VICENTE PÉREZ
El Pleno del Parlamento canario ha acordado por unanimidad tomar en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) de debatir una ley frente a catástrofes volcánicas, más conocida ya como Ley de Volcanes, promovida por afectados por la erupción de 2021 en La Palma. Ahora el texto propuesto inicia su trámite parlamentario.
Desde la tribuna de la Cámara, Juan González Morín, en nombre de la comisión promotora, a la que han respaldado 20.000 firmantes, ha sostenido que la propuesta nace de la sociedad civil «ante el fracaso de los partidos políticos» para tomar la iniciativa, al tiempo que lamentó que «ante la mayor catástrofe natural de Europa» en el último siglo «no hubiera unidad política».
Todos los grupos parlamentarios mostraron su predisposición a debatir y consensuar esta ley, cuya tramitación cuenta también con el criterio favorable del Gobierno canario, aunque condicionado a que el texto articulado final tenga en cuenta los peros puestos por algunas consejerías, como la de Turismo (contraria a las disposiciones de la ILP en esta materia) y Hacienda (que deja claro que en materia fiscal no pueden entrar estas iniciativas legislativas).
Juan González: «Fracaso político y burocracia deshumanizada»
«Una ley», subrayó González, «del pueblo y para el pueblo», que «parte del principio fundamental de que las personas deben recuperar el valor de lo perdido». González se quejó de que para la reconstrucción los afectados llevan sufriendo una «dolorosa» y «deshumanizada» burocracia, la falta de plan de reconstrucción, la toma de decisiones políticas sin su participación y unas ayudas insuficientes.
Aunque valoró de forma positiva los decretos ley dictados en el último año por el Gobierno canario para la reconstrucción de las viviendas (una ya es ley aprobada por el Parlamento regional) y las fincas agrarias, defendió como «imprescindible» que se apruebe esta Ley de Volcanes
«No fuimos advertidos de la erupción»
«Muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de planificar la salida de nuestras casas, no fuimos advertidos a tiempo de la erupción», protestó el portavoz de la comisión promotora, en alusión a que las autoridades no evacuaron a la población con antelación pese a las evidencias de que el fenómeno eruptivo era inminente.
Emocionado, propuso a los diputados, como ejercicio mental de empatía, que se pusieron en el lugar de los afectados y pensaran qué harían si les hubiera pasado lo mismo que a ellos, es decir, tener que dejar atrás sus objetos personales, sus enseres e incluso sus animales.
«¿Qué echarían en falta? ¿las fotos de su boda, de sus nietos, sus hijos, la caja de tea que les regaló su abuelo o aquel recuerdo que su madre guardaba?, interrogó, en uno de los momentos más emotivos, pero también de rabia contenida.
«Esperemos que con esta ley podamos empezar a ver un futuro para nosotros y para nuestros hijos y nietos, para que nadie vuelva a pasar lo que hemos sufrido las personas afectadas por esta catástrofe», apostilló.
Apoyo de los grupos de gobierno y de la oposición
El parlamentario del Partido Popular (PP) Jacob Anis Qadri Hijazo reconoció que los promotores de esta ILP «nos han hecho ver la falta de capacidad de la Administración pública para resolver» los problemas creados por la erupción.
Destacó por ello que es una ley que, si ocurre una catástrofe igual, «protegerá del exceso de burocracia y de diferentes posicionamientos políticos que han complicado todo, precisamente por falta de una norma de este tipo».
En representación del grupo de Coalición Canaria (CC), Jonathan de Felipe Lorenzo puso de relieve que esta iniciativa ciudadana «nace de un fracaso político, que los afectados han transformado en algo positivo, una ley del pueblo». Y concluyó con la arenga de que los palmeros «no somos víctimas, sino una oportunidad».
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta afirmó que «Canarias necesita una norma específica que nos diga quién y cómo hay que actuar para reparar daños por erupciones» pero añadió que «debemos evitar duplicidades y contradicciones y encardinarla» en el marco jurídico vigente», porque, a su juicio, «es mejor no tener una ley que tener una muy mala».
Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Ramón Chinea, calificó la ILP como «una ley del pueblo, fundamental para conocer de primera mano qué tenemos que solucionar, por qué en una catástrofe no somos capaces de poner los medios adecuados para dar una respuesta inmediata a los afectados».
Desde el PSOE, la diputada Alicia Vanoostende, exconsejera de Agricultura con el anterior Gobierno canario de izquierdas, elogió «la labor altruista» de quienes han propuesto esta ley, «que no va solo de La Palma sino de toda Canarias, habla de futuro y recoge el sacrificio y el sufrimiento que hemos pasado» en la Isla bonita con el volcán, «tomando esta experiencia, con sus errores y aciertos, para planificar que en el futuro se dé una respuesta ágil y certezas a los afectados».
El diputado de VOX Javier Nieto Fernández dijo que su grupo «recoge el guante» de las críticas de los afectados por «la inacción» política y abogó por que el articulado propuesto por iniciativa ciudadana «no lo vaciemos de contenido» con enmiendas durante el trámite parlamentario.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos agradeció que se trate de una ley «no del volcán de La Palma, sino dirigido al conjunto de Canarias», porque «las futuras erupciones seguirán teniendo impacto en la población, por nuestra ocupación del territorio».
El pleno contó con la asistencia, en el palco, de miembros de la comisión promotora de la ILP así como de cargos públicos de La Palma.
Varias consejerías han puesto reparos
El texto de la iniciativa legislativa no cuenta con la conformidad de la Consejería de Turismo del Gobierno canario, por no garantizarse su encaje en el marco jurídico, competencial y presupuestario vigentes y carecer de la suficiente participación ciudadana en lo tocante al sector turístico.
La Secretaría General Técnica del la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, también observa que el texto articulado de la ILP «carece de planteamientos novedosos», en especial, en materia de protección civil, pues ya están recogidos, señala, en la normativa vigente a escala nacional.
Por su parte, la Consejería de Hacienda advierte de que no puede haber referencias a medidas tributarias, porque están vedadas a la iniciativa legislativa popular. Además, previene de que la ILP de la Ley de Volcanes «excede de las competencias autonómicas en materia de protección civil, por lo que no se ajusta al marco constitucional de distribución de competencias».
Por último, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura cree que la propuesta de ley adolece de «falta de detalle o aportación de análisis basados en medidas concretas», lo que impide a este órgano técnico dar su «valoración».
