VICENTE PÉREZ
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha sorprendido con el anuncio de que ha encargado un informe jurídico al secretario del Ayuntamiento para determinar las posibilidades de promover en el Parlamento canario (ya tendría que ser, todo caso, en la próxima legislatura) una modificación legal o una proposición de ley para «proteger la tradición del Carnaval en calles y plazas concretas» ante la «amenaza velada» de la asociación de vecinos El Perenquén, de que acudirá a los tribunales si en la edición de 2020 el macrobotellón carnavalero no se traslada hacia la zona puerto ciudad.
Este colectivo vecinal no ha tardado en responder a Bermúdez, al que acusa en un comunicado de «tergiversar» sus reivindicaciones y de «inaceptable provocación y manipulación» , por lo que le pide que rectifique sus declaraciones públicas.
El enfado de estos residentes en el centro parece mayúsculo con el mandatario, dado que desmienten que su intención sea sacar el Carnaval tradicional del centro histórico chicharrero, sino «única y exclusivamente el macrobotellón, con quioscos de música a todo volumen», que a su juicio ni forma parte de una tradición de esta fiesta ni su ubicación alcanzaba, como ahora, la plaza de Weyer y la calle de Méndez Núñez Además, la asociación tacha de «inaudito» que el regidor municipal anuncie que promoverá un cambio legislativo para impedir la ejecución de una sentencia judicial firme, medida que dudan que sea «lícita».
«Trasladar el Carnaval al puerto mataría nuestra fiesta»
En declaraciones a El Día, el alcalde y líder de CC avanza que también ha dado instrucciones al Organismo Autónomo de Fiestas para que intensifique las gestiones para solicitar la declaración, por parte de la Unesco, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y, por si existiera otra posibilidad, deja abierta una tercera vía para que «se valore igualmente cualquier declaración que ayude a proteger los valores y espacios tradicionales de nuestro Carnaval».
«No es posible dejar de celebrar el Carnaval en la calle de Valentín Sanz, en la plaza del Príncipe o en la plaza Candelaria. Eso lo vamos a combatir jurídicamente; no vamos a esperar a que nos presenten una demanda, sino que vamos a dar un paso adelante y vamos a proponer una modificación normativa que proteja nuestro Carnaval de ese tipo de cosas, con la regulación que se precise», insiste Bermúdez, «pero no sustituyendo el Carnaval de la calle por trasladarlo al Puerto. No veo un Carnaval de Santa Cruz en el Puerto».
El gobernante señala que El Perenquén pretende el traslado del Carnaval a otra zona, como ya ocurrió en Las Palmas y que «casi ha terminado con aquella fiesta». El regidor sí entiende que la fiesta ocupe gran parte de la superficie que se acaba de ganar al puerto, de unos 40.000 metros cuadrados, pero en ningún caso reubicar allí el Carnaval.
Incluso en la última asamblea celebrada por los vecinos, según Bermúdez, se planteó la posibilidad de contratar a los mismos abogados que consiguieron la suspensión del Carnaval en las calles de Las Palmas. «Ante eso, queremos que la ley dé una protección normativa de nuestro Carnaval, de sus espacios públicos tradicionales y de su manera tradicional de celebrarse. Si hay que limpiar más, si hay que limitar los decibelios o hacer cualquier tipo de ordenanza, estamos abiertos al diálogo», planteó en sus declaraciones a El Día.
«Tampoco estamos de acuerdo con que una persona no se pueda tomar un refresco en la calle en Carnaval, o que no haya música en la calle en nuestro Carnaval. ¿Con limitaciones? Pactemos las limitaciones. ¿Con medidas correctoras? Pactemos las medidas correctoras. ¿Con más limpieza? Más limpieza», enfatizó el gobernante.
El alcalde entiende que hay que fijar medidas correctoras, pero «de ahí a sustituir la idiosincrasia de nuestro Carnaval por otro modelo, no». «Es evidente que el Carnaval que tenemos hoy no es el mismo que se celebraba en 1908, pero que no haya Carnaval en la calle puede significar la destrucción del Carnaval y contra eso voy a luchar», enfatizó.
Los vecinos: «El alcalde está tergiversando todo»
El Perenquén no ha dudado en salir al paso de estas manifestaciones, pues lamenta que el alcalde «tergiverse de esa forma el legítimo derecho de vecinos del centro histórico a plantear que se sitúen unos cientos de metros más abajo determinados actos nocturnos, concretamente los macrobotellones con quioscos que emiten música a niveles de ruido superiores a los permitidos legalmente, y que no forman parte de la tradición del Carnaval chicharrero, ni por su estilo, ni por su nivel de ruido, pero mucho menos por su ubicación actual hasta la plaza de Weyler y la calle de Méndez Núñez».
