VICENTE PÉREZ
Una treinta de vecinos de Bajo La Cuesta se manifestó este sábado ante la Villa Mariana tinerfeña, en protesta que hicieron coincidir con los actos solemnes de la onomástica de la Candelaria, para reivindicar una vez que se hagan las obras que faltan en el acantilado al pie del cual se sitúa este barrio, con el fin de que puedan retornar a sus hogares, de donde fueron desalojados hace ya 27 meses, en octubre de 2015, debido a desprendimientos de rocas, y adonde solo ha podido regresar una parte de los afectados, concretamente 12.
Un portavoz de estos vecinos, Ramón Loureiro, explicó a PLANETA CANARIO la desesperación en que ya se encuentran las 52 familias desalojadas (el Ayuntamiento abona los alquileres a 11, al ser su única vivienda y cumplir un tope de renta anual) debido a que «lo que se suponían que serían tres o cuatro meses se han convertido ya en más de dos años, y lo peor es que sigue sin haber plazos ni para las obras ni para el regreso» a sus hogares.
El asunto se encuentra bloqueado debido a que los trabajos pendientes corresponden a terrenos de una inmobiliaria, Daniram, a la que el Ayuntamiento ha requerido, sin éxito, que los ejecute, a la par que el secretario municipal ha hecho un informe negativo a la posibilidad de que el consistorio solicite una concesión administrativa a la Demarcación de Costas para llevar a cabo las obras.
Se da además la circunstancia -un tanto paradójica- de que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han expresado su disposición a aportar un tercio del coste cada uno para poder acometer los trabajos pendientes (según la citada fuente vecinal costarían 1,2 millones) pero con la condición de que se solicite esa misma concesión que el funcionario municipal rechaza en su informe.
En la protesta de este sábado, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso -que acudió a Candelaria para participar en la procesión del Pendón municipal hasta la Basílica- se acercó a los vecinos, que solicitaron que los organismos supramunicipales tomen cartas en el asunto «porque el Ayuntamiento no lo va a poder resolver», según Loureiro.
Este portavoz vecinal anunció además que, en vistas del estancamiento en que se encuentra la situación administrativa de este asunto, y sin perspectivas de una pronta solución, van a «ampliar las movilizaciones a otros ámbitos», por lo que prevén manifestarse ante el Cabildo de Tenerife y la sede el Gobierno de Canarias, después de constantes e infructuosas pitadas durante meses ante el Consistorio del sur tinerfeño.
Este gallego afincado en Candelaria asegura que le denegaron las ayudas oficiales para el alquiler mientras dure el desalojo porque es propietario de una vivienda en Orense, «es decir, a 2.000 kilómetros de distancia de Candelaria», un requisito que considera excesivamente riguroso, «pues debieron suscribir el ámbito a esta isla o a Canarias».
Los residentes en este barrio situado al pie de un acantilado bajo la autopista del Sur de Tenerife, TF-1, y junto a la central de Endesa en Las Caletillas, mantienen además un litigio con el Ministerio de Medio Ambiente acerca de por dónde debe pasar la línea del deslinde público marítimo-terrestre.
Todavía dos tercios del barrio desalojado por grave riesgo
Consultado este sábado el Ayuntamiento al respecto, confirmo a este diario las dificultades para resolver la situación, debido al aludido criterio jurídico del secretario.
El desalojo fue una medida cautelar y provisional por motivos de grave riesgo de desprendimiento de rocas sobre las viviendas, según constaba en los informes técnicos.
Una vez que se certificó que las actuaciones (tanto las realizadas por el Ayuntamiento como las de la propia Endesa) en el talud propiedad de la compañía eléctrica aportan un nivel de seguridad sobre las viviendas situadas entre el número 1 y el 31 (ambas inclusive) así como a los usuarios de la vía, se permitió el realojo en mayo del pasado año a los residentes en esa parte del barrio. Pero continúan sin poder volver los propietarios de las viviendas desde la 33 a la 101, por la persistencia del riesgo grave de derrumbes.
La fuentes municipales consultadas subrayan que «el Ayuntamiento ha sido la única administración que se ha hecho cargo de los gastos motivados por este desalojo, tanto de las ayudas al alquiler que se han prestado a las 11 familias que tenían su única vivienda en Bajo La Cuesta, como de las obras realizadas en la parte del talud de domino público, en la parte de Unelco-Endesa».
