VICENTE PÉREZ
El Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana los precios de matriculación en las universidades públicas, que se mantienen sin variación con respecto al pasado curso, pero ha incumplido el compromiso adquirido en abril con los dos centros académicos del Archipiélago para no cobrar en este año académico nuevo las segundas y terceras matrículas al alumnado que renunció a presentarse en los exámenes posteriores al estado de alarma, o suspendió.
Tal promesa, que incluso se anunció en nota de presa, no se ha recogido en el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este jueves 8 de octubre, por el que se da luz verde al decreto que regulan los precios públicos por la prestación de servicios universitarios para el curso 2020-2021.
Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades han confirmado este extremo, y alegan que cuando se adoptó este compromiso con los dos centros académicos superiores en la etapa en que Manuela Armas era consejera (luego dimitiría) se pensaba que el estado de alarma iba a reducir el rendimiento académico, pero luego se han comprobado que no ha sido así, pues hubo clases telemáticas y se hicieron los exámenes. En su lugar, la Consejería asegura que dará cobertura con becas a más estudiantes que en el curso pasado y sí se exime del pago de tasas a las familias beneficiarias del nuevo Ingreso Mínimo Vital.
En todo caso, las mismas fuentes oficiales indican que no se trata aún de un «no rotundo» a eximir del cobro de las segundas o terceras matrículas, aunque no precisaron en qué nuevo momento futuro se evaluará si se decide cumplir o no este compromiso.
Desde septiembre, estudiantes de las universidades públicas canarias han expresado su indignación por este incumplimiento. Tanto la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) como la Plataforma de Estudiantes de Tenerife han anunciado movilizaciones si esta situación no se corrige.
El decreto aprobado este jueves por el Gobierno regional regula la forma de pago, los plazos y las tarifas universitarias, bonificaciones, condiciones de becas y exenciones del pago de matrículas, entre otras cuestiones, tras haberse consensuado con las dos instituciones de enseñanza superior y públicas del Archipiélago.
Como novedad para este curso 2020-21, el documento incorpora la exención del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para los beneficiarios de la prestación del Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, quedarán exentos del pago de los precios públicos las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También las víctimas de violencia de género y terrorismo.
El estudiantado procedente de familias numerosas disfrutará de distintos grados de bonificación en función de los miembros de la unidad familiar, desde la gratuidad hasta el 50% del precio estipulado. También se contemplan exenciones del pago de las tarifas para el alumnado en programas de movilidad, cuando se den condiciones de reciprocidad.
Como ya sucedía, se exime del abono, en el primer curso de estudios universitarios y por una sola vez, al alumnado que obtenga Premio Extraordinario de Bachillerato.
El pago de la matrícula del curso dará derecho a tres convocatorias en la Universidad de La Laguna (ULL), y a dos, incluyendo la de diciembre de 2021, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Respecto a los plazos fijados para el pago de las tarifas, en la modalidad de pago único, el abono deberá efectuarse en el momento de formalizar la matrícula y antes de que finalice el plazo ordinario de formalización de ésta. En la modalidad de pago fraccionado, el abono se realizará en seis plazos, en fechas designadas entre los meses de noviembre y abril. En el caso de hacer efectiva mediante un pago único la matrícula, dentro del plazo ordinario, se autoriza a las universidades a aplicar una bonificación de hasta el 3% del importe total (excluidas la tarifa tercera y el seguro escolar).
La obtención de una o varias matrículas de honor en el curso anterior y en cualquier tipo de enseñanza universitaria oficial dará derecho a una bonificación en el importe de la siguiente matrícula.
Igual que sucediera el curso 2019-2020, con el fin de contrarrestar la merma en los ingresos producida por la disminución progresiva de precios públicos iniciada en 2016/2017, el decreto contempla que se compensará en los presupuestos universitarios mediante transferencias.
