VICENTE PÉREZ
El pleno del Cabildo de Tenerife volverá a tratar este viernes 1 de agosto una iniciativa de la oposición para intentar que el presupuesto insular invierta en la depuración de aguas residuales en El Rosario, después de que el gobierno insular (PSOE-Ciudadanos) decidiera no ayudar a afrontar de raíz la emergencia del grave vertido que llegó al mar entre diciembre y enero pasados por la rotura de un pozo debido a una derivación ilegal de aguas negras del polígono industrial de La Campana realizada bajo la autopista del Sur en tiempos en que los socialistas gobernaban este municipio.
La iniciativa la lleva al pleno CC-PNC, como enmienda a una modificación de crédito, y una vez más la consejera de Sí se puede (SSP), Ruth Acosta, integrada en la alianza de Sí Podemos, será clave para decantar la votación, junto con el PP, del que cabe esperar que vote a favor. Y ello es así en coherencia con que el PP promovió en un pleno municipal celebrado en junio pasado una moción en la que se pide al Cabildo que financie la estación depuradora de aguas industriales (EDARI) prevista, acuerdo que salió adelante por unanimidad en el consistorio, al concitar el apoyo de IR-Verdes,SSP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
En febrero el gobierno insular ya sufrió una derrota con este asunto, pues CC-PNC, PP y SSP aprobaron en el pleno del Cabildo financiar cuanto antes esta instalación. En aquella votación Podemos se desmarcó de su compañera de grupo y votó en contra.
Pero ha que tener en cuenta que en El Rosario lleva el área de medio ambiente SSP, y que existen denuncias en Fiscalía contra el Ayuntamiento por un asunto cuyo origen está en la gestión del propio PSOE en El Rosario y que el actual gobierno (Ir-Verdes-Si se puede) ha tenido que resolver por su cuenta a pesar de que en el pasado mandato el Cabildo se había comprometido a hacer la depuradora.
El asunto se ha enturbiado tanto que el propio consejero insular de Transición Ecológica, Javier Rodríguez (PSOE) cuando surgió la polémica con El Rosario en medio de los vertidos por la rotura del pozo y playas cerradas por Salud Pública, llegó a firmar a PLANETA CANARIO que esta depuradora era municipal y el Cabido no tenía por qué invertir en esa obra, ni creía que se hubiera hecho ningún trámite en ese sentido.
Pero el alcalde rosariero, Escolástico Gil, demostró posteriormente con documentos que lo que decía el consejero no era cierto. Tal es así que el proyecto de la instalación, encargado por el Cabildo, pone claramente que es comarcal, y no hay que olvidar que en 2018, a petición del Consejo Insular de Aguas, el Ayuntamiento le cedió un suelo valorado en más de 2 millones de euros para que el institución insular construyera la depuradora. Javier Rodríguez, sorprendentemente, no ha corregido sus manifestaciones de entonces, pese a la evidencia de que sus palabras no se correspondían con la realidad.
Lo cierto es que cuando este asunto ya lo tenían encaminado el Cabildo y el Ayuntamiento en el pasado mandato, cuando el gobierno insular era PSOE-CC, a finales del pasado año se produjo la rotura del pozo en Costanera y el consistorio, desbordado por una situación de gran complejidad administrativa y logística y que requería urgencia, pidió amparo a la institución insular. Y no lo encontró, a juzgar por las quejas que en tal sentido ha expresado públicamente el alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes).
Por ello, y en vista de que el gobierno insular daba marcha atrás a todo lo andado anteriormente, a pesar de la gravedad de los vretidos, el Ayuntamiento ha tenido que invertir ya 2,6 millones de euros para resolver el problema con una depuradora más pequeña que no era la que estaba prevista, porque la planificada en el mandato pasado cubre también parte del municipio vecino.
Ese dinero incluye una obra urgente en la urbanización de Costanera para gestión de las aguas residuales, por valor de 334.00 euros y la friolera de 400.000 euros en camiones cuba para trasladar temporalmente las aguas negras de dicha urbanización y del polígono industrial de La Campana.
Este gasto es clave, porque si el Consistorio hubiera esperado por el Cabildo, y pese a que lo que se había tramitado es una depuradora comarcal, el coste de este trasiego en camiones durante muchos meses hubiera sido tan oneroso que hubiera puesto en serios apuros a las arcas publicas. De hecho, el Ayuntamiento ya ha tenido que cambiar sus prioridades de inversión para resolver un problema que, fuentes de IR-Verdes, remarcan que es heredado del PSOE, el mismo que ahora le escamotea ayuda desde el Cabildo.
Para culminar este proceso administrativo en tiempo récord, el Consistorio rosariero ha adjudicado por procedimiento de emergencia una depuradora en el polígono, por valor de 2 millones de euros, compatible con la que un día el Cabildo pudiera hacer si el gobierno insular decide costearla.
La realidad es que mientras el Ayuntamiento se apresuraba a todos estos trámites y obras, el Cabildo, que primero dijo que la EDARI no era comarcal y luego se vio desmentido claramente por el Consistorio, ha seguido adelante con la tramitación del proyecto de esta infraestructura, pues hace unas semanas se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el informe de impacto ambiental de la «EDARI del polígono industrial de San Isidro-La Campana y El Chorrillo Industrial», este último una zona de Santa Cruz, lo que demuestra, una vez más, el carácter comarcal que el gobierno insular llegó a negar.
Ni el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ni el consejero de Transición Ecológica han rechazado expresamente cofinanciar la obra, pero en ningún caso le han dado prioridad, por lo que no se sabe si en 2021 será incluida en el presupuesto insular y con qué cantidad. Fuentes del gobierno municipal recuerdan que no ha habido ni un euro para este municipio en el reciente convenio firmado entre la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para la ejecución y explotación de diversas actuaciones de mejora del saneamiento y depuración de las aguas residuales en la Isla de Tenerife por un importe 170 millones de euros.
