VICENTE PÉREZ
Dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de La Laguna para el alumbrado público municipal se encuentran en el punto de mira de la oposición municipal por indicios de presuntas irregularidades. Uno se licitó al final del pasado mandato y otro este mismo año.
Hasta ahora, con diferentes matices, han exigido explicaciones el PP, que está dispuesto a promover una comisión de investigación; VOX, que confiesa que está «muy preocupado» por la información que va conociendo; Unidas Se Puede, que fue el primer grupo en pedir los expedientes; y Drago Verdes Canarias, al que «no extrañaría que las acusaciones de irregularidades se confirmasen».
El gobierno municipal que preside en este y en el pasado mandato el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez defiende la legalidad de estas licitaciones y la honorabilidad de sus funcionarios, aunque incurre en algunas, cuanto menos, imprecisiones.
Principales sospechas sobre las dos licitaciones
Uno de los contratos está recurrido por la empresa Effico -hasta hace unos meses encargada del mantenimiento del alumbrado lagunero- ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Se adjudicó en el pasado mandato, en mayo de 2023, para cambiar por fondos europeos 1.444 luminarias de vapor de sodio por LED.
En este caso, la mitad de estas luminarias en realidad ya habían sido cambiadas, y, por tanto, su sustitución debió excluirse de la licitación, según la parte recurrente. Además, se invitó a tres empresas, dos del mismo grupo empresarial, y una que, según el recurso, no cumplía todos los requisitos.
Effico ha presentado además un informe de un ingeniero técnico colegiado según el cual la obra se adjudicó con un sobrecoste de 372.000 euros; a lo que hay que añadir que la entonces jefa de servicio -quien se abstuvo- es la esposa del delegado en Canarias de la empresa que se llevó el contrato, ImesApi, por casi 900.000 euros.
El otro contrato en el punto de mira es el del mantenimiento del alumbrado público municipal, se adjudicó en abril pasado por 18,7 millones también a la UTE formada por ImesApi y Emelsa (dos de las empresas invitadas a la licitación anterior), y por ahora está recurrido ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Gobierno canario.
En este caso, las sospechas de la oposición y de la parte recurrente se centran sobre todo en los conflictos de intereses, dado que, con la citada jefa de servicio, el Ayuntamiento decidió contratar al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIITF) para que valorara las ofertas, pese a que dicha funcionaria es secretaria de esta entidad profesional; y a estos vínculos se añade otro: su sucesor en la jefatura del servicio municipal es a su vez hijo del decano del COIITF.
El PP podría pedir una comisión de investigación
Desde el PP, su portavoz municipal, Juan Antonio Molina Cruz, en declaraciones a PLANETA CANARIO, señala que su grupo ha pedido el acceso completo a ambos expedientes, ante los indicios de posibles irregularidades en aspectos técnicos, económicos y del propio procedimiento seguido, al tiempo que advierte de la posibilidad de que solicite una comisión de investigación si las importantes dudas que tienen los populares sobre este asunto no quedan aclaradas de forma satisfactoria.
Al PP le llama la atención la licitación llevada a cabo en 2023 para el cambio de luminarias que en realidad ya estaban cambiadas por LED. «Tenemos dudas razonables sobre si existía un informe técnico previo que justificara la necesidad real de sustituir ese número concreto de luminarias, o si, por el contrario, algunas de ellas ya habían sido renovadas anteriormente», afirma.
Este diario ha podido corroborar que hasta 731 luminarias que ya eran de tecnología LED fueron retiradas del alumbrado público por ImesApi y entregadas a Effico en el otoño de 2023, para sustituirlas por otras LED (en esta noticia se publican fotos de esas luminarias en la sede de esta última empresa citada).
Según el recurso ante el TSJC al que ha tenido acceso PLANETA CANARIO, supone un «error grave no subsanable» cambiar LED por LED, porque el objeto del contrato para acogerse a los fondos europeos era remplazar lumnarias de vapor de sodio por LED.
