PLANETA CANARIO
La capital tinerfeña sigue perdiendo edificaciones con potenciales valores patrimoniales de todas las épocas debido a que su catálogo de inmuebles catalogados como patrimonio histórico, que data de los tiempos de Miguel Zerolo como alcalde, presenta clamorosas y extrañas omisiones.
Mientras se tramita a pasos de tortuga desde hace varios años un nuevo catálogo y el Ayuntamiento chicharrero descarta hacer modificaciones puntuales del vigente que podrían salvar de la demolición un puñado de edificios históricos, algunos promotores han acudido a la vía judicial, donde han logrado sentencias favorables a su derribo sin que se examinen sus valores patrimoniales.
Ahora está en el corredor de la muerte el edificio Loher, en la calle Ramón y Cajal, esquina con Galcerán y Miraflores. La Gerencia Municipal de Urbanismo asegura en un comunicado que ha autorizado la demolición en cumplimiento de una sentencia, ya que los propietarios habían recurrido ante la Justicia la denegación del derribo y un Juzgado les ha dado la razón.
Tras conocerse este fallo judicial, el Cabildo de Tenerife ha remitido un escrito a la Gerencia para que paralice el derribo, argumentando que el citado inmueble tiene valores patrimoniales que se deben proteger.
El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha contestado al oficio remitido por el Cabildo el pasado 2 de agosto, en el que expone que la concesión de esta licencia «se hace en ejecución de sentencia firme, tras el desarrollo de un proceso judicial en el que esta Administración emplazó al Cabildo para que se personara, sin que ese acto se produjera».
La sentencia, dictada en marzo de 2023 y ya firme, anula la decisión de Urbanismo de denegar la licencia de demolición, entendiendo el juez que esta se ha dado por silencio administrativo positivo.
Los sucesivos gobiernos municipales en Santa Cruz de Tenerife siempre han optado por proteger muchos edificios menos que el Cabildo, hasta el punto de que desde hace casi 20 años el Servicio de Patrimonio Histórico insular viene reclamando en sus informes proteger, cuanto menos, 500 más, cifra que es aún mayor en la actualidad.
La presión de los defensores del patrimonio histórico hizo que en el pasado mandato se gestara un borrador de nuevo catálogo que, si se aprobara una de sus alternativas, vendría a cubrir las graves deficiencias del vigente, pero el nuevo previsto aún está en tramitación.
En su nota de prensa, el Ayuntamiento no oculta lo que ha venido siendo obvio en estos años: que el Cabildo es el que quiere proteger más inmuebles, no el consistorio. «Para obtener las licencias de demolición, los propietarios han tenido que enfrentarse a un largo procedimiento judicial», relata el comunicado municipal, que añade que «en su momento, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz se vio obligada a rechazar las peticiones de autorización para derribar el inmueble, debido a que el área de Patrimonio Histórico del Cabildo consideraba que esta construcción debía ser protegida por sus valores históricos, artísticos y arquitectónicos».
Alega el gobierno chicharrero que» la Corporación Insular podrá acudir a las instancias que considere en defensa de los pedimentos que se invocan en la resolución dictada», pero con «la expresa advertencia de que, mientras no haya un nuevo pronunciamiento judicial que revoque o suspenda el anterior, no podrá darse cumplimiento a la resolución dictada por esa Cabildo con fecha de 2 de agosto de 2024, dado que de hacerlo se estaría incurriendo en un claro delito de desobediencia a la autoridad judicial, tipificado en el art. 556 del vigente Código Penal».
La Asociación Nuestro Patrimonio lamenta que continúe la destrucción de edificios que el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo «sin ningún tipo de oposición social ni política» en la ciudad.
«Era de esperar, pues, desde hace muchos años, algunas personas con responsabilidad política han ido allanando el camino para que el resultado sea este: la demolición, últimamente hasta con aval judicial, no por falta de valores patrimoniales, sino por inacción política cuando había que haber tomado decisiones para catalogar inmuebles en el corredor de la muerte». expone este colectivo en Facebook.
Y lanza un mensaje: «Veremos caer más, esto solo acaba de empezar».
