VICENTE PÉREZ
La Asociación Salvar La Tejita ha detectado supuestas «irregularidades» en el expediente administrativo con el que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona otorgó licencia de obras a una promotora gallega para construir el polémico hotel de lujo en primera línea de playa, junto al espacio natural protegido de Montaña Roja, declarada reserva natural especial.
Tras poder finalmente consultar la documentación obrante en el Ayuntamiento tinerfeño, este colectivo ecologista asegura que existen «indicios contundentes» de que se dio la licencia sin que el proyecto básico cumpliera si quiera con la normativa en vigor sobre tratamiento y vertido de aguas residuales urbanas. «Es decir, no ha cumplido con su responsabilidad legal acerca de una directiva europea en vigor desde el año 2006, permitiendo el posible riesgo de la salud pública y el medio ambiente», argumenta Salvar La Tejita, que tiene denunciado este asunto en vía penal y en lo contencioso-administrativo, mientras continúan las obras pese a aún no hay resolución definitiva del nuevo deslinde público marítimo terrestre de ese litoral.
En el proyecto básico del hotel, que es la base del expediente de licencia de la obra, se afirma que «la red de saneamiento que deberá garantizar el vertido final de las aguas residuales a una estación depuradora» será «la red existente”, y se menciona como norma de obligado cumplimiento una resolución sobre depuradoras y vertidos de aguas negras publicada en el Boletín Oficial de España (BOE) en junio de 1969. Los ecologistas advierten de que esta regulación es muy antigua y está desfasada, y que «claramente fue sustituida en 1991 por la Directiva 91/271».
Para que la construcción del hotel cumpliera con la normativa en vigor, había dos opciones: que el proyecto del hotel incluyera su propia planta de depuración y saneamiento adecuada, o que la Administración Pública garantizara la existencia de ese servicio antes de la apertura de este establecimiento turístico. Pero subraya Salvar La Tejita que «actualmente no hay ningún sistema de depuración en la zona, ni ningún concurso público para su construcción».
Los ecologistas observan además «muchos errores» en el proyecto básico del hotel, entregado por el arquitecto que lo redactó al Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), y que fue visado el 13 de enero de 2016. Algunos errores son «tan serios», sostienen, «que nunca debió ser visado por el COAC ni aprobado por los técnicos del Ayuntamiento de Granadilla.
Detalla la asociación que el proyecto básico incluye 41 normativas de Galicia, pero no de Canarias, y que algunas de las que menciona estás escritas en gallego», cuando es obligatorio que en estos casos se incluya su traducción, por lo que a los denunciantes les parece «evidente que el proyecto no ha sido visado cumpliendo las normas vigentes, y es muy irregular que los técnicos del Ayuntamiento lo hayan aprobado con tantos errores muy evidentes y claros».
Otro presunta anomalía que detecta este colectivo es que la declaración responsable sobre el cumplimiento de la Ley de Costas está firmada por el arquitecto del proyecto y no por administradores de la empresa promotora, «que es la que tiene la responsabilidad legal, y, en el expediente de la licencia de la obra, no aparece la documentación que así lo acredita para su ejercicio».
A la espera del deslinde definitivo… con críticas al Gobierno canario
Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) lograron que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, organismo estatal, revisara el deslinde público junto a la parcela del hotel, y la propuesta provisional va más atrás del que estaba vigente, por la dinámica de la arena, al igual que su servidumbre, que se ha fijado en 20 metros pero los ecologistas reclaman que sean en 100 metros de anchura, alegando que no era suelo urbano ni estaba el plan parcial ejecutado en su totalidad cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988.
Un escrito del Gobierno canario firmado por el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial, el socialista José Antonio Valbuena, vino a dar la razón a los ecologistas, por lo que la decisión está en manos de Costas, que en su propuesta inicial fijó esta franja en 100 metros y luego la recortó. Y estaban previstas nuevas gestiones e informes del departamento de Valbuena.
Pero Salvar La Tejita -que no ha logrado que se paralicen las obras de forma cautelar- a día de hoy no tiene noticia alguna al respecto, y por eso entienden que «lo que fue una declaración de intenciones muy comprometida del Gobierno canario con hacer cumplir la legalidad ahora mismo son palabras mojadas». Las críticas de este grupo ecologista incluyen también a Podemos, cuyo grupo parlamentario llevó este asunto a la Fiscalía y ahora que forma parte del Gobierno canario creen que no ha hecho las gestiones pertinentes para exigir que se paren hasta que esté resuelto el nuevo deslinde y su servidumbre de protección.