Presunto sobrecoste «desproporcionado e injustificado»
El PP quiere saber también «si el gasto económico fue proporcional», en vista del informe pericial -al que también ha tenido acceso este diario- que aprecia un «desmesurado e injustificado» sobrecoste de 372.000 euros, y si la escasa baja presentada por ImesApi fue adecuada, ya que el Ayuntamiento adjudicó el contrato por apenas un 0,2 % de rebaja (839.290 € sin IGIC) frente a los 841.121,49 € del precio base, es decir, solo 1.831 € menos.
Según este perito de parte, lo normal en este tipo de contrataciones es una rebaja de al menos el 20 %.
Los populares buscan comprobar también si el proceso se ajustó a los criterios exigidos por la normativa vigente, habida cuenta de que el Ayuntamiento, para hacer esta contratación por vía urgente y sin concurso público, se aferró a un decreto del Gobierno estatal dictado para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, entre ellas la necesidad de ahorrar en energía, aunque también porque podía perder la subvención europea si lo sacaba a concurso público, por falta de tiempo.
Sobre el contrato de 18,7 millones adjudicado este año, al PP considera cuanto menos llamativos los posibles conflictos de intereses, y por tanto, pretende esclarecer «si se realizó con las debidas garantías jurídicas y si los pliegos favorecieron una competencia real que evitara cualquier tipo de situación comprometida para el Ayuntamiento».
VOX: «Hay indicios extraordinariamente sospechosos»
Desde VOX, su concejal, Manuel Alejandro Rodríguez Pardo, reconoce que en su partido están «muy preocupados» por la información que van conociendo sobre estas licitaciones, pues encuentra «indicios extraordinariamente sospechosos de una Administración poco prudente».
La primera interrogante que ha querido lanzar a la opinión pública es cómo es posible que se gaste dinero en cambiar luminarias LED que ya habían sustituido otra empresa: «Nos preguntamos qué necesidad había de cambiarlas, es como abrir una zanja que era innecesaria, para volver a taparla a continuación y que alguien se lleve el dinero».
En cuanto al nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado, reconoce que hay hechos «sospechosos», pero que aún no es momento de acusar de posibles irregularidades ni de adoptar acciones legales, si bien, con carácter general «VOX está profundamente convencido de que el gobierno local lo está haciendo mal».
El edil de VOX avanza que va a profundizar en la documentación que ha podido recabar y que sobre todo exigirá «respuestas veraces que se ajusten a derecho», ya que afirma no creer en la voluntad del grupo de gobierno de transparentar estos y otros expedientes: «Nos torean, nos los dan después de muchísimos meses de pedirlos y nos impiden la labor de oposición».
Drago Verdes Canarias: «Desde el inicio es todo poco transparente»
Esclarecer todo este asunto es también el objetivo de Drago Verdes Canarias, cuya concejala Carmen Peña, en declaraciones PLANETA CANARIO, adelanta que su partido examinará la documentación y tomará las decisiones que correspondan.
En cualquier caso, y en referencia al primer contrato bajo lupa, el del cambio de luminarias con fondos europeos, afirma por escrito a este periódico: «Desde un inicio, el procedimiento de licitación fue opaco y poco transparente, y no nos extraña nada, porque los partidos que han pasado por el gobierno lagunero se han tapado las vergüenzas unos a otros para continuar en el poder».
Además, la edil del partido que lidera Alberto Rodríguez pone de relieve que, en este y también en el otro contrato de mantenimiento, «la cosa no queda ahí, sino que se habla de presuntos sobrecostes, de conflictos de intereses entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento, incluso de que casi la mitad del alumbrado ya estaba sustituido».
Apunta también Peña que «este conflicto con los contratos para el mantenimiento del alumbrado público viene del mandato anterior, con el PSOE y Unidas Se Puede en el gobierno, solo que ahora con la judicialización de la cuestión y con un nuevo contrato firmado en 2025 ha vuelto a salir a la luz; pero estos hechos se remontan a mayo de 2023, justo antes de las elecciones».
