Una sentencia firme condena a una madre a cuatro meses de prisión por delito de atentado a la autoridad y a veinte días de multa (cuatro euros día) por otro de agresiones leves a una profesora en la entrega de notas llevada a cabo en marzo.
La madre del alumno y su pareja acudieron como el resto de padres a recibir los informes y se les notificó que los resultados no eran satisfactorios. Aconsejada por su pareja, la madre se negó a firmar el informe de evaluación del alumno. En un momento en el que la docente se giró recibió un arañazo de la madre (en el informe clínico de urgencias se certifica un eritema facial, lesión por arañazo, y contractura en cervicales). Tal y como narra el atestado, en ese momento la pareja de la agresora trató de agredir también a la víctima, pero otro padre logró evitarlo.
De este fallo judicial ha informado ANPE Canarias, sindicato que valora la sentencia «no solo por delito de agresiones leves (multa por 20 días) sino por atentado (cuatro meses de prisión)», previsto y penado en los artículos 550.1 II y 550.2 del Código Penal.
Para el presidente del sindicato en Canarias, Pedro Crespo, este fallo judicial “supone la respuesta a una demanda histórica de nuestros servicios jurídicos: reconocer al profesorado como figura de autoridad y que se proteja a los docentes ante actitudes intimidatorias”.
Sobre este caso particular, Crespo considera que “se trata de una situación tensa (con problemas desde 2018) que desgraciadamente ha llegado hasta la agresión física, y es una de tantas consultas y denuncias que nos llegan hasta el Defensor del Profesor de ANPE y nuestros servicios jurídicos y es por ello tan relevante disponer de sentencias como ésta, que generan una barrera firme contra la violencia en las aulas”.
147 quejas ante ANPE de profesores por agresiones
Cabe recordar que en el curso 2017/2018 se dieron 147 casos en los que se activó la figura del Defensor del Profesor creada por este sindicato. De las 147 alertas atendidas por este servicio, 75 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Respecto a su distribución por los diferentes niveles de enseñanza, 12 casos fueron en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.
ANPE señala que el Gobierno canario asume este problema «pese a haber minimizado esta lacra en este curso», al iniciar el borrador para una norma de atención al profesorado agredido donde se refleje la atención psicológica y la defensa jurídica de estos casos. “Aunque hemos avanzado, seguimos a día de hoy abordando con nuestros medios este tipo de situaciones que debería asumir la Consejería», apostilla el dirigente sindical.
