PLANETA CANARIO
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha anunciado este miércoles, 14 de octubre, que acaba de recibir una nueva sentencia contraria al Circuito del Motor de Tenerife, promovido por el Cabildo en Granadilla de Abona. Y ya van tres pronunciamientos judiciales.
Esta última resolución afecta, según el colectivo ecologista, a la pista de velocidad, la infraestructura principal del complejo deportivo, y se suma a otros dos reveses judiciales conocidos en los últimos días.
La asociación considera que estos pronunciamientos judiciales dejan sin viabilidad la infraestructura y reclama a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), que renuncie definitivamente a su construcción.
«El circuito está muerto y solo queda que Rosa Dávila lo asuma o que vaya en contra de la Ley y de la Justicia», afirma tajantemente ATAN.
La segunda resolución judicial conocida hoy con detalle (la tercera aún no la ha detallado ATAN) corresponde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el 9 de octubre, que estima el recurso de apelación interpuesto por el colectivo ecologista y anula la aprobación del proyecto modificado número 2 de la fase 2 del acceso norte al Circuito del Motor.
El fallo considera caducada la declaración de impacto ambiental (DIA) que amparaba las obras y revoca una sentencia de diciembre de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que había dado la razón al Cabildo.
Se trataba del único pronunciamiento favorable a la institución insular en los cuatro procedimientos judiciales relacionados con los distintos proyectos en los que se divide la infraestructura.
La sentencia refuerza la interpretación jurídica defendida durante años por ATAN: que el inicio formal de unas obras no puede servir para mantener indefinidamente la vigencia de una declaración ambiental cuando los trabajos apenas avanzaron y transcurrieron años sin una ejecución efectiva del proyecto.
La DIA se aprobó en 2011 y establecía su caducidad si las obras no comenzaban en el plazo de cinco años. El Cabildo defendía que los trabajos habían comenzado en agosto de 2016 y que, por tanto, la autorización continuaba vigente.
Sin embargo, el TSJC ha tenido en cuenta el escaso grado de ejecución posterior y el prolongado tiempo transcurrido desde la evaluación ambiental. La sentencia recoge un informe administrativo de 2022 que situaba el grado de ejecución global del proyecto en aproximadamente el 1,5 %.
El Supremo cerró la vía judicial sobre los graderíos
Este nuevo fallo se produce apenas una semana después de que ATAN anunciara que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso de casación presentado por el Cabildo contra otra sentencia desfavorable, esta vez relacionada con el proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables.
La providencia del Supremo, fechada el 30 de septiembre y divulgada por la asociación el 6 de octubre, rechazó el recurso por falta de fundamentación y de interés casacional, además de imponer las costas procesales al Cabildo.
Con esta decisión quedó firme la sentencia del TSJC relativa a esa actuación, que también había considerado caducada la declaración de impacto ambiental.
ATAN destacó entonces que se trataba de la primera resolución firme, sin posibilidad de recurso, de los cuatro procedimientos judiciales relacionados con el Circuito del Motor.
En cuanto a la pista de velocidad, ya existía una sentencia de primera instancia, dictada el 10 de noviembre de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que había estimado otro recurso de ATAN y anulado la aprobación definitiva del proyecto modificado de esta infraestructura. La nueva resolución notificada a la asociación se añade, por tanto, a un litigio judicial anterior.
En sus dos comunicados de octubre, ATAN dirige duras críticas tanto al actual gobierno insular, presidido por Rosa Dávila, como al anterior, encabezado por el socialista Pedro Martín.
El colectivo sostiene que ambos ejecutivos mantuvieron el proyecto pese a las advertencias sobre su falta de cobertura ambiental y las sucesivas resoluciones judiciales desfavorables.
«Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía», afirma ATAN, que recuerda sus alegaciones de 2022, las advertencias de técnicos de la propia institución y la intervención del Defensor del Pueblo en enero de 2024.
Según la asociación, esta última institución ya había advertido de que el acta de replanteo de 2016 podía constituir un mero trámite para evitar que caducara la declaración de impacto ambiental. «No es una equivocación, es una estrategia deliberada de desprecio a la legalidad», sostiene ATAN, que denuncia el deterioro ambiental ocasionado en un tabaibal del sur de Tenerife y el gasto de millones de euros públicos en las actuaciones.
«¿Por qué no ha paralizado las obras pese a las sentencias? ¿Por qué sigue gastando millones de dinero público tan necesarios para otras cuestiones ambientales o sociales?», plantea el colectivo. ATAN exige la paralización inmediata de todas las obras, la cancelación del proyecto, la restauración de los terrenos afectados y la depuración de las responsabilidades políticas y legales que pudieran corresponder.
Rosa Dávila reconoce el revés judicial, pero insiste en construir el circuito
Frente a las exigencias de ATAN, el Cabildo de Tenerife mantiene su intención de culminar el proyecto, aunque ha anunciado un cambio de estrategia tras las últimas resoluciones judiciales.
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha reconocido este miércoles el «revés» judicial y ha comunicado que el Cabildo no presentará nuevos recursos de casación y desistirá de los que ya haya interpuesto en relación con estos procedimientos.
Sin embargo, ha defendido la continuidad del Circuito del Motor mediante la tramitación de una nueva declaración de impacto ambiental.
«Creo que las cosas hay que hacerlas bien», ha señalado Dávila durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular.
La presidenta ha atribuido la situación jurídica del proyecto a una «chapuza» del anterior gobierno de Pedro Martín, al que reprocha haber mantenido la vigencia de una declaración ambiental aprobada en 2011 basándose en los movimientos de tierra realizados en 2016.
Dávila sostiene que el Programa de Actuación Territorial, aprobado en 2005 y que ampara urbanísticamente la infraestructura, mantiene su vigencia indefinida.
Esta distinción es relevante: las resoluciones judiciales cuestionan la validez de la cobertura ambiental de las obras, pero no han anulado el instrumento territorial que contempla la construcción del circuito.
El Cabildo ha encargado a sus servicios jurídicos que analicen las consecuencias de la última sentencia, especialmente si obliga a suspender el contrato de obras.
En su defensa de la infraestructura, Dávila ha insistido en la necesidad de disponer de instalaciones deportivas para los aficionados al automovilismo y al motociclismo. El gobierno insular considera que el circuito responde a una demanda histórica del sector y permitiría desarrollar estas actividades en condiciones de mayor seguridad que en las carreteras abiertas al tráfico.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ya había defendido la semana pasada que el Circuito del Motor se terminaría pese a las resoluciones judiciales y había calificado los recursos de «maniobras absolutamente dilatorias».
Tras la providencia del Supremo sobre los graderíos, el Cabildo anunció la suspensión parcial y provisional del contrato correspondiente a las explanaciones e instalaciones desmontables, pero no la cancelación del conjunto del proyecto.
La controversia judicial afecta a una infraestructura proyectada desde hace más de tres décadas en la zona de Atogo, próxima al aeropuerto Tenerife Sur. Su construcción fue adjudicada durante el actual mandato a la unión temporal de empresas Sacyr-Bahillo, con un contrato de primera fase de unos 44 millones de euros.
