PLANETA CANARIO
Personal laboral temporal o funcionario interino de la Comunidad Autónoma ha protagonizado este jueves 30 de julio una concentración de protesta en Santa Cruz de Tenerife, con la debida distancia de seguridad por el Covid-19, contra la oferta pública de empleo (OPE) que prepara el Gobierno de Canarias para reducir la temporalidad de 1.500 plazas de su plantilla.
«La OPE se hace no para reducir nuestra temporalidad, sino la temporalidad en abstracto, desligada de nosotros (de ahí nuestros lema: ‘Somos personas, no plazas»)», afirman portavoces de las personas afectadas.
La medida cuenta con el rechazo de los sindicatos Intersindical Canaria, Sepca y Cobas, uno de cuyos delegados, Miguel Quintero, ha explicado que son 3.000 personas las afectadas por esta decisión, el 90% personal de larga temporalidad y el resto funcionarios interinos. Una parte tiene ya 16 años de antigüedad y otros 11 años en la Adminsitración autonómica, y en torno a 200 tienen más de 60 años.
Entre los funcionarios interinos, la media de edad es de 56 años y 27 años de antigüedad. En cuanto al personal laboral, hay 1.570 personas contratadas después de 2005, con una media de edad de casi 51 años y más de 11 años de antigüedad en su puesto de trabajo, y otro grupo de 800 contratado antes de 2005 con una media de edad de casi 52 años y más de 18 de antigüedad.
Este acto de protesta tuvo lugar en la plaza de El Cabo, en la trasera del Edificio de Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife.
Se quejan los manifestantes de que la Dirección General de la Función Pública pretende convocar oposiciones para cubrir todos estos puestos sin negociación alguna con el colectivo afectado, que deberá optar a esas oposiciones como unos aspirantes más, cuando un alto porcentaje, aseguran, ya pasó por procesos selectivos y llevan muchos años en sus puestos.
En las actuales circunstancias, se espera un aluvión de demandas laborales contra el Gobierno canario, para pedir en ese caso la readmisión por los derechos vulnerados o indemnizaciones económicas.
Quintero, que es delegado sindical en la Consejería de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, reconoce que en estos 20 últimos años la Administración canaria ha ido cubriendo necesidades de servicios de manera en ocasiones no legal, lo que ha llevado a algunos empleados públicos a ganar por sentencia su reconocimiento como indefinidos.
El delegado del Sepca expone que en 2017 el entonces ministro del PP Cristóbal Montoro firmó un acuerdo con UGT , CC.OO y SCIF en el ámbito estatal para resolver este problema de la temporalidad en la Administración Pública, que le ha acarreado a España sanciones por parte del Tribunal Europeo.
“Un acuerdo que el Gobierno canario actual ha hecho suya pese a que no fue consensuada con los sindicatos autonómicos”, pero que, a su juicio, “machaca a los trabajadores, cuando hay otras formas de afrontar el problema, echando mano del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Según el representante del Sepca, «la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció es que los acuerdos de 2017 no eran la fórmula adecuada para resolver el problema ni por supuesto para sancionar a la Administración, dejando en manos de los tribunales españoles la forma de hacerlo, caso por caso, en tanto no hubiera una norma reformada que resolviera el problema».
«El Tribunal Europeo dictaminaba en su sentencia de marzo que la Administración Pública española debía ser sancionada, pero lo que hace ésta es sancionar al trabajador afectado, cuyo derecho a la estabilidad ha sido completamente atropellado durante decadas», prosigue Quintero.
Las personas afectadas prevén que esta OPE «llevará al conflicto social y una gran litigiosidad, lo que cronificará el problema a largo plazo, producirá desamparo por despido a quienes no superen el nuevo proceso selectivo y un gasto público innecesario».
Sobre este último efecto, los afectados recuerdan que el Tribunal Supremo dictó en 2019 una sentencia según la cual «los laborales indefinidos que cesen por la cobertura de la plaza vacante tienen derecho a una indemnización de 20 días de año trabajado que sería de 33 si su contrato es anterior a 2012.
Este diario trata de ofrecer la versión del Gobierno canario sobre este asunto, la cual no ha sido posible recabar en el momento de publicar esta información.
