PLANETA CANARIO
La Justicia militar y la ordinaria instruyen sendas querellas de Gloria Moreno, jefa del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Lanzarote, contra un psicólogo y otros tres agentes de la Guardia Civil, dentro de las acciones legales que la sargento ha emprendido para defender su honor tras la presunta persecución de que fue objeto por parte de superiores suyos con hasta seis expedientes disciplinarios -todos archivados- a raíz de su sonada denuncia contra el furtivismo en el Archipiélago Chinijo, que acabó con 10 condenados por cazar y comer pardelas protegidas. Casi 146.000 firmas en Change.org apoyan a esta oficial que se ha hecho conocida por su honesta actuación ante los delitos contra los animales y, en general, el medioambiente, caiga quien caiga.
El psicólogo que recomendó aplicar el protocolo de acoso laboral contra Moreno tendrá que enfrentarse al Tribunal Militar de la Guardia Civil tras admitirse a trámite la querella. Según la defensa de la sargento, ese informe se elaboró sin historia clínica, sin exploración psicopatológica alguna de los presuntos acosados e incluso sin valoración de las supuestas conductas de acoso. Algo «totalmente incompatible con los más mínimos criterios profesionales sobre la estructura y contenido de un informe clínico», explicó esta fuente en información adelantada por la SER y confirmada por fuentes próximas a la querellante.
La jefa del Serpona interpuso una querella por un presunto delito de deslealtad contra el teniente coronel jefe del gabinete de psicología de la Comandancia de Las Palmas, Marcos Martín del Castillo, por instar a aplicar el protocolo de acoso laboral contra la sargento, «careciendo de todos los elementos necesarios para poder pronunciarse en tal sentido», según la defensa.
La denunciante considera que el psicólogo elaboró tres informes de recomendación y lo denuncia por un presunto delito de deslealtad al informar sobre un asunto del servicio, exhortando a que se activara el protocolo de acoso laboral en su contra. Según la defensa, «lo hizo con la finalidad de confundir a sus destinatarios para que impulsaran el citado protocolo contra la ahora denunciante, al adolecer sorprendente e insólitamente de los criterios clínicos ineludibles y necesarios para poder pronunciarse como indebidamente hiciera en sus informes».
En la otra causa, en la jurisdicción ordinaria, la Asociación AGM creada por un grupo de personas que pedía justicia para Moreno celebra que el Juzgado 4 de Arrecife, a petición del Ministerio Fiscal, declare compleja la instrucción de la causa abierta contra tres agentes del Seprona, ampliando el plazo a 18 meses.
Los hechos se iniciaron hace varios años cuando las protectoras animales denunciaron varios delitos de maltrato animal – entre ellos el del popular perro King – un cachorro torturado y apedreado por sus dueños – que supuso condena de tres meses de cárcel para sus maltratadores, que acabaron cumpliéndola en prisión,algo que ocurría por primera vez en Canarias.
La asociación señala en un comunicado que «la situación fue tremenda para Gloria Moreno al verse perseguida por cumplir con su trabajo en la defensa animal». Acabó sin sanción un expediente que le abrieron a la sargento promovido por el coronel Ricardo Arranz Vicario, ex jefe de la Comandancia de Las Palmas, tras un informe emitido por el capitán jefe del Seprona en Las Palmas, Germán García.
Fue acusada de informar a protectoras de animales que las denuncias que habían presentado en el Seprona no habían sido tramitadas en los meses en los que ella estuvo ausente de la unidad, por maternidad.
En la querella, explica la asociación AGM, «además de la omisión de obligada realización de los atestados, se aporta que el capitán del Seprona de Las Palmas, inmediato superior de la sargento, y conocedor de los hechos, emitió un informe dirigido al coronel citado, justificando la actuación de los tres guardias civiles querellados y acusando sin embargo a la sargento de una falta disciplinaria».
Una vez archivado el expediente sin sanción a Moreno, dos de los guardias fueron sancionados con faltas graves por no tramitar las denuncias. Las cuatro denuncias que hubieran tenido que dar origen a los atestados fueron presentadas por dos protectoras de animales de Lanzarote. Dos de ellas acabaron en sentencias condenatorias.
Según la asociación AGM, «la no instrucción de los pertinentes atestados por los guardias, a lo que estaban obligados por ley fue un hecho conocido por toda la cadena de mando y varios oficiales relacionados con los expedientes abiertos a la sargento, pero nunca pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial».
