VICENTE PÉREZ
El consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, sostiene que «el gran reto de la Isla es ahora reducir la cultura del pozo negro, pues la depuración de las aguas residuales, que era el gran problema hasta ahora, ya está en vías de solucionarse en unos años, con las depuradoras que, en diferente fase de tramitación, tiene planificadas el Consejo Insular de Aguas (CIATF)».
Martínez aprovechó unas jornadas con motivo del Día Mundial del Agua que organiza el CIATF en la estación depuradora comarcal de Valle de Guerra (La Laguna) para advertir de que la polémica Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, aún de corta vida pues está en vigor desde 2017, «incumple la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, ya que en Canarias se permiten las fosas sépticas» en un solar, mientras que la normativa comunitaria «sólo habla de núcleos urbanos de menos de 2.000 habitantes y equivalentes, y en los que también se exige que tengan su sistema de depuración». «La Ley del Suelo buscó una salida a este problema, pero a mi juicio no cumple con la Directiva», apostilló.
El consejero puso de relieve que para resolver este problema y construir redes de alcantarillados se necesitan, como ya ha venido previniendo, «mil millones de euros». El problema es especialmente grave en el Norte de la Isla, «donde se desarrolló el fenómeno de la autoconstrucción y no existen esas infraestructuras de saneamiento».
«Estamos vertiendo al subsuelo cantidades enormes de aguas negras, que es la que bebemos; y no nos olvidemos del acuífero, aunque esté a 500 metros de profundidad y que cada vez tienes menos calidad y cantidad»
«No hay veto del Cabildo a las depuradoras ecológicas»
En cuanto a la controversia entre depuradoras de las llamadas industriales o intensivas, y las naturales, ecológicas o extensivas (por la que se decantan ayuntamientos, movimientos vecinales y políticos de la Isla Baja y Acentejo), afirmó que desde el Cabildo «no se está vetando» este segundo sistema, pero subrayó que «ya existe un Plan HIdrológico que establece un modelo, que ya cuenta con inversiones para su aplicación, y si queremos cambiarlo es preciso cambiar el marco normativo».
En todo caso, observó que no se puede obviar la necesidad de ejecutar los proyectos de nuevas depuradoras ya tramitados para evitar vertidos al mar sin el tratamiento que exige la normativa comunitaria, cuyos plazos de cumplimiento ya están desbordados desde 2005. «Estamos incumpliendo la Directiva de 1991, nos están imponiendo sanciones de 800.000 euros cada seis meses solo hasta que no entre en funcionamiento la depuradora y colectores en el Valle de de Güímar, y hay casos penales, porque esto es un delito, y nos arriesgamos a penas de cárcel».
Por ello, opinó que, con ocasión del Plan Hidrológico del tercer ciclo que se empezará a debatir y elaborar dentro de poco tiempo, se pude analizar las necesidades de cada aglomeración urbana y decidir si con depuradoras ecológicas para las poblaciones de pequeño tamaño es posible cumplir con la normativa, aunque lo ve difícil para las medianas y grandes zonas urbanas de la Isla. «Pero no podemos renunciar a las depuradoras ya previstas, porque nos exponemos a más sanciones de la Unión Europea que se pagan con dinero de todos los ciudadanos».
Con respecto a la propiedad del agua, que en Canarias tiene un régimen de concesión administrativa hasta dentro de 20 años ya que es un bien de titularidad pública en el resto de España, el consejero cree «la única manera de implantar el agua pública es con desalación y reutilización». Y en este sentido reconoció que «el gran error» de su partido, el PSOE, a finales de los 80 y principios de los 90, fue «intentar recuperar el bien público de las galerías, ya que es un patrimonio de miles de inversores, con titularidad muy fragmentada y repartida en Tenerife, esfuerzo de muchas familias»
«Hay que construir una red de transporte de agua 100% pública»
Lanzó además otro reto para el sistema del agua en la Isla, el de que se construya una red de canales 100% pública para el abastecimiento urbano, pues el transporte del agua en Tenerife se hace «por autopistas que son privadas», y por las que circulan tanto los recursos hídricos públicos como los privados.
Asimismo, se mostró partidario de que el agua de las galerías se utilice para el riego agrícola en las medianías e igualmente que el agua depurada llegue a los agricultores «a un buen precio y de calidad», como aseguró que será la de la depuradora ampliada en Valle de Guerra. Al respecto, abogó por una política de subvenciones durante uno o dos años para incentivar que se comercialice la nueva agua depurada.
«SI no llueve, no hay alternativas en el Norte hoy en día»
Otro aspecto crucial que abordó Martínez fue el de la escasez de agua por el cambio climático. «Si no llueve, las alternativas son la desalación y la reutilización, pero en el Norte de Tenerife no existen depuradas ahora mismo, pues la de La Orotava no da para mucho, de modo que hay que buscar soluciones rápido, y los proyectos están en tramitación».
Y volvió a enfatizar un lema que ha repetido durante la celebración de este ciclo de debates y charlas que se celebra cada sábado en Valle de Guerra: «No podemos hacer política con el agua, sino del agua».
