VICENTE PÉREZ
La asociación Salvar La Tejita tomará todas las nuevas iniciativas que fueran necesarias para que no se ejecute el proyecto del hotel previsto junto a la playa de igual nombre en Granadilla de Abona. Si hasta ahora han acudido a la vía penal, en defensa de la integridad y al correcta preservación del dominio público marítimo terrestre y su zona de servidumbre, este colectivo ecologista afirma que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, está dispuesto a acudir también a la jurisdicción contencioso administrativa en este asunto, con solicitud de medidas cautelares, de manera que serían los tribunales de Justicia, y no el Ministerio de Medio Ambiente, el que finalmente decidiría si se paran todas las obras.
El recurso contencioso administrativo implicaría presentar una fianza, que los ecologistas tratarían de recaudar entre los miembros y simpatizantes de esta causa medioambientalista.
Las obras en las últimas semanas han continuado pero fuera de la zona susceptible de ser nuevo dominio público, aunque cabe subrayar que el Servicio Provincial de Costas requirió a la empresa a mediados su suspensión «inmediata y total». El requerimiento, según explica esta asociación, lo ha aplicado Costas solo a la franja propuesta como de dominio público, pero no a la zona de servidumbre. Sin embargo, en Salvar La Tejita reparan en que el artículo 12.5 Ley de Costas establece que se deben suspender las actividades en toda la zona afectada por un nuevo deslinde en tanto en cuanto no se resuelva el expediente.
Según indicaron los ecologistas a finales de junio en rueda de prensa, «la empresa llegó a un acuerdo verbal con Costas comprometiéndose a no meter las palas en la zona afectada mientras dure la revisión del deslinde».
Posted by Daniel Duque Funes on Tuesday, 16 July 2019
Pero al malestar en el seno del movimiento ecologista crece con el paso de los días pues consideran insuficientes las medidas oficiales que se han adoptado hasta ahora: «El atentado ecológico continúa. La impunidad es evidente. Mientras unas y otras administraciones miran para otro lado, la constructora sigue machacando la parcela con una velocidad jamás vista en otras obras», afirmó en Facebook este martes Daniel Duque, uno de los portavoces de la asociación Salvar La Tejita en el grupo de Facebook de este colectivo.
Hay que recordar que el asunto está denunciado desde finales de mayo en la Fiscalía por Podemos, cuando Salvar La Tejita y ATAN advertían públicamente de que con un deslinde nuevo en tramitación se habían iniciado las obras en la parcela, sin que tampoco Costas las hubiera mandado a parar; todo lo cual está prohibido por la ley. Está por ver si ahora Podemos, que es parte del Gobierno canario, toma nuevas iniciativas, incluida la de asumir el coste económico de la vía contencioso administrativa, que por el momento no puede soportar la asociacion Salvar La Tejita.
La empresa, el grupo gallego Viqueira, alegaba que tenía todos los permisos y autorizaciones de todas las Administraciones Públicas para iniciar la ejecución del proyecto… con el deslinde anterior; al tiempo que avisaba de que denunciaría vía judicial a quienes intentaran impedirlo in situ.
Posteriormente, ya en junio, y una vez que Costas sí intervino para requerir la suspensión «inmediata y total» de los trabajos. Salvar La Tejita denunció en el Juzgado el incumplimiento de la orden oficial y los destrozos medioambientales causados.
A día de hoy la asociación se pregunta cómo es posible que si la resolución del Servicio Provincial de Costas era taxativa, e incluía tanto la suspensión «total» de las obras como «la reposición del terreno a su estado anterior» en el plazo de cinco días, la promotora presuntamente haya incumplido esta obligación de reparar el daño causado al probable nuevo dominio público.
Los ecologistas han denunciado ante el Juzgado de Granadilla que, después de que dicho Servicio Provincial diera la orden a mediados de junio a la promotora del hotel, lejos de acatar» el mandato, «inició actuaciones para incumplirla ostensiblemente dando inmediatamente órdenes a operarios con palas mecánicas para realizar obras de transformación del terreno mediante excavaciones, extracciones y aterramientos justo en la zona a los que se le habían requerido para la paralización, dañando de manera consciente el sistema natural dunar existente en la zona y que forma parte del dominio público marítimo terrestre al ser necesario para la estabilidad de las playa».
«Destrozos en el morro natural de basalto»
Estos destrozos, señalan los denunciantes, «atacan el objetivo que persigue la Administración previsto en el artículo 2 de la Ley de Costas cual es determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático».