«En ningún caso la asociación ha planteado que no se celebren actos tradicionales del Carnaval en dichas plazas y calles – incluyendo orquestas, actuaciones de agrupaciones carnavaleras como rondallas murgas o comparsas- ni, en el conjunto del centro histórico, cabalgatas, concursos de disfraces, actuaciones por la calle y en general actos que sí constituyen «valores culturales e históricos» de esta fiesta.
Es más, la asociación explica que en todos su comunicados y actos públicos ha dejado claro que sus integrantes defienden el Carnaval tradicional, y limitan su petición «única y exclusivamente» a las citadas actividades nocturnas más ruidosas, que deben volver adonde siempre estuvieron, en el entorno de la plaza de España más próximo a la zona puerto ciudad, con la ventaja de que ahora existen más espacios libres y la posibilidad de que se utilice la gran explanada portuaria que hay frente al Cabildo.
Por tanto, asegura este colectivo, «solamente pedimos que estas aglomeraciones específicas de personas que originan descontrol de seguridad, exceso de ruido, destrozos, suciedad, que usan los portales como si fueran WC, que impiden la movilidad de los vecinos, se lleven a cabo en otra zona e incluso proponemos un espacio como alternativa».
«¿Es lícito cambiar una ley para no ejecutar una sentencia?
La asociación le resulta cuanto menos «asombroso e inaudito» que el alcalde haya anunciado que promoverá a través del grupo parlamentario de CC una reforma legislativa ad hoc para proteger el Carnaval y evitar la ejecución de una sentencia judicial dictada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que exige medidas correctoras para asegurar el derechos al descanso de los vecinos con el derecho al ocio, incluyendo la de contemplar el traslado del macrobotellón fuera de zona residencial.
Esta agrupación de vecinos se pregunta, y entiende que es una «duda razonable, si acaso es lícito cambiar leyes para que no se cumplan sentencias firmes que no se están ejecutando de forma satisfactoria ni se cumple la Ley de Espectáculos Públicos ni la Ley del Ruido».
Igual de «sorprendente» resulta para la asociación que el regidor municipal haya manifestado que ha dado instrucciones al secretario del Pleno para que realice dicha propuesta de modificación de la normativa que luego promovería CC en el Parlamento, en lo que constituye una inaceptable utilización partidista de recursos públicos, si nos atenemos a lo expresado en el El Día.
Las declaraciones de Bermúdez suponen, para El Perenquén, una «injusta provocación» a esta asociación, que «habla también en nombre de ancianos y personas enfermas que se merecen un respeto», pues desde el primer momento estos vecinos han dejado claro que solo recurrirán a la vía judicial para ejecución de sentencia si no existe voluntad de diálogo por parte del Ayuntamiento, e incluso han anunciado que después de las elecciones buscarían el consenso entre los distintos grupos políticos municipales.
«En cambio», expone en el comunicado estos residentes en el centro chicharrero, «el alcalde ya da por hecho en estas manifestaciones públicas que se pedirá la ejecución de la sentencia, situando a El Perenquén como una especie de intolerante enemiga del Carnaval, cuando es el Ayuntamiento el que se ha saltado los niveles de ruido en determinadas calles y no ha informado a los vecinos del plan de evacuación en la zona centro, ni ha dado alternativa habitacional a personas enfermas y ancianos a los que perjudica el nivel de ruido en sus viviendas en esas madrugadas de macrobotellón».
«Un alcalde no puede enfrentar así a unos vecinos contra otros, debe buscar vías de diálogo, pues tan alcalde es de quienes disfrutan de los macrobotellones como de quienes exigen que se concilien con el derecho al descanso de los vecinos del cuadrilátero del Carnaval, y desde luego, debe respetar la hoja de ruta que ha planteado el TSJC», asegura esta asociación en el comunicado.
El Perenquén manifiesta que no pretende, como afirma Bermúdez, que «una persona no se pueda tomar un refresco en la calle en Carnaval», pues la propuesta de este colectivo «no supone reivindicar un silencio sepulcral en el centro histórico ni el cierre de bares ni restaurantes en Carnaval, sino que se traslade hacia el frente marítimo el ruido que ahora, desde Méndez Núñez hasta Robayna, provocan los quioscos a todo volumen y en donde precisamente no son refrescos lo que toman los carnavaleros, pues por definición, macrobotellón, como bien sabe el alcalde, implica el consumo masivo de alcohol».
Por último, El Perenquén exige al alcalde una rectificación de sus palabras, al constituir una «inaceptable manipulación» de las verdaderas intenciones de este grupo de vecinos «impropia del cargo de responsabilidad que ostenta y que merecen un respeto que el alcalde no ha tenido con estas manifestaciones».
