PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a los tribunales la orden del Gobierno de España que obliga a retirar del espacio público el denominado que el consistorio denomina Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco.
La razón es que el gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, confía en que la obra pueda ser conservada en su emplazamiento mediante su protección en el nuevo catálogo de patrimonio cultural que tramita el consistorio en el ámbito de sus competencias.
Según adelantó a la SER el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha ordenado a los servicios jurídicos municipales que preparen un recurso contencioso-administrativo contra la resolución estatal, después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desestimara el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento.
La instrucción da vía libre a las áreas municipales de Cultura y Patrimonio para que, en coordinación con la Asesoría Jurídica, impulsen el procedimiento judicial. El objetivo es frenar la retirada mientras la Gerencia de Urbanismo tramita la posible incorporación de la escultura de Juan de Ávalos al Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales.
La Ley de Memoria Democrática obliga a las administraciones públicas a retirar los elementos situados en el espacio público que exalten la sublevación militar de 1936, la dictadura franquista o a sus dirigentes. Sin embargo, su artículo 35.6 establece una excepción cuando existan razones artísticas o arquitectónicas protegidas como bienes de interés cultural.
El Ayuntamiento pretende acogerse a esa excepción. Aunque el Gobierno de Canarias descartó la declaración de la obra con la categoría máxima, la de Bien de Interés Cultural, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico considera que podría recibir otra categoría de protección a través del catálogo municipal.
Bermúdez ha defendido que existen valores suficientes para conservar el conjunto escultórico y sostiene que probablemente podría quedar catalogado en menos de un año. La posición municipal es que la orden estatal debería quedar suspendida mientras se decide si la obra entra en el catálogo patrimonial de Santa Cruz.
No obstante, la mera presentación del contencioso-administrativo no paraliza automáticamente la retirada. El Ayuntamiento tendría que solicitar medidas cautelares y correspondería al órgano judicial decidir si suspende la ejecución hasta dictar sentencia.
El Gobierno estatal no ordena destruirlo, sino retirarlo
La resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, firmada el 29 de junio de 2026, incluyó el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Exige retirarla del espacio público y trasladarla a una dependencia pública para su depósito y custodia, sin que pueda permanecer expuesta. El plazo comunicado al Ayuntamiento concluye el 10 de febrero de 2027.
El Estado fundamenta su decisión en el informe definitivo y vinculante de la Comisión Técnica sobre Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. El órgano examinó los estudios aportados por el Ayuntamiento, entre ellos los elaborados por la Fundación CICOP, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y el Organismo Autónomo de Cultura.
La comisión reconoce que el conjunto presenta determinados valores artísticos, técnicos y urbanos y que Juan de Ávalos fue un autor relevante de la escultura monumental española del siglo XX. Sin embargo, concluye que esos valores no tienen entidad suficiente para justificar su permanencia en la vía pública.
La resolución ministerial sostiene que el monumento fue concebido expresamente como homenaje y exaltación de Francisco Franco. También rechaza que el paso del tiempo, su integración en el paisaje urbano o la familiaridad de parte de la ciudadanía hayan eliminado su significado original.
Para el Estado, la iconografía del conjunto, las circunstancias de su promoción y financiación y la documentación de la época vinculan inequívocamente la obra con la propaganda de la dictadura. Por ese motivo, concluye que «no concurren razones artísticas o arquitectónicas» suficientes para mantenerla en su emplazamiento.
La ARMHT tacha de «escándalo» que el Ayuntamiento recurra
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) ha reaccionado con dureza a la decisión municipal. En una nota difundida este miércoles, su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, considera «escandaloso» que se destinen nuevamente recursos de los contribuyentes a costear procedimientos judiciales para mantener el monumento en la vía pública.
La organización memorialista acusa al gobierno municipal de estar «asumiendo íntegramente la agenda ideológica y las propuestas de VOX» para proteger un vestigio que, a su juicio, vulnera la legislación de memoria democrática.
Pérez Schwartz considera que el nuevo procedimiento judicial constituye otro desplante hacia las víctimas de la dictadura. También reprocha a CC y al PP que su posición contradiga los principios que ambas formaciones respaldaron en 2018 al aprobarse la Ley de Memoria Histórica de Canarias.
La ARMHT anuncia, además, que volverá a presentar alegaciones e impugnará cualquier intento de incluir la escultura en el catálogo municipal de patrimonio. La asociación ya intervino en la fase de información pública de ese documento, en el que inicialmente no figuraba el monumento.
El colectivo sostiene que la obra fue diseñada para ensalzar el golpe de Estado de 1936 y la figura de Franco. Frente al argumento artístico esgrimido por el Ayuntamiento, reclama que Santa Cruz deje de rendir un homenaje público al dictador y sitúe en el centro a las personas que sufrieron cárcel, persecución, exilio o muerte durante el franquismo.
Pérez Schwartz critica igualmente que el Consistorio no haya respaldado propuestas para convertir Paso Alto o la Batería Militar del Barranco del Hierro en lugares de memoria. También cuestiona que no haya previsto conmemoraciones por los 90 años del asesinato del último alcalde republicano de la ciudad y por el cincuentenario de la muerte de Bartolomé García Lorenzo.
Para la presidenta de la ARMHT, financiar con dinero público la defensa judicial del monumento mientras se desatienden esas iniciativas constituye «una afrenta democrática».