«Ya se ha destrozado parte del morro natural de basalto que cierra la playa por el sur y la separa de otra playa, el Chorrillo o Sotavento; una punta rocosa que cierra la Reserva Natural y es parte de ese conjunto o inidad paisajística y ecológica», señalan fuentes de la asociación ciudadana, quienes enfatizan que «la costa no termina donde termina la arena, que, además no acaba en esa punta porque el viento la lleva en dunas hasta Sotavento».
«Esta obviedad», subrayan desde el colectivo medioambientalista, «tendrá que ser resuelta ante los Juzgados, ya que por alguna absurda razón, Costas, que mantiene 100 metros de servidumbre de protección costera, en este punto, casualmente, quiere reducirlo a 20 metros, justo en uno de los lugares más sensibles y que menos merecería ningún tipo de reducción, sino ampliación en todo caso».
A la espera de resoluciones administrativas y judiciales
Por el momento se desconoce si el Ministerio va a imponer o no sanciones a la empresa por presunto incumplimiento de la resolución de parar las obras, aunque finalmente las paralizó en la zona indicada por Costas, y restablecer a su estado original lo dañado, algo que no ha hecho.
Y está por ver también si tanto el Juzgado y la Fiscalía, caso de abrir diligencias por las respectivas denuncias de Salvar La Tejita y Podemos, ven o no correcta la actuación no ya de la promotora gallega, sino incluso del Servicio Provincial de Costas y del Ayuntamiento, en todo este proceso.
Y es que para los ecologistas el foco está puesto no solo en el grupo inmobiliario, sino en los organismos públicos que han intervenido en los expedientes que tienen que ver con esas parcelas del litoral granadillero junto a La Tejita, entre la urbanización Costabella y la punta de Bocinergro.
El Plan General y el silencio del Ayuntamiento
Los detractores de este proyecto miran por ello también con lupa al pasado lejano, es decir, el proceso de elaboración del último Plan General de Ordenación (PGO) de Granadilla, pues para esta zona costera, Costabella, se firmó un convenio urbanístico para cambiar la ordenación anterior de ese sector a principios de la primera década del siglo, consistente en destinar a uso hotelero dos parecelas, justo las que dan a primera línea de la playa de La Tejita, y modificar el emplazamiento incial de las zonas verdes.
En ese sentido, llama la atención que el Ayuntamiento (por donde han pasado gobiernos liderados por el PSOE y CC-PP, en los últimos dos mandatos), pese a una manifestación con unas 500 personas y la decisión de Costas de paralizar los trabajos, no haya querido hacer declaraciones en estos meses de polémica, más allá de informar a los periodistas de que la licencia de obras para el hotel se ajusta al Plan General vigente y al deslinde público marítimo terrestre que había hasta ahora.
El grupo Viqueira, en efecto, había obtenido todos los parabienes administrativos para ejecutar el hotel de lujo frente a La Tejita y Montaña Roja, un espacio natural protegido con una de las categorías de protección más restrictivas, por su alto valor, la de Reserva Natural Especial. Y, salvo resolución que no haya trascendido, el gobierno municipal CC-PP no cuestionó, si quiera como medida cautelar, la vigencia de la licencia de obras por el expediente de revisión del nuevo deslinde.
Reserva Natural y suelo urbanizable: una frontera político-administrativa
En este punto del municipio la colisión de intereses es, por tanto tremenda: la delicada línea en la que comienza el suelo urbanizable y empieza el espacio protegido ha sido hasta ahora una decisión político administrativa. Pero la Asociación La Tejita ha pretendido demostrar que es la naturaleza por si sola la que deja claro, cuanto menos, adónde debe llegar el domino público, que debe reflejar adonde llega o puede llegar el ecosistema dunar de la zona sin la interposición de obstáculos introducidos por la mano humana. Y es, con informes técnicos que así lo argumentan, con lo que han logrado, por el momento, darle la vuelta a esta compleja historia.
La cuestión clave es también por qué si el deslinde vigente no se ajustaba a la realidad de la dinámica de las arena, Costas lo aprobó así en su día. Solo a iniciativa de los ecologistas (las asociaciones Salvar La Tejita y ATAN) pidiendo, de forma motivada, una revisión de este deslinde, el Ministerio ha aceptado esta vez tramitarla y ha dado la razón, de modo inicial y a falta de la resolución definitiva del expediente, a quienes defienden que el suelo urbanizable en realidad debía ser más atrás de lo que se había establecido.
Con el nuevo deslinde, podría ocurrir que el proyecto del hotel tendría que ser replanteado, porque la superficie edificable quedaría reducida a la zona más próxima al viario actual. Eso podría además suponer que la promotora pidiera indemnizaciones por la reducción de aprovechamientos.
