VICENTE PÉREZ
Fernando Clavijo estuvo imputado en 2015 en una pieza separada del caso Corredor, archivada poco más de un mes antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, en que repite como candidato de CC a la presidencia del Gobierno canario, vuelve a caminar sobre el alambre, sin red temporal, investigado (palabra que ahora en terminología jurídica sustituye a imputado), a falta de tres meses para unos nuevos comicios, por presunta prevaricación en el caso Grúas, relativa a hechos acaecidos en su etapa en el Ayuntamiento lagunero.
Ha sido el propio Tribunal de Justicia de Canarias (TSCJ) el que en una nota de prensa ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna ha citado a Clavijo para que comparezca asistido de abogado el próximo 15 de marzo.
La acusación, Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Podemos, alude a supuestas irregularidades en la gestión de Clavijo en la Corporación local siendo concejal de Seguridad Ciudadana (2003-2007) y alcalde (2008-2014), según detalla el TSJC.
Con inusualmente matizada precisión, el comunicado del alto Tribunal canario explica que «la actual situación procesal del presidente canario es la de investigado a instancia de parte, es decir, sometido a diligencias previas judiciales por la acusación de una parte que lo ha denunciado. La autoridad judicial aún no ha hecho ningún pronunciamiento que comprometa su presunción de inocencia».
La Sala de lo Penal del TSJC aún debe pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por la defensa de Clavijo contra el auto que declaró competente al Juzgado lagunero en lugar de al Tribunal Superior canario, al haberse suprimido del nuevo Estatuto de Autonomía el aforamiento.
Clavijo: «Todo es una denuncia política de XTF-NC y Podemos»
En un acto público, el mandatario confirmó que en la mañana de este miércoles había recibido la citación para el 15 de marzo a las 9:30 horas, y que «como siempre» colaborará con la Justicia. «Ya he dado las explicaciones y en sede parlamentaria, y por fin podré explicar el asunto ante su señoría», manifestó el jefe del Ejecutivo regional.
A renglón seguido Clavijo repitió una vez más su leit motive desde que el principio de esta causa penal: «Todo el mundo sabe que es una denuncia política de NC y Podemos». Y añadió que «lo razonable» hubiera sido declarar como testigo, «pero al haber sido denunciado por estos partidos, iré como investigado». «Daré las oportunas explicaciones y a partir de ahí espero y deseo que se resuelva cuanto antes para que no interfiera en la vida política», apostilló.
Y es que, en efecto, su futuro político depende ahora de la Justicia, no de los electores, y, tras su declaración, desde su perspectiva quedaría menos de mes y medio de tiempo para un archivo del caso, que es el escenario que contempla CC a día de hoy, de modo que no acuda como imputado a esta contienda electoral.
Un crédito a una concesionaria de amigos suyos
Los hechos que se pretende esclarecer con este proceso penal se remontan a 2014, cuando Clavijo era alcalde de La Laguna, en el pasado mandato. Entonces concedió un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli, SL, adjudicataria del servicio municipal de grúas y empresa privada que, lastrada por las dificultades económicas -entre otras razones por el retraso en los pagos del propio Ayuntamiento-, ya había quedado en manos de un grupo de trabajadores de la misma entidad, la mayoría de ellos amigos del propio Clavijo.
Como ha constatado el fiscal del caso, Santiago Sánchez, en un escrito fechado el pasado 27 de julio, «de lo actuado se desprende que la voluntad del señor [Fernando] Clavijo era la concesión del préstamo aún sabiendo la ilegalidad de este por así habérselo advertido el interventor».
NC, PP y PSOE piden que vaya de nuevo al Parlamento
Las reacciones a esta imputación del presidente canario no se han hecho esperar. Así, Nueva Canarias (NC), el PP y el PSOE han pedido a Clavijo su comparecencia ante el Parlamento canario.
NC se pregunta si es «“ético y moral» que permanezca en su cargo a partir de ahora, y apunta que la declaración como investigado es una “decisión de los órganos judiciales”, por lo que le niega la mayor a Clavijo: «fue él quien politizó el proceso por su gestión como concejal de Seguridad y al llevarlo al Parlamento canario», ante el cual le insta a que «dé la cara» de nuevo sobre este asunto.
Al respecto, el presidente regional del PP, Asier Antona, ha dicho que Clavijo debe «esclarecer» ante la Cámara autonómica «los términos del proceso por el que está siendo investigado», al tratarse de un asunto «grave y preocupante» pues afecta a la presidencia del Gobierno.
Por su parte, el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha expresado que CC «debe cuestionarse esta nueva situación», la de «cómo resolver el problema» de presentar a las elecciones a «un candidato investigado”, algo, dijo que»no es bueno para una comunidad autónoma”.
Unid@s: «Se puso una empresa al servicio de una sigla política»
Podemos va a más allá y reclama a Clavijo que «sea valiente, dimita o se someta a una cuestión de confianza».La confluencia de este partido en La Laguna, Unid@s se puede (USP) es precisamente uno de los denunciantes del caso Grúas, cuyo portavoz municipal, Rubens Ascanio, asegura que “el regreso de la causa a La Laguna permite recuperar la investigación, que lleva paralizada desde su ingreso en el TSJC”. Insiste en que así «damos un paso real para acabar con los privilegios del aforamiento en la realidad, que es por lo que ha estado peleando Clavijo en sus recursos”.
Ascanio sostiene que las declaraciones de los trabajadores denunciantes de situaciones como el robo de piezas del depósito municipal, así como la del anterior propietario de Autogrúas Poli SL, José Padilla, “harán evidente el uso de una empresa que gestiona una actividad pública para ponerla al servicio de una sigla política”.
Clavijo ya compareció ante el Parlamento hace 5 meses
El presidente del Ejecutivo ya compareció en septiembre pasado ante la Cámara autonómica, a petición propia, y tachó entonces de «fábula» el relato de los denunciantes pues, según alegó en su descargo en aquel pleno, se trató de un préstamo «que fue devuelto en dos meses», no causó quebranto al Ayuntamiento lagunero y «permitió que la empresa siguiera prestando el servicio con total normalidad».
No aludió entonces a que empresa acabó luego en manos de un empresario que la adquirió por un simbólico euro, para asumir su deuda de 700.000 euros y con una concesión renovada sin que saliera a concurso público pese a los incumplimientos de Autogrúas Poli en la época en que la compraron a su propietario original, Luis Padilla, trabajadores con los que Clavijo tenía relaciones personales.
Incluso en aquel pleno parlamentario el exalcalde justificó que Autogrúas Poli se retrasara en el pago de las nóminas y a los proveedores y a la Seguridad Social: «Llegó la crisis, golpeó a los ciudadanos y a las empresas; se peatonalizó el casco y se creó el tranvía.»
