VICENTE PÉREZ
Podemos, con apoyo de UGT, ha presentado este viernes, justo el primer día de la campaña electoral, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la privatización de los casinos del Cabildo de Tenerife por una presunta infravaloración de su precio en 18,6 millones de euros, al haber salido a la venta por 25,1 millones en lugar de los 43,7 a los que para los denunciantes, apoyados en un informe de un perito economista, asciende el valor real de estas instalaciones.
La denuncia va dirigida «principalmente» contra el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, y el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías (ambos de Coalición Canaria) «por conocimiento directo y porque han sido los principales instigadores de este daño patrimonial al erario público y a la ciudadanía de la Isla», en palabras del consejero de Podemos en la institución insular Julio Concepción, también miembro del consejo de administración de la hasta ahora sociedad pública Casinos de Tenerife.
No obstante, puntualizó que la denuncia se extiende también a todos los miembros del Consejo de Gobierno insular, formado por CC y PSOE, que aprobaron la venta de este patrimonio público.
Concepción compareció ante los periodistas en la entrada del Palacio de Justicia, tras presentar la denuncia, acompañado por la también consejera de Podemos Mila Hormiga, y, en apoyo de esta iniciativa penal, el delegado de UGT Agustín Melián, quien juzgó «increíble que en el Cabildo no haya un técnico capaz de valorar los casinos» y se recurra a una empresa tasadora externa, BBO, pues en el expediente «se limitó a validarlo diciendo que no tenía capacidad parea hacer una tasación, lo cual es bastante chirriante». A su juicio, » estamos en la antesala de lo que podríamos denominar un caso Teresitas 2″.
Este diario solicitó ayer la versión de Carlos Alonso, pero en su lugar el gobierno insular emitió un comunicado en el que reduce la denuncia a «una maniobra electoralista que coincide con la finalización del plazo de presentación de ofertas [para la privatización de los casinos ]y con el inicio de la campaña electoral», al tiempo que asegura que «el expediente cuenta con los informes preceptivos y de control exigidos, entre ellos el informe favorable de la Intervención».
Concepción: «No valora ni local ni maquinaria y se inflan los gastos»
El consejero de Podemos acusó a «CC y PSOE de una ruinosa gestión de contabilidad que ha hecho creer de manera artificiosa que en el fondo nos estamos desprendiendo de algo que no merece la pena tener, y eso es un engaño al pueblo del Tenerife».
Entrando en los pormenores de la denuncia, Podemos detalla que en el informe encargado por el Cabildo a la empresa externa «ya se detecta una serie de irregularidades que repercuten directamente en el precio de los casinos; la primera irregularidad es que se afirma que se han basado en determinada información que les ha proporcionado la Dirección de Casinos de Tenerife o que han obtenido de fuentes de información públicas disponibles, no habiéndose llevado a cabo ninguna verificación independiente de dicha información».
Además, «se excluye del valor de los casinos el valor del activo neto, es decir, el de Playa de Las Américas, valorado en 4,5 millones de euros, así como los valores de las máquinas, que también se transmiten pero que no se computan en el valor de las acciones para la venta; de modo que ambos conceptos, local y maquinaria, ascienden a la nada despreciable cantidad de 12.208.000 euros».
«Pero también se han inflado los gastos de los casinos», señaló Concepción «para reducir sensiblemente su valor, y así la valoración de los flujos de caja, y por tanto, el valor de las acciones ha partido de las propias estimaciones de la dirección de Casinos de Tenerife, que las ha ajustado únicamente para aumentar los gastos de forma desproporcionada y sin justificación alguna, manteniendo las previsiones de ingresos».
El perito economista que ha realizado el informe para Podemos tasa el valor de los casinos en 43.797.200 euros, lo cual quiere decir que «se estableció 25.105.000 euros como precio de licitación, sin incluir el valor del activo real neto, 12.208.000 euros». «Por tanto, hay un daño patrimonial que debe valorarse en 18.692.200 euros», estima Podemos.
UGT: «El técnico del Cabildo que validó le precio no tenía capacidad parea hacerlo»
El delegado de UGT recordó que este sindicato ya ha denunciado este asunto en la vía contenciosa administrativa y que va a llegar «hasta las últimas consecuencias para desmantelar este desproporcionado interés en la venta de los casinos públicos».
Ahondando en el expediente, explicó que «se han pedido dos métodos de valoración en el pliego de cláusulas técnicas, pero resulta que finalmente la empresa [tasadaora] externa solo utiliza uno pero resulta que eso no cuesta una merma de 12 millones de euros».
«El método elegido por esa empresa es validado por el Cabildo con la maestría de Carlos Alonso al frente, diciendo que el segundo método se desprecia porque dicen que es secundario, lo cual es a todas luces muy temerario», apostilló el sindicalista.
Especial relevancia en esta denuncia le concede Melián al informe técnico del Cabildo «que viene a decir que no ha podido constatar los valores [de la tasación de BDO], porque no tiene capacidad de valorar el método de la empresa externa; por lo tanto lo valida sin tener capacidad para poder valorarlo, lo cual es increíble, porque increíble y bastante chirrioso es que no haya un técnico en el Cabildo capaz de valorar lo que valen casinos».
El gobierno el Cabildo responde: todo es legal y la denuncia, «electoralista»
El gobierno insular remitió un comunicado a PLANETA CANARIO el que sostiene que estas acusaciones del partido de la oposición «responden a una maniobra electoralista que coincide con la finalización del plazo de presentación de ofertas y con el inicio de la campaña electoral, con la única intención de paralizar el proceso de desinversión de los casinos aprobado en su día por todos los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo, con la excepción de Podemos».
El equipo gobernante que preside Carlos Alonso alega que «la tasación de los casinos se realiza de conformidad con la ley por la empresa BDO, una de las cinco sociedades de auditoría más importantes del país, y a través de un procedimiento de contratación que contó con todos los informes favorables de los órganos de control de la Corporación insular»
«Posteriormente se incorpora al expediente el informe técnico, realizado por un funcionario público, que recoge los parámetros en los que se fundamenta la tasación y que fija el precio del contrato, tal y como establecen tanto la ley como el reglamento de patrimonio de las administraciones públicas», argumenta el gobierno CC-PSOE.
Subraya además que «el expediente cuenta con los informes preceptivos y de control exigidos, entre ellos el informe favorable de la Intervención» .
Asimismo, pone de relieve que «las condiciones de venta de las tres sociedades exigen al adjudicatario – además de pagar el precio establecido (25 millones de euros)-, realizar adicionalmente un proyecto turístico con una inversión mínima de 4,6 millones de euros; y debe garantizar el mantenimiento de la plantilla durante al menos dos años [Podemos la cifra en 150 empleados] y respetar todas sus condiciones laborales».
El gobierno insular destaca igualmente que «los recursos que se obtengan de la venta de las tres salas de juego, enmarcada dentro del proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias».
Y, por último, CC-PSOE cree que los antecedentes judiciales en las privatizaciones le favorecen porque señalan que «UGT ya presentó en similares términos un recurso contencioso administrativo que fue desestimado y una querella ante la Fiscalía en el anterior proceso de desinversión, denuncia que fue archivada; y además el sindicato fue condenado a pagar las costas del proceso».
