VICENTE PÉREZ
El exteniente Luis González Segura, que se hizo conocido por sus denuncias de casos de corrupción en el seno del Ejército español, del que fue expulsado en 2015, se encuentra en Tenerife para presentar un nuevo libro que no va a gustar a los militares, como ya ocurriera con el primero, que se tituló Un paso al frente.
Sus denuncias fueron archivadas por la justicia militar, que es donde único se pueden dirimir, y en esta ocasión viene a Canarias a presentar En la guarida de la bestia, en el que describe la situación de la mujer en las Fuerzas Armas, y, en especial, la «impunidad» o insuficiente castigo en que a su juicio quedan muchos casos de acoso, violaciones y violencia machista contra las militares. Con este libro quiere propiciar un «imprescindible cambio».
Este miércoles, a las 19:00 horas, da una charla en la sede de Izquierda Unida Canaria (IUC) en la capital tinerfeña, ubicada en la avenida de Islas Canarias, 87, a medio camino entre las paradas del tranvía situadas en Cruz del Señor y Puente de Zurita.
Y este cambio, a su juicio, pasa por que, como asegura que ya ocurre en todos los países europeos, las denuncias por estos delitos las instruya la justicia ordinaria, y no en tribunales del propio Ejército, como pasa en España.
«Los delitos que no sean de naturaleza militar, como pasa en todos los países europeos, deberían juzgarlos jueces civiles», defiende González Segura en declaraciones hechas este jueves a PLANETA CANARIO, antes de su conferencia en Santa Cruz de Tenerife.
Apostilla el exteniente que «el único país donde no es así, en Reino Unido, tienen un tribunal con otras características, compuesto por civiles sin relación con el mundo militar, ni son ascendidos ni promovidos por la cúpula militar, con lo que en ese caso se cumplan los estándares internacionales mínimos de independencia e imparcialidad».
En su libro, tras exponer una serie de casos de acoso a mujeres en las Fuerzas Armadas, extrae conclusiones en forma de patrones y estadísticas, con datos que a su juicio resultan «muy reveladores»: «un número de denuncias y de condenas muy bajo, una clara tendencia a proteger a los denunciados y expulsar a las denunciantes, una ausencia de control político y una falta de interés mediático».
El exmilitar cree por ello «injustificado que siga existiendo una justicia exclusiva para militares, pues para ello es un privilegio, ya que es un frontal ataque al derecho». Enfatiza que «cuando una mujer sufre acoso sexual en el Ejército y acude a la Justicia militar, las probabilidades de condena son muy bajas, y de conseguirlo, las penas son reducidas», en comparación con la Justicia civil.
Además, se queja de que «cuando los militares condenados cumplen su pena, siguen en las Fuerzas Armadas, y esto es algo que en la sociedad civil no ocurre». Así, llama la atención sobre el hecho de que «por desgracia, en España hay una clara diferencia en cuanto a las consecuencias que tienen un mismo delito en función de si es un militar el que lo comete o no, y en función de si se produce dentro o fuera de los cuarteles».
