VICENTE PÉREZ
El Gobierno estatal ha dado seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar el Monumento a Franco de la vía pública, una vez que el Ejecutivo autonómico ha descartado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC), en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, el Consistorio que preside José Manuel Bermúdez no está dispuesto a cumplir este plazo y va a seguir agotando todas las posibilidades legales de evitar la retirada de este conjunto escultórico, al que el gobierno municipal se refiere en sus comunicados como Monumento a la Victoria.
El alcalde (de CC y que cogobierna con el PP) ha anunciado este lunes 26 de julio que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de estudiar la inclusión esta escultura en el nuevo catálogo municipal de patrimonio cultural (que está en trámite de aprobación definitiva), dándole un grado de protección integral, «por sus posibles valores artísticos».
En realidad, el Monumento a Franco ya estaba incluido en el anterior catálogo, que ya no está vigente tras anularse el Plan General de Ordenación (PGO) por una sentencia judicial.
La decisión de encargar un informe sobre darle un grado de protección a la escultura, obra de Juan de Ávalos, se adoptó tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Y ahora Bermúdez considera que se debe suspender el plazo de seis meses para retirarla de la vía pública ordenado por el Ministerio de Memoria Democrática, al frente del cual está el grancanario Ángel Víctor Torres (del PSOE).
Y es que, a juicio del alcalde, «hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe», Por tanto, el Ayuntamiento presentará un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio, valiéndose de este argumento.
El asunto del que ha informado Bermúdez se trató en la reunión de este consejo fuera del orden del día y por iniciativa del gobierno municipal que preguntó a los miembros de este órgano asesor si se debe dar algún grado de protección al monumento, inferior a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que ha sido descartada por el Gobierno de Canarias.
En este sentido, en un comunicado el Ayuntamiento recuerda que «el Monumento a la Victoria» (el consistorio no lo llama Monumento a Franco) no había sido incorporado en el nuevo catálogo porque la Gerencia de Urbanismo y el equipo redactor de este documento optó por esperar a la decisión que tomara el Gobierno regional respecto a si se le daba la máxima categoría de protección.
Una vez descartado que sea BIC, la legislación contempla otros niveles de protección patrimonial que ahora podrán ser analizados dentro del procedimiento municipal.
En su comunicado, el consistorio informa que la propuesta de estudiar esta posibilidad se adoptó en un consejo del que forman parte el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), el cronista oficial de la Ciudad y personal técnico municipal, entre otros. Asimismo, la Real Academia Canaria de Bellas Artes también estuvo presente en la reunión. Por parte del gobierno municipal figuran como miembros el alcalde, que lo preside, y el concejal de Cultura.
Bermúdez aclara que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico «no decide la incorporación del monumento al catálogo, sino que propone a la Gerencia Municipal de Urbanismo que estudie esa posibilidad durante la tramitación del documento. “El Consejo ha entendido mayoritariamente que existen valores artísticos suficientes para que esa inclusión sea valorada”, asegura el alcalde capitalino.
El regidor chicharrero destaca que la propuesta «se fundamenta exclusivamente en criterios patrimoniales y artísticos, al tratarse de una obra de Juan de Ávalos y de un conjunto escultórico de gran valor integrado en el entorno urbano y vinculado al muro de Almeida».
El expediente para valorar si se declaraba BIC se incoó a raíz de un procedimiento judicial promovido por la Asociación San Miguel Árcángel, en defensa de proteger el conjunto escultórico como Bien Cultural.
El alcalde se aferra a que “tanto la Ley de Memoria Democrática como la Ley Canaria de Memoria Histórica establecen que los elementos declarados vestigios franquistas pueden permanecer en el espacio público cuando cuenten con la correspondiente protección patrimonial y sean objeto, en su caso, de procesos de resignificación”.
El planteamiento del de Bermúdez llama la atención si se tiene en cuenta que en el mandato 2015-2019, siendo él alcalde, el Ayuntamiento gastó cerca de 60.000 euros en un estudio sobre vestigios franquistas en la ciudad, que dirigió la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro, y que concluyó que el monumento a Franco incumple la Ley de Memoria Histórica que su resignificación no es posible, por lo que propone su retirada.
Asimismo, explicó que durante la reunión del Consejo se plantearon distintas posibilidades de resignificación del monumento, entre ellas la apertura de procesos de participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas, iniciativas que, en cualquier caso, solo podrían abordarse una vez concluya la tramitación del catálogo.
La sesión del consejo fue convocada para emitir informe sobre el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo, documento que contiene en la actualidad más de un millar de propuestas, y cuya aprobación definitiva está prevista, inicialmente, para el primer trimestre del próximo año.
El Consejo emitió informe favorable respecto al catálogo, teniendo en cuenta que actualmente se están analizando las alegaciones e informes presentados durante el trámite de información pública.