Sobre la versión dada hasta ahora por el gobierno municipal, esta concejala observa que «el Ayuntamiento se escuda en que el TSJC no le dio la razón a la empresa del sector que presentó el recurso, pero la realidad es que existen muchas triquiñuelas para hacer pasar por legal algo que podría no serlo, y ellos son expertos en eso». «Nosotros mismos», apostilla, «estamos sufriendo actualmente la utilización fraudulenta de fondos públicos por parte del equipo de gobierno y lo hemos denunciado varias veces, por eso no nos sorprendería que estas acusaciones se confirmasen».
USP, primer grupo que pidió los expedientes
El primer grupo que se posicionó públicamente al respecto fue Unidas se puede (USP), cuyo portavoz, Rubens Ascanio, afirmó en Mírame TV que había pedido información sobre este expediente y que había pedido copia para investigarlo por indicios “graves” en lo que había leído en prensa y lo que había conocido de forma «indirecta».
Posteriormente, según ha podido saber este diario, USP, recibió explicaciones de los técnicos municipales sobre estos procedimientos administrativos pero echó en falta una postura del gobierno municipal sobre este asunto más firme.
No obstante, a pesar de los intentos, no ha sido posible recabar la versión actual de Ascanio al respecto.
El gobierno lagunero defiende que todo es legal
PLANETA CANARIO ha solicitado la versión del gobierno municipal sobre esta polémica, y ha remitido a este diario dos comunicados y varios documentos oficiales. En primer lugar, el grupo gobernante afirma que al contrato del cambio de luminarias adjudicado por casi 900.000 euros invitó a tres empresas «si bien cualquier otra mercantil puede concurrir en este tipo de procedimientos», una afirmación que fuentes de este sector empresarial desmienten, ya que se trató de un procedimiento negociado y sin publicidad y ninguna empresa que no fueran las tres invitadas tuvo oportunidad de presentar ofertas.
El Ayuntamiento refiere también que una empresa que no fue invitada (no la cita, pero alude a Effico) recurrió esta licitación el caso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que lo «desestimó en su integridad» . Fuentes de la empresa recurrente señalan que este tribunal, que no es órgano judicial, no entró en realidad en cuestiones como el sobrecoste o la presunta irregularidad de cambiar por LED luminarias ya cambiadas.
Recurso judicial aún pendiente del TSJC
El gobierno lagunero asegura que el 31 de marzo de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias «resolvió inadmitir la demanda de la misma empresa contra el acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno».
Sin embargo, la versión del consistorio no se ajusta a los hechos, ya que el auto del TSJC sí admitió parcialmente el recurso de Effico, pero circunscribe el litigio a dirimir si fue legal o no el procedimiento urgente, negociado sin publicidad.
Conviene aclarar que el motivo de que TSJC excluya el resto de hechos sobre los que existen suspicacias no se debe a que haya verificado si se cumplió o no la legalidad, sino que ha considerado que Effico no tiene legitimación para poder impugnar las fases posteriores de la licitación, como el examen de las ofertas, la adjudicación y ejecución del contrato.
De ahí que fuentes próximas al caso señalen que no se descarta que este asunto acabe en vía penal, pues es donde se podrían dirimir los presuntos indicios de delito.
La imprecisa respuesta municipal a la OLAF
El Ayuntamiento alude también a que se presentó una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y que trasladó a este órgano toda la documentación relativa al expediente de contratación con fecha 13 de noviembre de 2023, sin que se recibiera ninguna comunicación más al respecto.
Se refiere en concreto el consistorio a la información que le requirió en 2023 la Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda a raíz de este queja recibida.
