Un total de 31 de los 88 ayuntamientos canarios aún no han elaborado o aprobado el catálogo que ha de reunir todos los edificios protegidos con valores históricos y artísticos de cada municipio. Y ello pese a que la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, promulgada en 1999, les obliga a hacer este catálogo. Un balance nada alentador, teniendo en cuenta que ya está en trámite en el Parlamento de Canarias una nueva normativa que la sustituya, y que se denominará Ley de Patrimonio Cultural, promovida por la Dirección General de igual nombre en el Gobierno de Canarias.
Esta es una de las conclusiones a la que llega un trabajo fin de máster de Periodismo de Investigación y Datos elaborado por la tinerfeña Laura Pérez Yanes, graduada en Periodismo por la Universidad de La Laguna.
En este estudio, para el que ha contactado con todos los ayuntamientos y cabildos,, concluye que «catorce años después de la entrada en vigor, en 1999, de la Ley de Patrimonio Histórico, en la actualidad, tres de cada diez ayuntamientos de las islas incumplen uno de los compromisos recogidos en el artículo 43 , en el que se señala que los consistorios ‘deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo arquitectónico del municipio donde se recojan aquellos inmuebles y espacios singulares”.
La autora de este trabajo es natural de El Toscal, conjunto histórico de Santa Cruz de Tenerife, uno de los peor gestionados de España. «Elegí este tema por interés personal, porque durante 23 de mis 27 años residí en este casco histórico, y comprobé la lucha de sus asociaciones vecinales por su preservación y recuperación», comenta a PLANETA CANARIO.
No es casualidad, por tanto, que esta periodista comience así el relato de su investigación: «Puertas desvencijadas, maderas carcomidas, pintura desprendida. Muchas viviendas del populoso barrio de El Toscal han sido invadidas por el tiempo y parece que sus estructuras no permanecerán allí para siempre. Sin embargo, poseen un valor incalculable para la historia y la identidad de la capital tinerfeña: este conjunto de casas terreras y de construcciones solariegas, hoy salpicado por nuevos y más altos edificios, forma parte de los 430 Bienes de Interés Cultural (BIC) que existen en Canarias».
Esa condición, la de BIC, recuerda Laura Pérez, supone el mayor nivel de protección que otorga la legislación española al legado de notable valor histórico, artístico, cultural, etnográfico, arqueológico o paleontológico. La aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico estatal, en el año 1985, sentó las bases actuales para la defensa del acervo cultural español y sirvió de impulso a la creación de leyes autonómicas que velarían por la conservación de los elementos más destacados de cada región.
La intención de esta investigadora es completar otros aspectos del trabajo a medida que los cabildos le remitan las documentación que ha solicitado.
