VICENTE PÉREZ
Un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla sobre los activistas que protestan desde el martes contra la construcción del hotel de La Tejita encaramados en las grúas de las obras no prohíbe de forma genérica subirles comida y otros materiales, de carácter humanitario, sino que, al contrario, autoriza a la Guardia Civil a facilitar ese auxilio «si existe una situación de inminente riesgo para la integridad o vida de las personas afectadas».
Así lo ha aclarado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con relación a las informaciones divulgadas en las redes sociales por el movimiento ecologista de apoyo a estos activistas (de las que se hizo eco este diario) que atribuían al juez la decisión de no permitir, durante este viernes, materiales de seguridad y baterías, ni comida, a estas dos personas trepadas en las grúas, a pesar de que se preveía un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
En realidad el origen de estas informaciones, según publicó PLANETA CANARIO, fue un mensaje de la Delegación del Gobierno al grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias, en el que se indicaba que «ha dictado un auto el juez prohibiendo que se les suba comida salvo que peligre su vida» y que se iba a valorar si había «peligro vital» para estas dos personas en lo alto de las grúas, en cuyo caso se les auxiliaría a través de los bomberos.
El matiz sobre el que ha advertido el TSJC es que la autoridad judicial en ningún caso les ha denegado asistencia, sino que le ha dicho a la Guardia Civil que este cuerpo tiene la competencia para actuar sin autorización judicial si lo considera conveniente, al ser quien ostenta el conocimiento directo de la situación y tienen la capacidad profesional para hacerlo.
El juez, tras sopesar los intereses en juego, el de la propiedad privada invadida y Ia vida de los activistas, estima que debe prevalecer este último.
Y tal es así que en la parte dispositiva del auto se especifica que, si bien «no procede acordar la autorización judicial genérica efectuada y sin valorar las circunstancias concretas de necesidad», corresponde «a los servicios de emergencias, y, en su caso, a la Fuerza Pública, valorar si existe una situación de inminente riesgo para la integridad o vida de las personas afectadas en cuyo caso y con sujeción a su propia legislación habrán de proceder convenientemente».
Fue la propia Guardia Civil la que solicitó autorización judicial genérica para entrar en la obra cuantas veces sean necesarias para realizar gestiones con Bomberos y Protección Civil para organizar un operativo y poder contactar directamente con las personas atrincheradas en lo alto de las grúas, de modo que se pueda comprobar su estado de salud y las condiciones de seguridad en que se encuentran, así como las necesidades básicas que resultan precisas, para en su caso facilitárselas.
La «interpretación errónea» del auto que se había divulgado, atribuyendo al juez las decisiones concretas sobre el terreno con respecto al auxilio que pudieran necesitar estos activistas derivó en parte hacia el magistrado el enfado de los ecologistas. Ya en una ocasión anterior se permitió a los bomberos subir comida hasta lo alto de las grúas.
Este acto de protesta reivindica paralizar unas obras de este hotel de lujo poque sus detractores consideran «ilegales» porque la parcela está afectada por la revisión, aún sin resolución administrativa definitiva, del deslinde del dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.
La construcción del hotel se lleva a cabo en primera línea de la playa de La Tejita, incluida en el espacio natural protegido de Montaña Roja, con categoría de Reserva Natural Especial.
Para este sábado 20 de junio está convocada una manifestación alrededor de la parcela donde se edifica este establecimiento de lujo, a partir de las 17 horas.
La asociación Salvar La Tejita reprocha a todos los organismos públicos su «estrategia, por razones desconocidas,» de permitir que continúe la ejecución del proyecto pese a sus «ilegalidades e irregularidades» que tiene denunciadas en vía contenciosa y penal, y anuncia que promoverá nuevos «procesos legales contra cualquier empresario, político o funcionario que haya actuado ilegalmente o con negligencia».
El Gobierno canario dice que no puede impedir el hotel pero exige «por tercera vez» a la Dirección General de sostenibilidad de la Costa que pare la obra. El consejero de Transición Ecológica y Política Territorial, José Antonio Valbuena, blanco también de las críticas de los ecologistas, coincide con ellos en no entender por qué el organismo estatal no ha paralizado la construcción de manera cautelar cuando sabe que el proyecto se va a ver afectado por la nueva delimitación de la franja de protección de la costa.
La promotora, el grupo gallego Viqueira, ha asegurado a este diario que está llevando a cabo una obra «legal, contando con todos los permisos necesarios para ello». Y añade que «en este caso, los que actúan fuera de la ley han sido las personas que han accedido a las grúas sin permiso, contra los que actuaremos tomando las medidas legales que nos correspondan en derecho”.
Todo este asunto está denunciado en vía penal por Salvar La Tejita, que, junto al grupo ecologista ATAN, han recurrido en los tribunales de lo contencioso administrativo la licencia de obras dada por el Ayuntamiento de Granadilla.
