PLANETA CANARIO
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife expresa su «enérgica» protesta porque consideran que el Gobierno canario no ha tenido en cuenta sus recomendaciones y aportaciones al anteproyecto de ley para la regulación de la vivienda vacacional, que el Ejecutivo regional quiere convertir en proyecto de ley en octubre.
«Lamentamos profundamente que se siga actuando de espaldas a los profesionales que, desde nuestra posición, tenemos un conocimiento directo y claro de la problemática que afecta tanto a la convivencia entre propietarios como a la oferta de viviendas en alquiler», asegura esta entidad colegial.
Y añade que «es inaceptable que la propuesta del Ejecutivo se limite a cargar la responsabilidad de la escasez de viviendas en el mercado de alquiler a los propietarios privados, cuando es evidente que la causa de este problema recae en la inacción y el sesgo político de las Administraciones públicas».
Los administradores de fincas ven «preocupante que no se esté legislando para buscar un equilibrio en la convivencia entre las viviendas vacacionales y las residenciales».
Una falta de regulación que, para este colegio profesional, «está generando conflictos en las comunidades de propietarios, sin que se les otorguen herramientas suficientes para poder gestionarlos».
Pôr ello, consideran fundamental dotar a los administradores de fincas y a las autoridades competentes de los mecanismos necesarios para controlar y, si es preciso, eliminar aquellas actividades de alquiler vacacional que perjudiquen la convivencia y alteren el bienestar de los vecinos.
LA OKUPACIÓN
Además, señala el Colegio de Administradores de Fincas que «la falta de seguridad jurídica, derivada de la proliferación de inquiokupas y okupas, ha retraído considerablemente la oferta de viviendas disponibles para alquileres a largo plazo».
Defiende por ello que es esencial modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios que alquilan sus viviendas.
MÁS VIVIENDAS SOCIALES
Además, pide al Gobierno canario que asuma su obligación de construir viviendas sociales y desbloquear las licencias de obra nueva, «ya que la excesiva burocracia y la falta de acción son las verdaderas culpables de que no se construyan las viviendas que tanto se necesitan».
«Nos encontramos ante una situación vergonzosa en la que la lentitud de los procesos administrativos está afectando directamente a la creación de nuevas viviendas», protestan los administradores de fincas.
Por último, reiteran que «no es responsabilidad de los propietarios la falta de viviendas en el mercado de alquiler a largo plazo, sino de una Administración pública que ha fallado en gestionar adecuadamente los recursos disponibles y en fomentar políticas efectivas para la promoción de la vivienda».