En ese informe de respuesta a la OLAF, que ha sido facilitado a este diario por el Ayuntamiento, llama la atención la insegura o imprecisa respuesta de los funcionarios municipales a la cuestión clave de si se verificó, antes de la licitación, la situación real de las luminarias en las calles: «Quienes suscriben tienen conocimiento de que en torno a marzo del año 2021 se solicitó dicha información al responsable del contrato de mantenimiento de alumbrado público […]. Asimismo, creemos entender que dicho responsable se lo solicitó a la empresa Effico y que él mismo, le dio traslado al área de Medio ambiente y Servicios Municipales que a su vez remitió dicha información al Área de Hacienda y Patrimonio para facilitarlo a la adjudicataria de la asistencia técnica relacionada con esta actuación».
Los vínculos familiares
En cuanto a la contratación del Colegio de Ingenieros Industriales para licitar el contrato de mantenimiento del alumbrado, el Ayuntamiento alega que el objetivo fue «contar con un órgano externo e imparcial que hiciera una propuesta de valoración, siguiendo criterios técnicos, si bien son los propios técnicos de la Administración pública los que firman la memoria y los informes vinculantes que son luego valorados por la mesa de contratación» y añade que «en ningún momento ha existido conflicto de intereses con empleados de esta Administración local».
Es decir, el gobierno municipal cree que los vínculos familiares en este asunto no solo no deben despertar dudas sobre la objetividad de la elección de la oferta ganadora sino que además la intervención del COIITF es una garantía de imparcialidad.
Por tanto, el consistorio, que defiende «la profesionalidad de su personal técnico y el rigor de los procesos de contratación públicos», no ve nada anómalo en que, cuando era jefa de servicio la también secretaria del COIITF, esta área del Ayuntamiento decidiera contratar a este colegio profesional, ni tampoco que el jefe de servicio que luego la sustituyó -y que firmaría con otro técnico municipal la propuesta de adjudicación- sea el hijo del decano del COIITF, a lo que se añade que el delegado de la empresa que obtuvo el contrato de 18,7 millones sea el esposo de dicha funcionaria y directiva del COIITF.
Hay que destacar que la valoración hecha por el Colegio de Ingenieros, dando ganadora a ImesApi, fue asumida íntegramente por los técnicos del Ayuntamiento, sin que la Mesa de Contratación (de la que no formaba parte ningún ingeniero) pusiera objeciones.
La ética según el Colegio de Ingenieros Industriales
Este diario ha ofrecido a la junta directiva de este Colegio de Ingenieros Industriales dar su versión de los hechos, pero su gerente, vía email, ha respondido que esta entidad «no puede ni debe hacer pronunciamiento alguno mientras el asunto se encuentre sub iudice», debido a que existe una reclamación presentada por una empresa ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
Sin embargo, en la propia web del COIITFE está publicada desde el 9 de junio una nota de prensa en la que la junta de gobierno sí se pronuncia sobre las informaciones periodísticas, publicadas entonces en EL DIA (luego también en Canarias 7) que ponen en entredicho la adjudicación por los conflictos de intereses mencionados.
En ese comunicado, el COIITF se defiende asegurando que «no se ha producido ninguna irregularidad» y que todas sus actuaciones en este contrato con el Ayuntamiento de La Laguna se han desarrollado incluso «bajo los estándares éticos y deontológicos que rigen la labor colegial».
Es más, para su junta de gobierno, todo se reduce a «una campaña de desprestigio carente de fundamento», «sustentada en insinuaciones sin prueba alguna que pretende alterar» el resultado de la adjudicación del contrato de 18,7 millones.
Sostiene la directiva del COIITF que el informe de valoración de las ofertas presentadas lo elaboró «personal técnico cualificado» de esta institución, «sin intervención alguna» de la Junta de Gobierno, y que se trató de una «asistencia técnica independiente y no vinculante». Una versión que pone en tela de juicio la empresa que ha recurrido este procedimiento, de momento ante el Tribunal de Contratos Públicos -no judicial-.
