La medida da respuesta a la la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y se enmarca en el futuro Plan de Integración y Convivencia Intercultural.
Condiciones para permiso de trabajo y residencia
El procedimiento se dirige a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y, en determinados supuestos, a solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su petición antes de esa fecha.
La regularización permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo por un año, con posibilidad posterior de incorporarse a las vías ordinarias del sistema de extranjería. Además, se contempla la regularización simultánea de los hijos e hijas menores, con permisos de hasta cinco años.
Durante la tramitación de la solicitud, los interesados podrán trabajar provisionalmente en cualquier sector y territorio del Estado, una medida que, según el Gobierno, beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas al aportar seguridad jurídica.
Reacciones políticas
Esta regularización masiva ha generado el rechazo del Partido Popular y Vox, que este miércoles lograron aprobar en el Senado una moción de rechazo a la iniciativa.
Desde Nueva Canarias–Bloque Canarista, su secretario nacional de Estrategia y Programas, Román Rodríguez, defendió la regularización como una medida “humana, valiente, justa y realista”, frente a las “expulsiones masivas” que se producen en otros países. A su juicio, permitirá acabar con situaciones de marginalidad y explotación, mejorar la convivencia y aumentar los ingresos públicos mediante cotizaciones e IRPF.
También Coalición Canaria ha mostrado su respaldo a una regularización administrativa extraordinaria, reglada y temporal. Su secretario ejecutivo nacional de Política Exterior e Interculturalidad, José Téllez, subrayó los beneficios jurídicos e institucionales de la medida, como la seguridad jurídica, la descongestión del sistema de asilo y el afloramiento de la economía sumergida.
No obstante, advirtió de que Canarias podría concentrar un elevado volumen proporcional de solicitudes y reclamó más medios administrativos, financiación suficiente y fondos europeos específicos para territorios frontera, además de una mayor participación del Archipiélago en las decisiones estatales en materia migratoria, tal como recoge el Estatuto de Autonomía.
La iniciativa del Gobierno ha sido duramente contestada por el PP y Vox. El Senado aprobó este miércoles una moción promovida por los populares en la que se rechaza la regularización por real decreto y la concesión “masiva” de permisos, con 143 votos a favor, 112 en contra y siete abstenciones. Los socialistas y los partidos nacionalistas votaron en contra, mientras que Vox consideró el texto insuficiente.
Desde el PP se acusa al Ejecutivo de eludir el debate parlamentario y de incentivar la inmigración irregular, mientras que Vox rechaza “sin matices” la regularización por decreto por considerar que “premia la ilegalidad” y genera un “efecto llamada”.
