NOÉ RAMÓN
Finalmente la Audiencia Provincial ha sentenciado que existió una estafa piramidal en la gestión de la galería de aguas de Arico que tiene el llamativo nombre de La Sorpresa. Pero acto seguido se deja libre de cargos a las dos personas que hasta entonces permanecían como acusadas y se falla que el auténtico responsable es el antiguo secretario de la Comunidad de Aguas, J. D. ya fallecido.
Frente a las 1.458 participaciones que tenía esta galería se llegaron a vender mil títulos más por un valor aproximado de 400 euros cada una, lo que suma una estafa de cerca de 400.000 euros. Sin embargo, durante el proceso judicial no se pudo demostrar que los dos acusados tomaron parte en esta estafa o se beneficiaron de la misma de forma consciente.
El secretario y padre de uno de los inculpados murió a principios de 2013 después de haber ejercido este cargo desde 1995 hasta 2008. La sentencia determina que durante este tiempo fue el encargado de expedir y firmar las certificaciones en las que figuraba el nombre del presidente. El fallo considera probado que “aprovechándose de su condición y la confianza que ello generaba, durante casi tres lustros hizo creer a un número indeterminado de personas que existían participaciones en venta, cuando no era realidad”.
Los compradores pagaban entre 300 ó 400 euros por cada una de ellas y a continuación recibían una certificación de acciones de agua que en realidad pertenecían a otro titular. El resultado es que llegó a haber en el mercado más de dos mil seiscientas participaciones, alguna de las cuales pertenecía a la vez a 18 titulares.
Las acusaciones hablaban de estafa y de falsificación de documento mercantil por lo que pedían seis años de cárcel para el presidente, A. M. y cuatro para el otro procesado S. D., nuevo secretario e hijo del fallecido y la devolución de las cantidades supuestamente apropiadas. Durante el juicio llegaron a declarar hasta 130 vecinos de Arico que se consideraban estafados. El Ministerio Fiscal concluyó con que efectivamente existió un delito pero el responsable, bajo su punto de vista, era el exsecretario ya fallecido.
La mecánica de la estafa consistía en usar el dinero de los nuevos compradores para entregárselo a los antiguos y de esta manera simular que estaban recibiendo beneficios. La Sala sostiene que se está ante todos los elementos característicos de una estafa piramidal y como consecuencia al final acabó aflorando de forma inevitable el fraude, que en este caso consistió en la existencia de títulos triplicados. El resultado fue que tanto los antiguos propietarios como los nuevos acabaron perdiendo todo el dinero y el derecho a usar el agua.
Fue posible demostrar que el presidente ni siquiera llegó a ser elegido para este cargo y tampoco cumplía con los trámites previstos en los estatutos, como el ser comunero. Pero no se pudo probar que firmara todos y cada uno de los títulos fraudulentos y de hecho declaró que se limitaba a avalar sólo aquellos que le pasaba el secretario. Aunque en muchas ocasiones acudían juntos a realizar gestiones y cobros, tampoco se considera que este hecho sea suficiente como para concluir en su culpabilidad. Es más, la Sala cree que siempre actuó confiando en la gestión del exsecretario sin llevar a cabo mayor control sobre la gestión de la comunidad.
Algo parecido ocurría con el hijo quien cobraba cuotas que no habían sido acordadas en ninguna junta y entregaba títulos ficticios. Es decir colaboraba con su padre como su hombre de confianza hasta el punto de quedar acreditado que vendió participaciones duplicadas y participó en la trama. Pero no se llegó a demostrar que cobrara títulos que no eran de su propiedad o que fuera consciente de que su padre estaba cometiendo esta estafa.
