PLANETA CANARIO
La Alianza de Vecinos de Tenerife denuncia en un comunicado que, cuanto menos, la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia exige aún cita previa para poder ser atendido, como ha confirmado este martes 10 de octubre un representante de este colectivo.
Este movimiento ciudadano recuerda que, como anunció el propio Gobierno de Canarias la pasada semana, desde el 9 de octubre ha quedado eliminada la obligación de cita previa al igual que de hacer trámites solo por internet, quedando solo como opciones voluntarias que puede elegir cada usuario.
Por todo ello, la Alianza vecinal exige a la titular de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Candelaria Delgado, que haga cumplir esta orden en todos sus departamentos.
La pasada semana la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, anunció en rueda de prensa que el Gobierno regional suprimía el sistema de cita previa obligatoria y retomaba la atención presencial en la Administración autonómica, en sus organismos, empresas y entidades dependientes, En esa comparecencia informativa estaba presentes también el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, y la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes.
“Devolvemos a la ciudadanía el pleno ejercicio de un derecho que estaba limitado y acercamos la Administración de la comunidad autónoma a las personas, que es uno de los objetivos de este Gobierno”, señaló Lady Barreto, quien también instó al resto de Administraciones, locales e insulares, que aún no lo hayan hecho, a poner en marcha esta medida.
La Alianza de Vecinos subraya que la orden de acabar con la cita previa se adoptó tras «la irritación y malestar social» reinante dado que se trata de una medida implantada por la pandemia del Covid-19 y se había seguido aplicando sin justificación.
«La cita previa impuesta, sin dar opción al atendimiento con o sin cita previa, es una forma de deshumanización de la burocracia, una forma de ralentizar la eficacia y rapidez de los servicios administrativos y una desconsideración hacia los vecinos», sostiene este grupo de colectivos ciudadanos. Y añade que le resulta » inaudito que una Dirección General se salte una orden» como esta.
A juicio de la Alianza, el funcionariado «debe de tener como objetivo el servir a los ciudadanos de una forma rápida, eficaz y considerada, en lugar da poner dificultades, retrasos injustificados y falta de amabilidad y corrección».
En línea con la filosofía humanista de este grupo de vecinos, su comunicado hace una reflexión final: «Cuando cometemos una acción que provoca dolor y sufrimiento estamos ante un acto de inmoralidad».
